CONDENARON A REPRESOR DE LA MASACRE DE AVELLANEDA POR LIDERAR UNA BANDA DE SECUESTRADORES

DE LA NARCO-POLICÍA A LOS REPRESORES DE LA PROTESTA SOCIAL: SON POLICÍAS LOS QUE MANEJAN EL DELITO Y LA INSEGURIDAD

SEGUIMOS EXIGIENDO JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DE DARIO SANTILLAN Y MAXIMILIANO KOSTEKI


El ex sargento de la policía bonaerense Carlos Néstor Leiva, quien después de haber estado prófugo dos años cumplió condena por haber sido encontrado culpable de tres tentativas de homicidio en la denominada Masacre de Avellaneda, fue condenado a 11 años y medio de cárcel por el secuestro extorsivo en el año 2011 del músico bailantero Brian Sayago.

El Tribunal Oral en lo Criminal 28 condenó a Leiva como coautor del delito de secuestro extorsivo agravado por el uso de armas de fuego junto a otros tres integrantes de la llamada "banda de la autopista", de la que Leiva era el jefe, Andrés Javier Alvarez, Cristian Ksiazek y Silvio Flores, a quienes les impuso 10 años de prisión. “La banda tenía una prolífica actividad en secuestros extorsivos producidos en la Capital Federal y en el Conurbano bonaerense”, indicó un vocero del Ministerio de Seguridad de la Nación.


En el año 2002 Leiva había actuado infiltrado de civil al frente de una patota policial, disparando con postas de plomo contra los manifestantes en la represión del Puente Pueyrredón del 26 de junio de 2002 en la que, por orden del gobierno de Duhalde, fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y heridos por disparos con balas de plomo otras 34 personas. Por aquel hecho fue condenado como autor de tres tentativas de homicidio, estuvo prófugo dos años y recuperó su libertad en 2007, cuando le fue otorgado el beneficio de la libertad condicional. Esto no impidió que en el 2009 volviera a ser detenido conduciendo un auto robado y portando un arma de guerra con la numeración limada, práctica usada por los delincuentes para no dejar huellas, hecho por el que debía cumplir prisión domiciliaria pero, por complicidad de sus ex camaradas de armas y la impunidad oficial, este represor y "poli-ladrón" seguía suelto y liderando una banda de secuestradores.

El caso, que se da en medio de la conmoción social por el atentado a la vivienda del gobernador de la provincia de Santa Fe, la profundización de la política de militarizar los territorios y fortalecer a una policía que está corrompida hasta la médula mientras se agita la demagógica propuesta de baja de la edad de imputabilidad penal, grafica con crudeza la estrecha vinculación del delito con los agentes de fuerzas de seguridad del Estado.


La misma estrecha vinculación y complicidad con los sectores políticos y judiciales que permiten que los responsables materiales gocen de beneficios extraordinarios (como es el caso del el ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex policía Alejandro Acosta , quienes por no tener sentencia firme se encuentran cumpliendo condena en cárceles con régimen abierto), que absolvieron y disminuyeron la pena de otros de los policías procesados, y que garantizaron la impunidad de los responsables políticos de la Masacre, que nunca fueron investigados.


Corridos por derecha por el candidato del duhaldismo reciclado Sergio Massa, el FPV, ahora con Scioli a la cabeza, profundiza la derechización de su política de seguridad. Como acción de propaganda electoral el gobernador de la provincia de Buenos Aires nombró a Granados, que lo primero que dijo es que van a casi duplicar la cantidad de efectivos policiales, llegando a 100 mil, y que van a poner “miles y miles” de cámaras. En la misma línea, quien es en los hechos el ministro de Seguridad nacional, el militar Sergio Berni, y el candidato a diputado nacional Martín Insaurralde plantearon la baja de la edad de imputabilidad, pretendiendo ocultar su complicidad y/o incapacidad de atacar el núcleo del problema –la íntima relación entre crimen organizado, policía, y sectores judiciales y del poder político- tras el demagógico, electoralista, falaz, inútil, estigmatizante y vergonzoso anuncio de criminalizar aún más a nuestros pibes.

Pero no sólo las distintas fracciones del PJ siguen apostando por fortalecer el autogobierno policial y su gestión del crimen organizado, con su consiguiente financiamiento turbio de las campañas políticas. También el Partido Socialista que vertebra el Frente Amplio Progresista sigue sin poder ni querer desarticular a la mafia enquistada en la policía santafesina, que por sus niveles de corrupción ha sido apodada “La Santafesina S.A.”. El asesinato de nuestros compañeros Patóm, Jere y Mono a manos de una banda narco amparada por la policía es un ejemplo de cómo la sangría de jóvenes pobres que enluta los barrios de Rosario, y de todo el país, está siendo generada por los negocios que gestiona la misma policía que supuestamente dice combatirlos. El ministro de seguridad “socialista” Raúl Lamberto no hace nada demasiado diferente a lo que venía haciendo Ricardo Casal en provincia de Buenos Aires que, en tanto principal armador político del proyecto Scioli 2015 y garante del histórico pacto del PJ con la bonaerense, conserva su poder pese al desdoblamiento de su antiguo ministerio. O de lo que hace Guillermo Montenegro en la Capital con la Metropolitana o cualquier otro ministro del área en cualquier otra provincia.


Desde el Frente Popular Darío Santillán decimos que la solución ante lo que los medios masivos denominan “inseguridad” no es militarizar nuestros barrios, sino atender las necesidades sociales insatisfechas de nuestro pueblo: alimentación, tierra y vivienda, salud, educación y trabajo. La solución no es llenar de cámaras cada esquina, cosa que sólo sirve para engordarle los bolsillos a empresarios de la seguridad asociados con el poder político, lo que necesitamos es romper la relación íntima entre crimen organizado y policía. En todo el país, en cada provincia, y a nivel de fuerzas federales -Gendarmería, Prefectura, PFA-, la situación es la misma: la trata, los secuestros, el robo de automotores, el narcotráfico, no hay delito en el que no esté involucrado la policía.

Plantear el problema de la inseguridad sin atacar los nichos que desde el poder garantizan e institucionalizan la violencia y la corrupción, no es más que abonar a un discurso vacío con una clara intencionalidad electoralista. Como organizaciones sociales y políticas queremos soluciones integrales. No las esperamos de aquellos que hace años se amparan en el poder y que más que ser parte de la solución son parte del problema. Porque sabemos que nada puede esperarse de ellos, nos organizamos para combatir el abuso policial junto a los pibes de los barrios, denunciando a la narco-policía, y construyendo día a día otra realidad para las barriadas de nuestro país. Porque lo que necesitamos es trabajo y dignidad, seguimos construyendo poder popular, nos organizamos contra la represión y la criminalización de la protesta, la pobreza y la juventud.



CÁRCEL PARA CARLOS LEIVA, REPRESOR AYER Y SECUESTRADOR HOY

BASTA DE IMPUNIDAD PARA LOS REPRESORES Y LOS POLICÍAS-DELINCUENTES

NO A LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD