El gobierno está enviando una ley ómnibus al Congreso denominada “ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”. Una ley de emergencia con plenos poderes para afrontar, dicen, la delicada situación social. Dicha ley contaría con el aval de los gobernadores de Cambiemos y de sus diputados y senadores, salvo en cuestiones parciales como los plenos poderes para el Poder Ejecutivo. También la apoyarían los parlamentarios de Lavagna y tendría un tratamiento ultra exprés para aprobarlo esta semana.
La ley está presentada por el gobierno como que va a combatir los graves problemas sociales dejados por Macri.
Muchas de las medidas previstas causan simpatía entre el pueblo trabajador (bono a jubilados, tarjeta alimentaria a madres con hijos, rebaja parcial de los medicamentos, etcétera). ¿Pero qué esconde la ley? ¿Va a solucionar los graves males sociales? Opinamos que no. Porque mientras dispone paliativos parciales como son los bonos o plus para jubilados que cobran la mínima o a beneficiarios de la asignación por hijo, o va a restituir los medicamentos gratis a los abuelos que cobran la mínima, la ley tiene como centro el reconocimiento del endeudamiento de Macri (disponiendo la renegociación y pago de la usurera y fraudulenta deuda externa) y el mantenimiento del robo de las privatizaciones, entre otras disposiciones.
La ley dispone autorizar al Ejecutivo a “renegociar” la deuda externa con el objetivo de “tener un programa de deuda a 20 años con sustentabilidad en los vencimientos”. Con esto le quieren hacer pagar al pueblo trabajador por décadas una deuda que no contrajo, algo que el Frente de Izquierda Unidad siempre se opuso. Como dijimos en la campaña electoral, hay que hacer lo opuesto, desconocer el pacto con el FMI y que Argentina deje de pagar esa deuda usurera e ilegítima para que la palta vaya a salario y trabajo, no a los usureros internacionales.
La ley toca aspectos muy sentidos (jubilaciones, emergencia en salud, impuestos, etcétera), pero en muchos casos son medias tintas que no resuelven ningún problema de fondo. Los bonos de $5.000 para los jubilados que cobran la mínima para enero y febrero y el cambio en la fórmula para indexar sus ingresos (para no dar el aumento por inflación del año pasado que llegó al 55%) implica que no se les está dando a los jubilados un aumento sustancial hasta cubrir por lo menos la pérdida del 20% que se produjo en la era Macri y recuperar lo perdido ante la inflación. Tampoco se reestablece el 82% móvil.
Sobre las tarifas de los servicios públicos la ley dispondría congelarlas hasta junio, pero no retrotrae los tarifazos siderales que impuso Macri de la mano de las patronales del sector, generándoles siderales ganancias. Y mantiene el robo de las privatizaciones, es decir, el saqueo privado de nuestros servicios públicos esenciales por parte de multinacionales saqueadoras. Al contrario, consideramos que lo que hace falta es anular los tarifazos y recuperar las empresas privatizadas para que pasen a manos del Estado, quien brinde un servicio eficiente y accesible para millones bajo control de sus trabajadores y organizaciones de usuarios.
Lo mismo pasa con los medicamentos. Si bien se rebajarían los mismos en un 8% (cuando en muchos casos aumentaron hasta un 5.000 por ciento), lo que hace falta es retrotraerlos al valor de 2015, castigar a los remarcadores (laboratorios y grandes farmacias) y disponer que el Estado empiece a fabricar medicamentos gratuitos para millones.
La emergencia económica dispondría una fuerte suba de impuestos, ¿A quién y a qué sectores? ¿Qué se dice de los tremendos impuestos que paga el pueblo? No solo se van a mantener, sino que se van a eliminar hasta la rebaja del IVA de la canasta familiar y/u otros que el gobierno de Macri estuvo obligado a dar ante la extrema gravedad social y su crisis política. Se habla de una moratoria impositiva para las medianas y pequeñas empresas; "Bienes Personales" (el llamado “impuesto a la riqueza”) volvería a las alícuotas de 2015 (que eran mínimas comparadas con otros países) y las retenciones al campo no significaron un mayor impuesto, sino una actualización, ni se dispone diferenciarlas, según se trate de grandes terratenientes (para que paguen más) y pequeños productores (paguen menos). Lo que hace falta son impuestos progresivos a multinacionales, terratenientes y grandes empresarios que se la llevaron en pala en todos estos años.
A esto hay que agregar que el gobierno implementó un decreto que no prohíbe los despidos y suspensiones sino que fija una doble indemnización, permitiendo que siga la desocupación.
Sobre los “poderes especiales” para uso discrecional del gobierno, si bien dicen que sería para eliminar trabas que permitan implementar “medidas sociales”, sabemos que siempre terminan en contra del pueblo trabajador.
Además de los términos de la presente ley, el gobierno prepara una ley especial para beneficiar a las multinacionales expoliadoras de nuestro petróleo y el gas en Vaca Muerta y la burocracia del Smata acaba de anunciar el impulso de una ley para la industria automotriz que, seguramente, brindará nuevas disposiciones beneficiosas para las multinacionales del sector y más sacrificios para sus trabajadores. Asimismo, el gobierno ya manifestó que la flexibilización laboral va a avanzar por gremio.
Esta ley se enmarca en un plan más global del gobierno, que es impulsar un pacto social de la mano de la UIA, las grandes patronales, la burocracia sindical y la Iglesia, para llamar a los trabajadores a esperar, mientras las ganancias capitalistas siguen su curso.
En definitiva, si se va a pagar la deuda, mantener las privatizaciones, nada se dice de cómo frenar la fuga de capitales y se exime de impuestos a los empresarios, entre otras medidas, mientras se disponen solo paliativos para los que menos tienen, no habrá solución a los males sociales. Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llama a luchar por una salida de fondo para que la crisis la paguen los capitalistas, no los trabajadores.
Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, 17/12/2019
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