Fortunato Esquivel
La primera semana de noviembre de 2008 la Drug Enforcement Administration (DEA), fue suspendida indefinidamente, lo que se interpretó como una tácita expulsión de este organismo, provocando una contundente respuesta de Estados Unidos que suspendió para Bolivia, los beneficios de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas, más conocida como el ATPDEA.
El gobierno justificó su actitud en acusaciones de espionaje y conspiración contra la DEA, pero el gobierno norteamericano las rechazó y pronosticó una masiva producción del polvo blanco. La “cooperación” económica para luchar contra los narcotraficantes, fue eliminada.
Durante la permanencia de la DEA, las zonas cocaleras eran severamente controladas, los campesinos reprimidos, sus pocas posesiones secuestradas con y sin motivo, pero las incautaciones eran verdaderamente raras. Tras su salida, el presidente de la república, anunció que los organismos policiales, multiplicaron la captura de droga y narcotraficantes.
Similar fenómeno se produjo con anterioridad en Venezuela que igualmente prescindió de la DEA en julio de 2005. El vicepresidente venezolano, Ramón Carrizales, dijo entonces: “Cuando estuvo en plena ejecución el convenio con la DEA, la incautación de droga no superaba las 27 toneladas anuales. Salió la DEA y comenzamos a capturar un promedio de 43 al año”.
Hace poco, el presidente Evo Morales, informó sobre incautaciones más frecuentes por tanto éstas pronto sobrepasarán las realizadas durante toda la gestión de la DEA en Bolivia. Desde Bolivia, Venezuela y otros países, comenzaron a revelarse acusaciones contra la DEA, señalándola como parte de los grupos de narcotraficantes.
El vicepresidente venezolano, acusó a la DEA de ser parte del narcotráfico cuando afirmó: “Encontramos casos donde se hablaba de 20 kilos de cocaína para entrega controlada y cuando se hacían revisiones, habían 50 kilos. Es decir, 20 kilos eran controlados y 30 estaban metiendo para el tráfico ilícito, lo que indica que la DEA está en un cartel de la droga”.
En su publicación del 7 de noviembre, la página digital Bolpress.com, hacía referencia a declaraciones del diputado y dirigente de los colonizadores de La Paz, Filemón Aruni (MAS) en sentido que agentes de la DEA pagaban mil dólares a campesinos para que produzcan drogas.
Este accionar, fue otra razón para que el gobierno suspendiera el accionar de la DEA, acusada de encubrir el multimillonario negocio y cometer injerencia en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el Ministerio de Gobierno y la cancillería.
En el sector empresarial privado, la expulsión del organismo norteamericano y la suspensión de las preferencias del ATPDEA, fueron recibidas como una verdadera catástrofe para las actividades de exportación a ese mercado.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), señaló a principios de este año, que la pérdida de este acceso implicaría la exportación con “preferencias arancelarias” de prendas de vestir, productos de marroquinería, algunas manufacturas de madera y derivados de petróleo por un monto superior a los 60 millones de dólares.
El IBCE está equivocado en sus cifras ($us 60 millones), o se ha magnificado la “catástrofe” de la pérdida de las preferencias del ATPDEA. Un monto tan pequeño, está movilizando a los trabajadores de fábricas y algunas pequeñas empresas que ven el despido como una consecuencia de la situación.
Es hora que el gobierno, revele la verdad sobre la magnitud perdida de las preferencias del ATPDEA y ofrezca un listado de las empresas supuestamente afectadas, no vaya a ser que tales beneficios sean sólo para unos pocos angurrientos empresarios, que a su vez exigen el retorno de la DEA.
Es también hora, que el gobierno revele la verdadera dimensión de las incautaciones de cocaína tras la salida de la DEA. No parece ser real que ahora Bolivia produzca más cocaína. Lo que parece ocurrir es que se incauta más, por un mejor control.
En la década de los años 80 del siglo pasado, se descubrió en Bolivia el mayor laboratorio de procesamiento de cocaína en la serranía de Huanchaca, cuya administración fue atribuida a la DEA a través del Mayor Oliver North, quién comercializaba la cocaína para conseguir fondos destinados a financiar a la “contra”, que luchaba por derrocar al gobierno de Nicaragua.
El narcotraficante Roberto Suárez, protegido de los norteamericanos finalmente cayó preso en 1988. Al sentirse traicionado explotó en ira al señalar: “El gobierno de los Estados Unidos, es el mayor narcotraficante del mundo”.
Su hijo, Roberto Suárez Levy, al ver derrumbarse su imperio y a su padre en la cárcel, convocó a una conferencia de prensa en pleno auditorio de la Universidad de Santa Cruz, donde reveló sin temores que “La CIA y la DEA son los custodios del narcotráfico boliviano”.
Hay presiones para el retorno del organismo norteamericano, pero por variadas razones, es preciso al gobierno dejar las cosas claras a la hora de negociar la reposición del ATPDEA, el presunto retorno de la DEA y la verdadera represión y eliminación del narcotráfico en Bolivia.
19 jul 2009
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