CORREPI: BOLETIN Nª 770

Boletín informativo nº 770, 9 de septiembre de 2015.

Sumario: 1. Al gobierno le respondemos en la calle. 2. Un cambio que no altera el funcionamiento: entra Kannemann. 3. Golpiza en Trelew y otros casos de gatillo fácil. 4. 9 años sin Julio López. 5. Dime quién te denuncia, y te diré qué hará el juez. 6. Próximas actividades.   Al gobierno le respondemos en la calle. Los días 26 y 28 de agosto, en la ciudad de La Plata, la policía de la Provincia de Buenos Aires asesinó a Juan Martín Yalet y Rafael Cobo. Uno de ellos fue fusilado dentro de un patrullero del Comando de Prevención Comunitaria (CPC); el otro fue tiroteado en el Centro Cultural “En eso estamos” por efectivos de la Policía Local –flamante caballo de batalla en la campaña presidencial del candidato del Frente Para la Victoria, actual gobernador de la provincia, Daniel Scioli. La agencia de noticias NOVA realizó una entrevista al secretario de DDHH de la Provincia, Guido “Kibo” Carlotto, con la intención de buscar una “explicación” a los hechos sucedidos. El funcionario, hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, declaró que “el compromiso es llegar hasta las últimas consecuencias, son órdenes del gobernador Daniel Scioli, y vamos a seguir trabajando en ése y en cualquier caso de gatillo fácil”. No nos cabe duda que indudablemente está en lo cierto. Que el compromiso es llegar hasta las últimas consecuencias, es un hecho comprobado a la luz de los resultados cotidianos: al incremento de los más de 10.000 efectivos en todo el territorio bonaerense, le sucedieron el aumento de las detenciones arbitrarias, la persecución en los barrios y la muerte por gatillo fácil y la tortura en comisarías. Por lo tanto, no resiste análisis comprobar que –de cara a las próximas elecciones definitivas- se esté –y continúe- trabajando en éste y en cualquier caso de gatillo fácil. Lo que no podemos permitir de ninguna manera, es que un funcionario del gobierno provincial, responsable político directo de cada uno de estos hechos, venga a querer pintarnos la cara de celeste cuando de fondo se escuchan los tiros. La realidad la vivimos, no necesitamos que nos la cuenten; menos aún que busquen dibujarla. Al gobierno le respondemos en la calle. Este viernes miércoles 11 de septiembre, a las 17:00, nos congregamos en la Plaza Moreno (12 y 51) de la ciudad de La Plata para movilizarnos contra el gatillo fácil y denunciar que no se trata de un hecho aislado, sino el resultado de una política sistemática del aparato represivo del Estado. Convocamos a todas las organizaciones políticas, gremiales, sociales y culturales a participar.  Un cambio que no altera el funcionamiento: entra Kannemann. El lector seguidor del fútbol argentino, al leer el titular, bien podría creer que esta nota es propia de un diario deportivo. Pero no, no vamos a hablar aquí del ex jugador de San Lorenzo de Almagro, sino de su tío (del mismo apellido) y de su rol en el equipo represor del uniforme verde oliva.  Para no “gambetear” el tema, bien vale una analogía futbolera. El pasado 3 de septiembre, el Estado Argentino anunció a través del Boletín Oficial el cambio en la cúpula de la Gendarmería Nacional. ¿Quién entró? El Comandante General  Omar Ariel Kannemann, por decreto firmado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Por si no lo conocen, se lo presentamos: el 18 de diciembre del año pasado, Kannemann recibió de manos de la presidenta el sable que simboliza su ascenso de Comandante Mayor a Comandante General, como premio por sus labores realizadas en el marco del Operativo Centinela en territorio bonaerense, bajo la estricta supervisión del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Este ascenso le valió, a partir del 20 de enero de 2015, la jefatura de la Región VI, como dirección de las provincias de Misiones (donde supo hacer buenas migas con el actual gobernador, Maurice Closs), Corrientes, Entre Ríos, y la jefatura del Destacamento Móvil Nº 5 de la fuerza en Santiago del Estero. Como podría pasar en un partido de fútbol, Kannemann ocupa este lugar ya que quien anteriormente era el titular, Enrique Zach, no convenció al cuerpo técnico. La salida -según anunció públicamente el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández- fue motivada por la represión de la Gendarmería hacia los choferes de la Línea 60 durante el corte del día 28 de julio en la autopista Panamericana. Este cambio se dio en un contexto signado fuertemente por lo electoral: el kirchnerismo debió lavar su cara y realizar la pantomima de que no iba a “tolerar este accionar” de cara a octubre. Lo paradójico es que el cuerpo técnico fue quien dio las órdenes para que Zach reprimiera, pero, para evitar el costo político, definió realizar el cambio. Fue el mismo Berni quien asumió, sin ningún pudor, la responsabilidad, cuando al día siguiente de la represión afirmó “yo di la orden” y calificó de incivilizados e inadaptados a los trabajadores de la 60. Para no ser menos, en los días posteriores a la represión, otro integrante del equipo técnico, Aníbal Fernández (sí, él que dijo que reemplazaban a Zach por la represión en Panamericana) intentó justificar la represión aduciendo que actuaron “de manera defensiva frente a los piedrazos y botellazos de los choferes”. Como dijo Berni, la intención no era defenderse, sino reprimir para desalojar la autopista y demostrarle a los trabajadores organizados que el estado, mediante sus fuerzas represivas, no va a tener pruritos en defender los intereses de la burguesía. Para rematar la metáfora futbolística, podemos decir que, pese a que salga Zach y entre Kannemann, el funcionamiento del equipo de la burguesía va a seguir la misma línea. Kannemann, como bien marca su trayectoria, va a cumplir el mismo rol que Zach. Y el equipo dirigido por el kirchnerismo (o cualquiera de los cuerpos técnicos con perspectivas a reemplazarlo en la conducción) dará las mismas órdenes.  En un futuro, cuando al cuerpo técnico “no le rinda”, será Kannemann el reemplazado y otro jugador de la represión entrará a la cancha a ocupar su lugar.  Golpiza en Trelew y otros casos de gatillo fácil. En los últimos días, en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Daniel Soria, de 24 años, fue brutalmente golpeado por patovicas en la puerta del boliche bailable en el que se encontraba, hasta dejarlo inconsciente. Desde ese día se encuentra en grave estado de salud, en coma inducido. Los hechos fueron registrados por cámaras de seguridad, en las que aprecia con claridad cómo Daniel –que intentaba separar a un amigo de una pelea- fue golpeado primero por un patovica, después por otro, y luego, ya en el piso, rematado con una patada en la cabeza. Como si fuera poco, en el video se puede observar la presencia de dos policías, que parados a un costado de la escena, no intentaron siquiera detener a los agresores –identificados con remeras con el nombre del establecimiento-. Así, de brazos cruzados, transmitiendo un mensaje tácito, algo así como “somos los dueños del territorio, de nosotros depende tu vida, el impedir que te maten o el no hacer nada para salvarla”. El mes pasado, ocurrió en Rosario otro hecho similar, con peor desenlace: el cuerpo de Gerardo Escobar apareció flotando en el Río Paraná el 30 de agosto, varios días después de ser visto por última vez cuando era golpeado por un patovica de un boliche del centro de esa ciudad. El asesino actuó en connivencia con otros tres guardias de seguridad, dos de ellos policías haciendo horas extras –a quienes se acusa, como mínimo, de encubrimiento-. Escobar pasó a engrosar el largo listado de los más de 4.400 asesinados a manos de las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia; una democracia burguesa que habilita el hostigamiento, el gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, entre otras acciones policiales que son moneda corriente para la cotidianeidad de miles de jóvenes. Estos casos se suman a otros, que en los últimos días son un ejemplo más de ese accionar que desde CORREPI denunciamos: también en Rosario, policías dispararon por la espalda contra un joven que intentaba escapar en moto después de haber robado a unos adolescentes; en Córdoba, otro joven también fue baleado por un policía que dijo que había entrado a su casa para robarle; en San Juan, en el mes de julio, un detenido fue encontrado muerto en el calabozo y la versión policial aduce que se ahorcó, aunque ya está comprobado que se trató de un homicidio. El juez a cargo de la causa fue separado a pedido de la familia de la víctima, luego de que, en conferencia de prensa, desligara a la policía de toda responsabilidad –sin prueba alguna-. Para muestra basta un botón, dice el dicho popular… sobran los botones hoy en Argentina.  