MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN VS CORREPI

Después de de amenazar reiterada e infructuosamente con "desmentir caso por caso" el Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal que elabora CORREPI, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por una vez, cumplió su palabra, y convocó hoy a un grupo de periodistas para presentarles el tan demorado "contrainforme".

Es muy significativo el momento elegido para presentar este "trabajo exhaustivo", como lo denominó. A menos de un mes de las elecciones generales que, como todo indica, señalarán el fin del gobierno más represor que el pueblo argentino debió padecer desde diciembre de 1983, la preocupación de una de las principales voceras de campaña del macrismo es desmentir los datos que erróneamente llama "de CORREPI". Como tantas veces lo hemos señalado, los datos del Archivo no son "nuestros datos", sino los de los gobiernos. Son lxs muertxs que matan ellos. Nosotrxs no sólo los contamos y ordenamos para denunciarlos, sino que militamos todos los días para visibilizarlos y combatirlos.

El "contrainforme", bien leído, no hace más que confirmar la veracidad de nuestra información. En ningún caso pudieron decir "es un invento" o "esto no pasó". El argumento (es una generosidad calificarlo así) es que 74 de los 98 hechos que seleccionaron "no corresponden" a casos que impliquen la aplicación de políticas represivas estatales y la utilización de los recursos del aparato estatal "según el análisis que se ha realizado desde el Ministerio de Seguridad". Análisis que, según tienen a bien explicitar, utiliza como única fuente las Fuerzas de Seguridad Federales, la Justicia y el Programa sobre Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego del propio ministerio. Es decir, una vez más, "la versión de las fuerzas es versión de verdad".

Las fuentes de CORREPI, en cambio, como el "contrainforme" tiene a bien citar, son un poco más amplias y objetivas: El contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas, el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales, aportes de compañeros de las provincias que sistematizan y nos remiten información ya chequeada, informes de otras organizaciones, informes de organismos oficiales que registrandatos de interés, etc.

Párrafo aparte para la media verdad -y por lo tanto, verdadera mentira- de que "las fuerzas federales están matando menos civiles", basada en la comparación de 2016 en adelante. La falacia es infantilmente obvia. Hasta diciembre de 2016, entre las fuerzas federales se incluían los alrededor de 20.000 efectivos de la Policía Federal, transferidos a partir del 1/1/2017 a la nueva Policía de la Ciudad, que absorbió también los 9.000 de la ex Metropolitana. La PFA bajó notablemente su incidencia en el total de casos porque hoy esa tropa pertenece a la fuerza que depende del GCBA, que, dicho sea de paso, supera 60 asesinatos en menos de tres años de existencia. Con el mismo criterio de Bullrich, mañana podría salir Rodríguez Larreta a ufanarse de que la metropolitana no mató una sola persona entre 2017 y 2019, lo que sería también cierto. Ex Metropolitana y ex PFA hoy matan con uniforme celeste y granate.

Se excluyen de manera completamente arbitraria las muertes atribuibles al Servicio Penitenciario Federal, que, aunque no dependa orgánicamente del ministerio de Seguridad, sino del de Justicia, es una fuerza de seguridad federal. Se omiten también en el cómputo de "casos seleccionados" los menos (pero no pocos) casos con protagonismo de miembros de las fuerzas armadas (ejército, marina y fuerza aérea), indudablemente federales; los vigiladores privados (que son supervisados por el ministerio de Seguridad); los femicidios cometidos por miembros de las fuerzas (20% del total de femicidios a nivel nacional), como si esas mujeres no hubieran sido asesinadas a punta de reglamentaria, o los violentos de uniforme no utilizaran sus recursos como policías, prefectos, gendarmes, o policía de seguridad aeroportuaria para el encubrimiento y la búsqueda de impunidad, y los retirados, que estatutariamente conservan el estado policial.

El "contrainforme", entonces, sesga sus datos a partir de utilizar su propia definición de hecho represivo, que naturalmente jamás podría coincidir con nuestros criterios, abundantemente explicados en la presentación del Archivo de Casos. Vaya como simple ejemplo el caso "excluido como legítima defensa" de Ariel Santos, por el que fue escandalosamente absuelta en juicio oral la policía Carla Céspedes. Ariel fue fusilado por la espalda, cuando intentaba poner en marcha su moto para huir después de un frustrado robo en un supermercado chino. En lugar de ser juzgado y condenado por una tentativa de robo, la mujer policía le aplicó la pena de muerte sumaria y extrajudicial, conducta criminal que un tribunal oral premió con la absolución y el ministerio de seguridad con su reincorporación triunfante, como "ejemplo" para la fuerza, a través del programa Restituir. Ni hablar de la exclusión de los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel porque están "bajo investigación".

Finalmente, corresponde que agradezcamos a la ministra Bullrich que, con su ampuloso título "Ministerio de Seguridad de la Nación versus CORREPI", nos ubique en el lugar de "enemigo público nº 1" de su gestión, tarea a la que tanto esfuerzo venimos dedicando, para ser la voz de lxsrepresaliadxs y asesinadxs por su aparato represivo.

Brindaremos en el día de mañana el detalle prolijo de los números, fuerza federal por fuerza federal y caso por caso, y lxs esperamos en diciembre, en Plaza de Mayo, para la presentación del informe de la situación represiva y la actualización 2019 del Archivo de Casos, con resumen y repaso general de la totalidad de la gestión, repetimos, más represora desde diciembre de 1983.

Contra la represión,
¡Unidad, organización y lucha!
CORREPI - 30 de septiembre de 2019.