CADEP: ANTE LA REPRESION EN JUJUY JORNADA NACIONAL DE LUCHA

"Los Derechos Humanos son los derechos que tiene el pueblo a hacer la revolución" (León "Toto" Zimerman)

Buenos Aires, 31 de Julio de 2011

COMUNICADO DE PRENSA


En la madrugada del jueves 28 de julio, alrededor de 700 familias que ocupaban un predio perteneciente al Ingenio Ledesma, en la localidad de Libertador General San Martín en Jujuy, fueron brutalmente reprimidos por 500 efectivos de la policía provincial, que arrojando gases lacrimógenos y disparando a mansalva con balas de goma y de plomo, asesinó a tres de los ocupantes y produjo decenas de heridos. Este brutal acto represivo es una muestra más de la política que se dan los Estados Provinciales y el Estado Nacional ante hechos de protesta, que no sólo judicializan la protesta, sino que reprimen salvajemente intentando frenar las luchas y la organización del pueblo.
Una semana antes se habían instalado en un predio perteneciente al Ingenio, alrededor de 700 familias, haciendo efectivo el reclamo a la empresa de los Blacquier, con los que desde hace cerca de cuatro años se venía negociando sin resultado alguno, para que ceda quince hectáreas de las 130 mil que posee en la provincia, para poder construir sus casas, ya que la localidad está cercada por la expansión de la empresa y no quedan tierras disponibles.
El miércoles 26 de julio por la noche parecía avanzar una negociación, pero el jueves a las 5 de la mañana un ejército policial apareció en el lugar e invocando la orden de desalojo de un juez local reprimió con ferocidad, golpeando , disparando y quemando todas las pertenencias de los ocupantes que resistieron el desalojo durante más de 7 horas.
La salvaje represión terminó con la vida de tres compañeros que ocupaban las tierras: Félix Reyes (21 años) y Ariel Farfán (17 años) muertos en el acto por disparos en el tórax, y Juan José Velázquez (37 años) quien murió dos días después producto de un disparo en la cabeza. Por otro lado en el Hospital Oscar Arias se contabilizaban más de 60 heridos, varios de ellos con balas de plomo e inclusive dos bebés de barrios aledaños tuvieron que ser hospitalizados por dificultades respiratorias provocadas por los gases.
Una vez más, el Estado defiende de manera salvaje los intereses de una empresa monopólica, criminalizando la protesta, desconociendo derechos elementales que están siendo violentados, reprimiendo abiertamente. Y en este sentido la responsabilidad es tanto del gobierno jujeño como del gobierno nacional, que como en el caso de Mariano Ferreyra, de los Qom en Formosa, de los pobladores del Indoamericano y ahora en Jujuy, no tienen empacho en asesinar a los luchadores y en definitiva intentar garantizar la impunidad jurídica y política.
Ante la gravedad de los hechos y las consecuencias políticas por el repudio generalizado a estos acontecimientos, los responsables intentan lavarse las manos. El gobernador de Jujuy Walter Barrionuevo dijo que se sentía “sorprendido, impotente y con bronca” y, al igual que el titular de la Cámara de Diputados y candidato a sucederlo, Eduardo Fellner, que atribuyó los hechos a motivaciones “políticas” preelectorales. La Casa Rosada repudió los “hechos de violencia”, le reclamó a la Justicia “que de forma inmediata se investiguen y esclarezcan” e inclusive el ministro del Interior Florencio Randazzo no se sonrojó al decir que “Este gobierno siempre ha priorizado el diálogo para la resolución de este tipo de conflictos y nunca ha criminalizado la protesta social”.
La lucha emprendida por el pueblo de Libertador General San Martín se enmarca en el contexto de una gravísima crisis habitacional. Según cifras oficiales hay por lo menos dos mil personas sin techo sólo en esa pequeña localidad y los alquileres mínimos no bajan de los 1500 a 2000 pesos. Resulta obscena esta situación al lado de la expansión grosera de una empresa monopólica y del Estado que garantiza estas situaciones de despojo de los derechos.
Aún en ese contexto el pueblo se organizó, tomó las tierras y a pesar de la brutal represión no sólo volvió a ocupar el predio, sino que se sumaron cortes de ruta y la toma de tierras en Caimancito y Calilegua. Hoy, a la exigencia de las tierras se suma el reclamo de juicio y castigo a los responsables de la masacre de Libertador General San Martín. Y son un insulto las medidas cosméticas como la renuncia del ministro de gobierno de Jujuy o el desplazamiento del jefe del operativo policial y el jefe de la policía de la provincia.
La heroica y digna resistencia del pueblo en esa localidad de Jujuy, sumado al repudio generalizado de las organizaciones populares, obligó al gobierno que encabeza Walter Barrionuevo a remitir a la Legislatura un proyecto de ley para expropiar las tierras donde se produjeron las muertes. Esto es una muestra más que frente al Estado (nacional y provinciales), los derechos se consiguen en la lucha, exigiendo, peleando. Está claro que con 15 hectáreas no se soluciona el problema de la vivienda (son necesarias alrededor de 100 sólo en Libertador Gral. San Martín), pero los ocupantes están decididos a exigir el cumplimiento de sus reclamos y organizarse para pelear por sus derechos.
Ante los gravísimos hechos ocurridos nuestro repudio más enérgico, toda nuestra solidaridad con el pueblo de Libertador General San Martín y denunciamos una vez más la política represiva del Estado Nacional que a la lucha por los derechos elementales que son pisoteados todos los días sólo le tiene reservada la represión y la judicialización.
Convocamos a la Jornada Nacional de Lucha el martes 2 de agosto
16hs. marchamos desde Congreso a Plaza de Mayo.
¡BASTA DE IMPUNIDAD Y REPRESIÓN!
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!
¡CASTIGO A LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES!
¡VIVA LA HEROICA LUCHA DEL PUEBLO JUJEÑO!
FRENTE A LA REPRESIÓN ¡UNIDAD ORGANIZACIÓN Y LUCHA!