9 años sin Julio López. El 18 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición de Jorge Julio López, tras haber dado su testimonio en el juicio que condenó a reclusión perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, y en el cual el compañero era querellante. Se cumplen nueve años de encubrimiento, mentiras y complicidad de todos los funcionarios e instituciones que componen el aparato estatal. Algunos intentan hacernos creer que la desaparición de López fue producto del accionar de algunos “resabios de la dictadura” que intentan imponer nuevamente el terror en la población, pero nosotros sabemos que no es más que un discurso que tiene  la finalidad de restarle culpabilidad y complicidad al gobierno de turno, un gobierno que está cerrando un período de 12 años enquistado en el poder,  que se autodenominó “de los DDHH” y tiene en su haber más de 2.800 muertos, torturados y desaparecidos en manos de sus fuerzas represivas. Un gobierno que no solo encubre, sino que aprovechó el hecho para decir a través de su vocera Hebe de Bonafini  que la desaparición del compañero fue  “parte de una gigantesca maniobra contra el presidente, al que le quieren tirar un desaparecido”. Evidentemente generar una maniobra específica para eso no era necesario, puesto que las fuerzas represivas matan, torturan y desaparecen sistemáticamente, y desde luego no actúan de manera aislada ni poseen políticas autónomas, sino que responden a una política de estado que tiene por finalidad el control y el disciplinamiento de las clases explotadas. Estas afirmaciones son comprobables a través de hechos concretos: las “políticas de DDHH” del gobierno kirchnerista, además de que mataron a más de 2.800 personas con el gatillo fácil y la tortura, es el gobierno que más presos políticos ha tenido desde 1983, y el que ha desarrollado como ninguno la “tercerización” de la represión, con el uso de sus patotas sindicales o partidarias para atacar sectores populares. Es el gobierno de las leyes “antiterroristas” y de las reformas cada vez más represivas de toda la legislación. Por eso sostenemos que la  lucha por la aparición con vida de Julio López no debe encararse como una defensa de la “democracia”, sino como la denuncia de la política represiva estatal y de su siempre renovado aparato represivo. El de Julio López no es un caso aislado, sino que es uno entre más de 200 desaparecidos en “democracia”, uno más entre miles de víctimas de la represión estatal, y demuestra la falsedad de aquel “fin de la impunidad” que anunciara Kirchner cuando logramos la nulidad de las leyes del perdón. Cuando se conoció la sentencia a Etchecolatz, los presentes coreaban “Vas a la cárcel, Etchecolatz/ No es el estado, es la lucha popular”, remarcando que el castigo al represor no fue producto de un accionar gubernamental, sino fruto de la lucha que el pueblo organizado da día a día en las calles, esa lucha popular que quieren amedrentar y disciplinar con sus políticas represivas. Por el contrario, por la memoria de los compañeros desaparecidos en pos de esa lucha es que debemos alzarnos y multiplicar sus voces para que los que se sientan amedrentados sean ellos.   Dime quién te denuncia, y te diré qué hará el juez. El viernes pasado, centenares de mensajes por todas las vías de comunicación posible alertaron a organizaciones y compañeros del campo popular que la policía federal, junto a la Autoridad Federalde Tecnologías de la Información (AFTIC), estaba allanando el local de la Asamblea del Cid Campeador, con orden de un juez federal de secuestrar los equipos del canal Antena Negra TV, que desde el 24 de marzo transmitía por la señal del canal 20. El operativo recordó los tan frecuentes en los ’90, cuando el menemismo perseguía a los medios alternativos y comunitarios. Pero ahora estaba ocurriendo bajo la vigencia de la Ley de Medios que el kirchnerismo presentó como el camino hacia “la democratización de la comunicación”. Además del decomiso de equipos, y de los golpes y empujones a quienes intentaban registrar gráficamente los hechos, la policía notificó en el momento al compañero Martín Sande, presidente de la Cooperativa Antena Negra TV, que está acusado por el delito de “interrupción de las comunicaciones” conforme el art. 197 del código penal, y que en breve será indagado por el juez federal Martínez Di Giorgi. Sin entrar en detalles técnicos (recomendamos a quienes quieran interiorizarse del tema que lean el comunicado publicado por la Red Nacional de Medios Alternativos –RNMA- el 8/9/2015), lo que define el carácter de esta causa penal, que viene tramitando en silencio y sin derecho de defensa desde el mes de abril, es quiénes son los denunciantes. Resulta ser que las “comunicaciones interrumpidas” no son otras que las de la conocida empresa de seguridad privada PROSEGUR, que por cierto no emite programación audiovisual alguna, sino que usa la frecuencia en cuestión en su giro comercial. Dicho más claro, PROSEGUR viene usando esa frecuencia para la comunicación por señales radioeléctricas entre sus “objetivos” (en la jerga, los lugares en los que PROSEGUR controla la seguridad), su base de operaciones y las dependencias dela Policía Federal Argentina. El primer denunciante en la causa contra los compañeros es la multinacional General Industries Argentina SA (GIASA), que en 2009 se fusionó con PROSEGUR. Su apoderado acompañó al expediente la lista de “objetivos” que “se ven afectados” por las emisiones de Antena Negra TV, y su sola enunciación explica que, en cinco meses, se reunieran más de 500 fojas de expediente en rigurosa ignorancia de los denunciados, a los que sólo se notificó ante el hecho consumado del allanamiento, secuestro de equipos y citación a indagatoria: Aeropuertos Argentina 2000, Bancos Comafi, San Juan, HSBC, Galicia, ICBC, Macro, Nación, Citibank, Santander Río, Supervielle, BBVA Francés, Itaú y Patagonia, Caja de Valores, Consejo Federal de Inversiones, Fabricaciones Militares, Embajada de Israel, Tesorería de la PFA, residencia del embajador de Arabia Saudita y ¡Secretaría de Inteligencia del Estado!. Semejantes “objetivos” explican también que la PFA y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) se sumaran como denunciantes, y que el juez federal se lanzara sin pruritos a proteger el negocio (gran negocio, por cierto) de la seguridad privada. Los compañeros María del Carmen Verdú (CORREPI) y Martín Alderete (CADEP) asumirán la defensa técnica del compañero Martín Sande y de la Cooperativa Antena Negra TV en la causa penal. Todos debemos asumir la defensa solidaria de la comunicación popular, que es nuestro derecho.

