DECLARO NELIDA ROJAS EN MENDOZA

“NO NOS PERDONAN QUE UNA MUJER COMÚN, SIN DEMASIADOS ESTUDIOS, PUEDA ORGANIZAR FAMILIAS PARA RECLAMAR POR SUS DERECHOS”

Durante más de tres horas, ayer prestó declaración indagatoria Nélida Rojas, referente de la Tupac Amaru en Mendoza y una de las cuatro presas políticas del gobernador radical Alfredo Cornejo. Lo hizo en la Unidad Fiscal de Las Heras – Lavalle, en el marco de las causas por asociación ilícita, extorsión y coacciones agravadas inventadas en su contra y la de su familia en el marco de la persecución política y la criminalización de las organizaciones populares. A más de 20 días de haber sido detenida, ningún juez en la provincia quiere hacerse cargo de las causas, privándola así de que un magistrado revise la detención ilegal ordenada por la fiscal Gabriela Chávez. Uno de los recursos presentados por su defensa ya se encuentra en poder de la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Según señaló uno de sus abogados, Alfredo Guevara, la referente mendocina hizo un relato minucioso sobre las actividades de la organización barrial en la provincia y dejó en evidencia el intento de criminalización de lo que constituye una práctica legítima de una organización popular. “Con tranquilidad, y por momentos con la voz quebrada, contó cómo comenzó a militar en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) durante la crisis del 2001, cómo conoció en 2007 a Milagro Sala y cómo se organizó la Tupac Amaru. También describió la construcción de las primeras cien viviendas, la fábrica textil, la creación del jardín "Los Tupaqueritos", y el funcionamiento del Módulo Preventivo de Salud "Che Guevara" –que contiene 700 historias clínicas y que fue cerrado por el actual gobierno-, la pileta para los niños y jóvenes del barrio, las aulas satélites para la secundaria de adultos que ya cuenta con cuatro promociones de egresados. También contó de las cerca de 800 familias que están viviendo en casas de la Tupac Amaru, y de las 300 casas que se están ejecutando pero que no se sabe si podrán ser terminadas porque están bloqueando las cooperativas y cerrando las cuentas en los bancos”, relató su defensor.

También señaló que desde que detuvieron a Rojas, el gobierno cerró el galpón obrador quedando el material de la construcción adentro: mangueras, 800 bolsas de cemento, una retroexcavadora.

Respecto a las acusaciones, Rojas señaló que “la organización en la provincia llegó a tener cerca de 5000 afiliados, y que cualquiera podía retirarse y afiliarse libremente, desmontando el mito de la extorsión y la violencia, estereotipos ya instalados desde los sectores dominantes en relación a esta organización popular. También contó cómo eran los viajes a la celebración de la ceremonia de la Pachamama en Jujuy, y aseguró que no se sentían como perros obedientes o como negros choripaneros como se dice", refirió Guevara. 

Respecto a las denuncias en su contra, Nélida Rojas sostuvo que apenas asumió, el nuevo gobierno anunció que no realizarían más obras a través de las cooperativas de trabajo ni construcción de viviendas sociales. “Esa decisión, agravada por el Concejo Deliberante de Lavalle que aprobó una Ordenanza a través de la cual exigía que se le otorgue las viviendas construidas a personas con domicilio en el municipio, llevó a que algunos integrantes de la organización, impulsados por determinados sectores políticos, decidieran ir al programa de Lanata, aprovechando la situación que estaba pasando Milagro Sala en Jujuy”. 

Por último, Rojas aseguró que la situación que están atravesando es estrictamente en el marco de la persecución política. “No nos perdonan que una mujer común, sin demasiados estudios, pueda organizar familias para reclamar por sus derechos y que somos libres para decidir y elegir ser parte de la construcción de un país que rara vez nos tiene en cuenta. Es más fácil utilizar compañeros, como estoy segura que lo están haciendo, prometiendo dinero y cargos, para terminar destruyendo algo que costó muchos años construir”, dijo Nélida Rojas en la Fiscalía. Y concluyó: “A pesar de todo, cuando salga del lugar donde creen que me tienen encarcelada, voy a seguir trabajando como dirigente social, voy a seguir organizando a los compañeros, contándoles la historia de los que están adentro del penal. Porque nosotros, trabajando sobre la base solidaria sobre la que siempre hicimos las cosas, podemos cambiar la historia".

Respecto a la privación de justicia producto que los jueces a cargo de los Juzgados Número 6, 1, 3, 4 y 2 –en ese orden-, rechazaron su competencia en el caso, Guevara indicó que se está violando el derecho que tiene toda persona privada de la libertad, de que un juez controle la detención en un plazo de dos días, en audiencia oral y pública. “No hay juez ni cámara que acepte su competencia en el caso a casi 20 días de una detención que se denuncia arbitraria”, reclamó el abogado que, recordó, que la provincia ya ha sido cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, James Cavallaro, que visitó Mendoza el año pasado en el marco de las medidas cautelares dictadas por las condiciones de detención en los Complejos Penitenciarios Almafuerte y San Felipe.

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