Un nuevo tarifazo azota los bolsillos de los y las trabajadoras del país. Ahora las nuevas subas sobre los servicios públicos en abril acarrean aumentos acumulados del 1000% para el gas, 1600% para la luz y el 550% para el agua, en solo 2 años y medio. Escapan con ello a toda lógica salarial, transformándolos en meras mercancías dolarizadas (y bajo oferta monopólica) y no servicios de primera necesidad, un derecho elemental para la población. También se terminó el "relato macrista" que con los aumentos no habría más cortes de luz: en las últimas semanas de lluvia hubo cientos de miles de cortes y afectados solamente en el area metropolitana.
Ante el lógico repudio popular, el gobierno nacional quiso que el costo político también lo paguen los gobiernos de las provincias y municipios, planteando como alternativa una baja de impuestos locales (que solo iba a ser muy acotada). Pero el tiro le salió por la culata, más allá de las sobreactuaciones de María Eugenia Vidal. Hasta los gobernadores más colaboracionistas salieron a contraproponer que el Gobierno baje el IVA (27%) sobre las facturas. La oposición legislativa "panperonista" en un intento de reacomodarse después de que un sector le votara las leyes de ajuste al macrismo, ahora empuja un proyecto de ley para regular las tarifas que, de ser aprobada, tendría el veto presidencial. Incluso la crisis política se transfirió al interior de la alianza dominante, con la UCR y Lilita Carrió teniendo que desmarcarse del Ejecutivo. La propuesta final al estilo de Cambiemos fue un aumento en cuotas… ¡cobrando interés!
Sin embargo, los aumentos como todos sabemos no acaban allí. Mientras la mayoría de las paritarias firmadas hasta la fecha rondan aumentos salariales anuales del 15%, otros incrementos como el de los combustibles llevan acumulados en lo que va del año, un aumento del 13.5% y el transporte público un 53% (para los colectivos) y entre un 67% y un 110% para los trenes urbanos. Y solo vamos recorridos un tercio del año. También se quieren aumentar las ganancias a costa de lxs trabajadorxs de la energía. Por caso, en Edesur se multiplican los despidos, ataque al convenio colectivo de trabajo y persecución patronal; iniciándose un plan de "retiros voluntarios" que busca desligar a 1500 trabajadorxs especializadxs y vitales para un servicio eficiente.
La monumental transferencia de riqueza que viene llevando adelante la política del gobierno nacional, entraña año a año un empobrecimiento del salario real, para el 2018 se calcula una perdida similar del poder adquisitivo a la del 2016. Los servicios públicos, que representaban un 6% del salario mínimo al comienzo de la gestión de Cambiemos, ahora representan un 21% convirtiendo a la Argentina en uno de los países más caros de la región. Mientras tanto, las empresas del sector declaran ganancias multimillonarias como lo demostró los balances presentados a final del 2017 por las empresas de gas: Metrogas y Gas del Centro $774 millones, Gas Natural $542 millones, Camuzzi Gas Pampeana $824 millones o Gas Cuyana $588 millones. Por eso el Foro de Convergencia empresarial sale a respaldar el aumento de tarifas sin fisuras.
La crisis política no se cerró luego de los roces palaciegos entre gobernadores, la UCR y el PRO, porque el tarifazo es parte de las necesidades del macrismo para su modelo económico, evitando que el endeudamiento creciente se le haga inmanejable a través del recorte de subsidios: lo que se "ahorra" en ajuste se va en intereses de deuda. El repudio social al tarifazo se encuadra, además, en el marco de una corrida cambiaria del dólar como no se veía hace años, ante las dudas de los grandes capitales de que el macrismo sea capaz de seguir contentándolos en los años venideros.
Por estos motivos llamamos a profundizar la movilización contra esta y todas las políticas antipopulares de este modelo. Repudiamos la creciente precarización de la vida que son las consecuencias directas de las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Cambiemos. Reclamamos la inmediata anulación de los aumentos de las tarifas, y que se establezcan los aumentos salariales como límite para futuros aumentos en los servicios; la prohibición de cortes del servicio para los hogares, empresas recuperadas, cooperativas y asociaciones civiles que no puedan pagarlo; la provisión de garrafas de gas a precios accesibles. Es necesaria una planificación e inversión para un desarrollo nacional que permita el abastecimiento pleno de los hogares y sectores productivos en forma sustentable. Esto solo puede lograrse expulsando a las privatizadas y poniendo los servicios públicos bajo control de sus trabajadores/as y usuarios/as, de manera tal de retirar a estos bienes de la lógica del mercado e inscribirlos en una lógica de necesidad para ponerlos a disposición del pueblo y no de la especulación empresarial.
¡LOS DERECHOS NO SON MERCANCÍAS!
¡SOBRAN PATRONES, NO TRABAJADORXS!
¡FRENEMOS LOS TARIFAZOS CON LUCHA Y MOVILIZACIÓN!
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