Próximas actividades.   (¡Agenda completa!)  Viernes 11, 17.30 hs. Plaza Moreno (12 y 51) La Plata: marcha contra el gatillo fácil. Convoca colectivo contra el gatillo fácil Sábado 12, en Río Gallegos: charla en UNPA (Universidad Nacional de la Patagonia Austral), invita Comisión de DDHH de Río Gallegos Lunes 14, 17.30 hs. Charla “Las violencias en el ámbito escolar” con la Agrupación docente Carlos Fuentealba de Lomas de Zamora. Eje: “¿Cómo nos posicionamos frente a la violencia policial que atraviesan cotidianamente los pibes en los barrios?”. Martes 15, 18 hs en La Plata, calles 122 y 50, BIM3, Facultad de Humanidades: charla en el marco de los 9 años de la desaparición de Julio Lopez Miércoles 16, 13 hs. en el Congreso Nacional (Sala II del 2º piso del anexo): audiencia pública por represión en el INTI Viernes 18, 17.30 hs. Congreso A Plaza de Mayo: Movilización a 9 años de la desaparición de Jorge Julio López Sábado 19 a las 19 hs. en el Centro Cultural Santoro (Avellaneda): festival antirrepresivo, panel sobre gatillo fácil, represión y estigmatización de la juventud

