Después de la cesación de pagos de 2001, algunos banqueros le iniciaron un juicio al Estado argentino. Querían cobrar por sus títulos de la deuda externa, aun cuando ésta ya había sido pagada varias veces.
Diez años después, el gobierno kirchnerista convocó a esos especuladores. “Vamos a cumplir con ustedes”, les dijo.
Y ofreció cambiarles su deuda por otros títulos, que valen el doble de los bonos que tienen en sus manos.
Bajo la amenaza de los tribunales de Nueva York, el canje de deuda les dará a esos usureros lo que venían reclamando.
Pero en otros tribunales, los de Argentina, otros acreedores multiplican sus reclamos.
No son banqueros: son simples jubilados.
De a centenares, de a miles, exigen lo elemental: que se reconozca la actualización de sus haberes, casi congelados durante una década.
Incluso la Justicia ya falló a favor de algunos de ellos. A partir de allí, ¿se extendió esa sentencia a todos los jubilados?
Para nada. La Anses de Kirchner apela los fallos y, llegado el caso, los desconoce.
Los jubilados pueblan los juzgados y engordan expedientes.
El gobierno que los bicicletea inventó su propia “movilidad jubilatoria”, tan trucha como la de sus antecesores. Gracias a ella, el 80% de los jubilados no gana ni la mitad de una canasta básica.
Pero entonces, ¿a dónde van los recursos de la Anses?
A pagarles a los otros “acreedores”, los dueños de la deuda externa.
A prestarles plata, a bajo interés, a los capitalistas.
La “justicia” (de Nueva York) le arrancó al gobierno de los Kirchner lo que piden sus banqueros.
Pero a los jubilados, “ni justicia”. Aunque se trate de los tribunales argentinos.
¿No sería hora de parar este atropello?
Luchemos por el 82% móvil, por una jubilación mínima de 2.000 pesos, por el control de la Anses por parte de trabajadores y jubilados.
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