13 nov 2018

EL GOBIERNO BUSCA IMPONER UNA NUEVA LEY DE SEMILLAS A ESPALDA DE TODOS Y TODAS



La comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados convocó para este martes 13 de noviembre a plenario de comisiones en busca de lograr dictamen y avanzar en el tratamiento de una nueva Ley de Semillas antes de fin de año.
Desde hace meses las corporaciones del agronegocio vienen negociando con el Poder Ejecutivo los lineamientos generales para una nueva ley de semillas, que habrá de otorgarles a las semilleras, como Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Corteva (DowDuPont), Basf y otras, la posibilidad de terminar con el “derecho de uso propio” de los agricultores, y cobrar regalías cada vez que un/a agricultor/a utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor. Transformando así un derecho de todos en una excepción para algunos (inscriptos en registros ad-hoc).
Este no es el primer intento de modificación de la Ley de Semillas Argentina, y es parte de una ofensiva que se da en todo el mundo. Desde el 2012 y hasta ahora en nuestro país, las contradicciones entre los actores y la resistencia de las organizaciones los han hecho fracasar, pero estamos ante un nuevo embate que amenaza con dar un paso trascendental.
Ante esta ofensiva, las organizaciones firmantes rechazamos de manera contundente cualquier intento de imponer una modificación a la Ley de Semillas cocinada a espaldas de todxs.
¿Por qué entendemos que se debe rechazar el proyecto de ley de semillas que el ejecutivo quiere imponer?
- Porque implica el sometimiento de productores/as a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Este mecanismo permitirá la persecución de los/as productores/as tal como ya está ocurriendo en otros países.
- Porque avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios. De esta manera, se desconoce la ley 27.118 (De Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina) que, en contraposición, resguarda estas semillas y permite su libre intercambio y reproducción.
- Porque se ha obviado la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios que exige el Convenio 169 de la OIT del que la Argentina es Parte; ya que son ellos quienes han generado casi TODO el conocimiento y la diversidad agrícola que hoy nos alimenta y quienes intercambian semillas con otros campesinos, campesinas y pueblos originarios.
- Porque TODAS las semillas que hoy alimentan a la humanidad y que comercializan las grandes corporaciones son fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de diez mil años. Tenemos la posibilidad de producir alimentos saludables para todos los/as argentinos/as. Así lo están demostrando las organizaciones campesinas, de productores/as familiares e indígenas que producen entre el 70 y 80% de los alimentos que consumimos quienes habitamos en Argentina.
-Porque el proyecto que se piensa aprobar fue negociado FUERA de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros (voceros de Bayer-Monsanto) y los grandes productores agrupados en la SRA. Todas las reuniones de “consulta” realizadas fueron una “puesta en escena” para permitir que ahora planteen un supuesto proyecto “unificado” que surge de una “acta de entendimiento” que expresa la voz de los semilleros y los grandes productores. De esta manera, el proyecto que NUNCA se hizo público, excluye los intereses de los pueblos originarios, productores/as de la agricultura familiar, campesinos/as y consumidores/as.
Advertimos que la Justicia (a través del fallo de la Sala III de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires) ha señalado que la Argentina reconoce adecuadamente los derechos de los obtentores vegetales (corporaciones biotecnológicas y semilleras). Se trata de un sistema de reconocimiento y protección de derechos que rige en nuestra agricultura desde hace 40 años, y que ahora pretende ser profundizado gravemente y sin el debate adecuado, con todos las organizaciones de la agricultura familiar, campesinas e indígenas afectadas, mediante parches legislativos bajo el espurio argumento de que son necesarios para “favorecer el avance tecnológico del campo” (que ya ha causado graves y negativos impactos ambientales, productivos y en la salud humana que aún no están siendo estudiados).
Lo que está en juego es absolutamente vital. En los países donde las corporaciones lograron imponer sus leyes de semillas pasan hechos totalmente cuestionables: la persecución de agricultores/as, la criminalización de los intercambios de semillas a partir de los cuales los argentinos comemos sano y saludable, la destrucción de cosechas y mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica de nuestro país.
Los “consensos” de los poderosos del agronegocio no nos incluyen a la enorme mayoría de los/as agricultores/as y ciudadanos/as. Avanzar con el proyecto de Ley de Semillas a espaldas de todos y todas, significa una entrega de nuestros bienes naturales y una amenaza a la Soberanía Alimentaria de nuestro pueblo. Solicitamos a legisladores y legisladoras que impidan este avance a favor de las corporaciones y a espaldas del pueblo argentino.

12 de noviembre de 2018

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