CTA AUTONOMA: RESOLUCIONES DE LA MESA NACIONAL

Buenos Aires, miércoles 9 de septiembre de 2015 Libertad y democracia sindical La Conducción Nacional de la CTA Autónoma votó por unanimidad la continuidad de Pablo Micheli como Secretario General

La Mesa Nacional de la CTA Autónoma se reunió esta tarde en su sede nacional. En el marco de un debate amplio, democrático y participativo, el secretariado consideró inoportuna la renuncia de Pablo Micheli como Secretario General. Se manifestó un completo apoyo y confianza a Pablo Micheli como el compañero que debe continuar liderando este proceso de construcción de una central de masas. Asimismo se acordó en la necesidad de fortalecer la Central en el marco del ajuste que va a imponer el nuevo gobierno nacional, y que va a necesitar una CTA que aglutine los focos de resistencia, protagonista del conflicto social, en la calle, movilizada. En este sentido se decidió continuar y profundizar el debate político, y la realización de una reunión de Mesa Nacional de dos días los próximos 30 de septiembre y 1 de octubre, con presencia de los secretarios generales de las provincias. Saludo al triunfo de ANUSATE en ATE Nacional La Mesa Nacional de la CTA Autónoma saludó el triunfo de la Lista Verde ANUSATE en las elecciones de la Asociación Trabajadores del Estado el pasado 2 de septiembre, que llevaron a Hugo “Cachorro” Godoy como Secretario General y a Julio Fuentes como Secretario Adjunto, por considerarlo un triunfo de la CTA Autónoma. La Mesa valoró además que en esa fecha se reivindicó ampliamente la democracia sindical en el ámbito de los trabajadores del Estado con la participación de más de 100 mil afiliados que se acercaron a votar, convirtiendo la elección en un acto de masas, eligiendo a la fórmula de Godoy y Fuentes para conducir el sindicato por lo próximo 4 años

FRENTE DE IZQUIERDA: CONFERENCIA DE PRENSA

Hoy jueves a las 16.30 horas, el Frente de Izquierda realizará una Conferencia de Prensa en la que presentará las listas que participarán en las próximas elecciones el 25 de octubre. La misma será en el Hotel Castelar (Av. de Mayo 1152, CABA) y contará con la participación de los principales candidatos nacionales del FIT.

