La represión de la policía tucumana sobre los miles de manifestantes que llegaron anoche hasta las puertas de la casa de gobierno provincial para repudiar el fraude en las elecciones del domingo, es el último elemento de un sistema organizado para burlar la voluntad popular y sostener un régimen político funcional a los grandes intereses. No es una “falla” en la democracia, es la demostración en crudo de la “democracia” que tiene para ofrecer el puñado de multinacionales, monopolios y banqueros que rigen los destinos del país.
Ni la quema de urnas, ni la compra de votos, ni el relleno previo de urnas, ni la adulteración de telegramas y actas electorales son novedades para el pueblo tucumano. Y tampoco son exclusivas de Tucumán. La Formosa de Insfrán, el Jujuy de Fellner, el Chaco de Capitanich, el conurbano de Scioli, son testigos recurrentes de las mismas prácticas tendientes a garantizar el aparato estatal bajo su control. Los 25.000 candidatos distribuidos en más de 500 “partidos” para cubrir 347 cargos públicos, hablan de un sistema electoral fraudulento aún sin llegar al extremo de quemar urnas, pero de lo cual el candidato de la oposición encabezado por Cano también debe hacerse cargo puesto que compartió el método de acoples.
Leyes de lemas, sistema de acoples, listas colectoras, candidaturas testimoniales, son algunas de las metodologías utilizadas para apuntalar un régimen que ya no se sostiene y que tampoco el voto electrónico viene a subsanar, en la medida que todo el sistema en su conjunto apunta a vulnerar la voluntad popular y a mantener el control del estado en manos de los grupos económicos más concentrados.
El pueblo se rebeló frente a un régimen político agobiante que administra una crisis social y económica en pleno agravamiento. Los doce años de Alperovich al frente de la provincia han sido de concentración del poder político, con control casi monopólico de los medios de comunicación, con 42 de los 49 legisladores provinciales en manos del oficialismo, con tres de los cinco jueces de la Corte Suprema designados directamente por el gobernador (a cargo de los cuales está la autoridad electoral).
La represión policial buscó infructuosamente silenciar un reclamo legítimo que tiene elementos de crítica al régimen político en su conjunto, tal como lo expresaron los manifestantes, por momentos, al grito “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. El sensible deterioro de la economía provincial en los últimos años, atada a la recesión a nivel nacional, agrava las condiciones de vida de las grandes mayorías y alimenta la bronca popular.
Frente a las elecciones nacionales de octubre, donde se convoca a decidir por uno de los tres candidatos del ajuste “bendecidos” por el establishment, ratificamos con más fuerza que nunca nuestro llamado a no legitimar y enfrentar esta verdadera farsa electoral anulando el voto, votando en blanco o directamente no yendo a votar
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En lo inmediato,. ocupar la calle y llamar a la movilización popular en defensa de los derechos democráticos, contra la represión al pueblo tucumano y denunciando la trampa o fraude electoral.
PRML, 25 de agosto de 2015
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