MAMARRACHO JURIDICO PARA INTIMIDAR LA MOVILIZACION POPULAR

Procesaron a 22 de los 31 detenidos durante los incidentes registrados después de la marcha del 1 de septiembre en Plaza se Mayo, al cumplirse un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El procesamiento fue dictado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, por los delitos de intimidación pública y resistencia a la autoridad, y establece embargos de hasta tres millones de pesos sobre los procesados.

Esta decisión está apoyada en datos como “agitar una bandera negra ante las vallas”, “entonar cánticos agresivos contra las fuerzas de seguridad”, “portar carteles contra la policía” o “forcejear con los efectivos mientras eran detenidos”. Los principales elementos de prueba son las propias declaraciones de los policías intervinientes y las actas de detención, donde están falseados los datos de las detenciones.

Cuesta creer que tan ridícula argumentación pueda ser planteada sin ponerse colorado por parte de un juez que, claramente, está oficiando como un instrumento del poder político para intimidar la movilización popular que sigue creciendo en torno al reclamo por la verdad y la justicia para Santiago Maldonado, a menos de una semana de cumplirse tres meses de su desaparición forzada y posterior asesinato.

Si bien no se dictó prisión preventiva para ninguno de ellos, hay que recordar que, en su momento, estuvieron 48 horas detenidos e incomunicados, bajo repetidas amenazas de los policías a cargo. Por otro lado, las acusaciones basadas en la filiación ideológica de los acusados, sienta un precedente nefasto en cuanto a la persecución política por parte del Estado. Seguramente, las masivas movilizaciones que se prevén para el 1º de noviembre en todo el país, al cumplirse tres meses de la desaparición de Santiago, repudiarán este mamarracho jurídico y sumarán la exigencia de desprocesamiento a estas 22 personas injusta y ridículamente acusadas.

Red Jáuregui