Estarán Nicolás Del Caño, candidato a presidente junto a su vice, Myriam Bregman, acompañados por la fórmula de la Provincia de Buenos Aires, que encabezan Néstor Pitrola, candidato a gobernador, -quien a su vez encabeza la lista a diputados nacionales por la Provincia-, y Rubén “Pollo” Sobrero, candidato a vicegobernador. 

Asimismo, participarán los principales candidatos a diputados nacionales. Gabriel Solano, por CABA, Liliana Olivero por Córdoba, Claudio Del Plá por Salta, Octavio Crivaro y Jorgelina Signa por Santa Fe. Andrea Dátri y Marcelo Ramal, candidatos al Parlasur nacional y Juan Pablo Rodríguez y Romina Del Plá, candidatos a Diputado y Senadora por la provincia de Buenos Aires, respectivamente.

MOVILIZACION DE FERROVIARIOS DESOCUPADOS

HOY 14:30 HS CONCENTRACION Y MARCHA A NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS AV. LIBERTADOR Y RAMOS MEJIA - (RETIRO)

Hoy, 10 de septiembre de 2015, a las 14.30 horas, habrá una movilización de trabajadores desocupados de Ferrocarriles Argentinos. Avenida Libertador y Ramos Mejía - Retiro (sede de Ferrocarriles Argentinos). Allí reclamarán la reincorporación de los trabajadores despedidos y entregarán un documento en el cual resaltan su oposición a las tercerizaciones. Asimismo destacan la importancia de proyectar un verdadero plan de obra ferroviaria. La CTA Capital adhiere en forma activa al reclamo de los trabajadores.

ADEMYS: CONCENTRACION FRENTE A LA PROCURACION

La Asociación Docente ADEMYS convoca a una concentración y corte de calle el miércoles 9/9 desde las 10 horas frente a la Procuración de la Ciudad (Uruguay 440 y Corrientes), en reclamo del cese del sumario y la restitución a sus cargos a la maestra y la directora del Jardín Nº 2 de Flores, tras la muerte de Agustín Marrero.

 

 

Miércoles 9, 10 horas

CONCENTRACIÓN FRENTE A LA PROCURACIÓN

Alejandra y Elsa tienen que volver. Frenemos el sumario

 

Luego del gran paro y movilización del 15 de julio que encontró a la docencia en pie de lucha reclamando justicia para Agustín, la restitución de la directora y la maestra del JIC 2 de Flores y políticas públicas que atiendan la crisis social y educativa en la ciudad, la dirección de la UTE y el resto de los sindicatos convocantes han resuelto unilateralmente cerrar todo proceso de lucha sin conquistar ninguno de los reclamos.

    En distintas reuniones y asambleas públicas, las direcciones de UTE, Sedeba y Camyp rechazaron el planteo de Ademys de darle continuidad al plan de lucha con un nuevo paro y movilización al Ministerio de Educación en un contexto en el que el gobierno había sido fuertemente golpeado por el pronunciamiento unánime del gremio, como hacía años no se producía.

    Mientras tanto, el gobierno avanza con el sumario. Según trascendidos, las profesionales del Equipo de Orientación Escolar del Distrito Escolar 12 habrían sido citadas a declarar como parte de ese proceso. Por otro lado, según información periodística (La Nación, 4/9/15), el fiscal Sandro Abraldes habría ordenado investigar el "entorno" de Agustín: la niñera, la maestra, la directora del jardín y cinco vecinos del edificio, bajo la sospecha de que la muerte de Agustín fue "anunciada" y que hubo "pasividad" por parte de estas personas. 

    De esta manera brutal, el gobierno y la justicia descargan la responsabilidad por los efectos de la crisis social de la que son plenamente responsables.

 

Sólo con la movilización podemos parar esta ofensiva

La decisión del Ministro de Educación, Esteban Bullrich, y del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, forma parte de una orientación de fondo, compartida por el kirchnerismo y el gobierno nacional: poner en el banquillo de los acusados a los docentes, y responsabilizarlos por los efectos de la crisis social y educativa; los docentes, desde este punto de vista, deben ser evaluados no sólo por la "calidad educativa" de la que serían plenamente responsables, sino incluso por las situaciones en que viven los niños y jóvenes más allá de las escuelas.

    Se trata de una ofensiva profunda contra los trabajadores de la educación y de una operación de auto absolución del propio Estado frente a la responsabilidad política por la profundización de la crisis social y el estallido de esa crisis en las escuelas, sin recursos, presupuesto y personal necesario.

    Llamamos a participar masivamente de la convocatoria impulsada por Ademys para este miércoles 9 a las 10 horas frente a la Procuración, lugar responsable del proceso de sumarios y, en particular, del sumario a Elsa Vincova y Alejandra Bellini.

    Reclamamos que la Legislatura porteña dé tratamiento y aprobación al proyecto de ley presentado por Marcelo Ramal del Frente de Izquierda -y elaborado conjuntamente con profesionales de los EOE-, por nombramiento de psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos, como mínimo, a razón de un profesional cada 500 alumnos, y que el Ministerio de Educación informe las razones por las cuales propició el vaciamiento del programa desde hace años.

 

-Justicia por Agustín y todos los niños y jóvenes víctimas de la crisis social.

-Restitución de Elsa y Alejandra al jardín. No al sumario.

-Por políticas públicas para la niñez y adolescencia: nombramiento de profesionales en los EOE, personal y presupuesto para las Defensorías Zonales, pase a planta y nombramiento de personal de Desarrollo Social y otras dependencias, condiciones dignas para los hogares de niños y jóvenes judicializados.

-Aumento del presupuesto para los Servicios Sociales (Educación, Salud, Vivienda, Trabajo, etc.) que atiendan a la crisis social que las políticas del gobierno nacional y de la ciudad han profundizado.

 

MIÉRCOLES 9/9, 10hs. CONCENTRACIÓN EN LA PROCURACIÓN DE LA CIUDAD, Uruguay 440

Convoca: Ademys Se entregarán constancias de actividad gremial

 

TRIBUNA DOCENTE CAPITAL

Lista Rosa Nacional

Conducción Multicolor en Ademys

Frente Multicolor en UTE-Ctera

LA PLATA: CHARLA SOBRE GATILLO FACIL

Charla sobre Gatillo fácil: "No es un policía es toda la Institución"

Jueves 10 de Septiembre 18hs Aula 4

Facultad de Trabajo Social calle 9 y 63

 

Hablan:

Dr. Matías Busso de la Fundación de Investigación de Estudios Legales Argentinos (FIDELA)

Angélica Urquiza: Madre de Quiqui Lezcano (Asesinado en Villa Lugano)

Vanesa Orieta: Hermana de Luciano Arrua.

Organiza: Agrupación Gustavo Legardon (Trabajo Social)

Agrupación uturuncos (Humanidades)

Movimiento Estudiantil Liberación

Auspicia: Comisión de DDHH de la Facultad de Trabajo Social

TRABAJADORES DEL SUBTE: RADIO ABIERTA EN LA ESTACION CORRIENTES LINIEA H

RADIO ABIERTA EN LA ESTACIÓN CORRIENTES LINEA H

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de septiembre de 2015.-

         

Desde la Secretaría de Prensa y comunicación de la AGTSyP. informamos que estaremos dando inicio a los festejos por el quinto aniversario de SUBTERADIO - 101.7 FM, la radio de los trabajadores y las trabajadoras del subte, el miércoles 9 de septiembre a partir de las 17 y hasta las 21 horas y por ello la radio transmitirá desde el hall de la Estación Corrientes de la Línea H.

En esta oportunidad, se tratará de una emisión especial de los programas Dos horas menos (https://www.facebook.com/dos-horas-menos) y Mentes paganas (https://www.facebook.com/mentespaganas). Los invitamos a acercarse y participar, habrá sorpresas y premios.

Además de escucharse a través del 101.7FM en la zona de Almagro, Boedo, Palermo y Once, también se podrá escuchar desde la web www.subteradio.com.ar y en los smartphones, con la aplicacion de SUBTERADIO - 101.7FM para Android http://app.appsgeyser.com/Subteradio/

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 SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN

ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL SUBTE Y PREMETRO

9 DE SETIEMBRE PARO DE DOCENTES BONAERENSES

Tras la multitudinaria movilización docente bonaerense

Miércoles 9: ¡Todos al Paro Docente Provincial!

  

Ante la destrucción de la escuela pública y el salario por el gobierno de Scioli, Cristina y el FPV, los docentes bonaerenses seguimos de pie y redoblamos la lucha en esta última parte del año. Votado en el marco del Plenario Provincial de Delegados convocado por los SUTEBA disidentes, luego de la multitudinaria movilización docente de hoy en La Plata (ver fotos adjuntas) y la gran presencia de estatales, vamos todos al paro provincial de mañana, miércoles 9.

Reclamamos la reapertura de la paritaria, aumento salarial ante la inflación, el pago a tiempo y rechazo a los descuentos. Además de infraestructura, ante la grave crisis edilicia; en defensa del IOMA y contra el creciente deterioro en las condiciones de trabajo.

Los trabajadores de la educación le hacemos frente a la crisis, le ponemos el cuerpo a diario en las aulas y por eso exigimos dignidad. Ante esto debemos convocar a toda la comunidad a sumarse y dar la batalla en las calles. Además, no luchamos solos, el 8 para ATE por la muerte de un trabajador de infraestructura escolar que cayó de una escalera en malas condiciones. Y también hay medidas de CICOP (salud) el 9 y el 17. Es necesario unificar toda la lucha en una sola acción provincial.

Lamentablemente, la Celeste de SUTEBA Provincia solo organiza jornadas distritales para “mostrar cómo se puede concretar pedagógicamente la inclusión educativa en todos los niveles, integrando a todos…”. Son jornadas que encabezan los dirigentes de SUTEBA y de la CTERA, cuando 6 provincias están con paros en vez de llamar a una lucha nacional. Si bien es necesario “dar a conocer las experiencias educativas” y mostrar “proyectos”, pero en el marco de luchar por un mejor salario y mayor presupuesto para poder enseñar.

Cuando hay un sostenido ajuste para descargar la crisis y el vaciamiento de la educación sobre los docentes, trabajadores y la comunidad, la cúpula Celeste se hace más oficialista al bancar a Scioli, Aníbal Fernández y Sabatella, el candidato a vicegobernador afín a Baradel.

Es hora de decir: ¡Basta de ajuste! ¡Plata hay! ¡Debe ir a salario, educación, salud y empleo! Se debe suspender el pago de la ilegítima deuda “pública”, ajustar los privilegios de las corporaciones y los políticos y poner impuestos a los ricos, no al salario.

En 8 años, Scioli achicó el presupuesto educativo del 33% al 27% en 2015. Mientras aumentó los subsidios a los colegios privados de $ 4.500 millones en 2013 a $ 6.700 millones este año. ¡Basta de subsidiar a la enseñanza privada y clerical! ¡Plata para aumentar el salario docente y el presupuesto de la escuela pública, estatal!

·         Por eso luchamos por una educación de calidad.

·         Martes 8, todos a la movilización a La Plata

·         Miércoles 9, ¡todos al paro docente provincial!

TPR: ¡JUSTICIA POR CRISTIAN CRESPO!

Comunicado de Prensa de la TPR

Martes 8 de septiembre de 2015

¡Justicia por Cristian Crespo!

VILLA SOLDATI: ¡CÁRCEL A

 

BASAVILBASO, LARRETA, MACRI E

 

 IBARRA!

Piquete de los vecinos de Soldati

Consultado sobre la muerte de Cristian Crespo por el derrumbe de un balcón en un complejo habitacional de Villa Soldati, Juan Marino, dirigente de la Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), declaró que “para que haya justicia por Cristian Crespo, tienen que pagar los responsables políticos de su muerte, que son Emilio Basavilbaso, presidente del IVC, Larreta Macri e Ibarra. Seguimos sufriendo las consecuencias de la Ciudad Cromañón que estos gobiernos sostienen”.

Marino explicó que “en 2001 se aprobó la Ley 623 de Emergencia Edilicia y Ambiental, que obligaba al gobierno de la Ciudad a garantizar la refacción y el mantenimiento de distintos complejos habitacionales, entre ellos el complejo donde murió Cristian. Tanto Macri como Ibarra se negaron a cumplir dicha ley, y son por lo tanto responsables políticos de este crimen. Lejos de tratarse de un caso de desidia, como lo caracterizó el kirchnerista Página 12, hubo dos fallos judiciales, de primera y segunda instancia, intimando al gobierno de Macri a cumplir la Ley 623 y refaccionar todo el complejo de Soldati, incluyendo el del nudo 10 donde se encontraba Cristian, a través del IVC. El presupuesto, sancionado por ley, es subejecutado en esta materia por parte del IVC, que sólo ejecutó 17 millones sobre 195 en el Programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos, como el edificio en cuestión. Mientras el PRO premia a su propio candidato, Niembro, con una millonada. Según la Organización Civil Defendamos Buenos Aires, hay 199 balcones de edificios dependientes del IVC en condiciones similares al balcón donde ocurrió el crimen. Queda claro por lo tanto que han actuado con plena consciencia de que estaban incumpliendo leyes y fallos judiciales, y por eso deben ser destituidos y encarcelados como responsables del fallecimiento de Cristian”.

El balcón del cual cayó Cristian

El dirigente de la TPR agregó que “denunciamos al PRO que busca garantizar la impunidad de Basavilbaso, Macri y el propio Ibarra. Han bloqueado, en la Comisión de Vivienda de la Legislatura, la interpelación a Basavilbaso, requerida por el FIT y el FPV, así como también la interpelación al actual jefe de gabinete porteño, Rodríguez Larreta, requerida por el FIT. En el comunicado oficial del IVC se lavan las manos e incluso inculpan a los inquilinos de los complejos de Soldati acusándolos por no pagar las expensas, lo que contribuye una provocación de parte de un gobierno de que subejecuta el presupuesto destinado por ley a mantener esos complejos. Los incumplidores están en el gobierno, no entre los vecinos. Denunciamos el silencio cómplice de Martin Lousteau ante este hecho, el cual demuestra su carácter macrista. Llamamos la atención sobre la posición del FPV, que a través de su legisladora Paula Penacca ha declarado que asistimos a un caso de incumplimiento de deberes de funcionario público, pero que a partir de ello no ha planteado la destitución de los funcionarios responsables. El FPV, con Aníbal Fernández a la cabeza, ha denunciado al macrismo solamente, ocultando que los K han llevado en sus listas a Ibarra, otro de los principales responsables, y negándose a reclamar la cárcel a los responsables. Llamamos al FIT a reclamar no solamente la interpelación de Basavilbaso y Rodríguez Larreta, sino también que la Legislatura cite a declarar a Macri e Ibarra, y pronunciarse por el juicio, castigo y la cárcel para todos ellos”.

MOVILIZACION DE LOS INTEGRANTES DE ANTENA NEGRA TV

 Buenos Aires,  Martes 8 de septiembre de 2015

Judicialización y secuestro de equipos en canal comunitario  ANTENA NEGRA TV

CONVOCATORIA EL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE A CONCENTRARSE

A LAS 16 EN PERU Y AV. DE MAYO

Este lunes integrantes de Antena Negra TV tomaron conocimiento de la causa que cursa en el Juzgado Nacional N° 8, secretaría 15 a cargo del juez Martínez de Giorgi en lo Criminal y Correccional, por INTERFERENCIA DE LAS COMUNICACIONES, cuyo demandante es la empresa multinacional GIASA- PROSEGUR.
La Autoridad Federal de Tecnologías de la Información (AFTIC) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) fueron llamadas a testimoniar  el día 12 de agosto pasado en el marco de la causa. Lo cierto es que la falta de políticas claras para que exista plena aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual explican las contradicciones en las declaraciones de las autoridades de la AFSCA quienes negaron la ilegalidad de Antena Negra TV como medio comunitario aclarando, a su vez, que ningún derecho los ampara.
El fundamento de la ASFCA es la falta de participación en los concursos  de Antena Negra TV. Lo cierto es que nunca se abrieron para la categoría “Licenciatario Operador de Medios sin fin de lucro, con cobertura en toda Capital Federal” que es la requerida por el canal.
Es decir, el organismo estatal, que debe garantizar la reserva del 33% que marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para  los medios sin fines de lucro, no otorga al canal la posibilidad de tener una licencia pero luego se le exige ante un conflicto con el sector privado.
En ese sentido, AFSCA se desentiende de la responsabilidad dándole vía libre a AFTIC para que actúe.  Por lo tanto, el viernes 4 de septiembre la Policía Federal (PFA) junto con la AFTIC - quien absorbió a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) -, realizaron un allanamiento en el canal de televisión comunitario Antena Negra TV. Se llevaron todos los equipos de transmisión (transmisor, potencia, computadoras) y dejaron el espacio destruido (roturas de puertas, computadoras, cámaras y todo lo que encontraron).  La orden  fue  emitida por el magistrado Martínez de Giorgi en el marco de una causa donde se imputa a un integrante de la cooperativa Antena Negra TV LTDA.
Durante todo el operativo la Policía Federal actuó con violencia para con los que allí se encontraban. Al retirar los equipos secuestrados empujaron y forcejearon con quienes manifestaban su rechazo a esa acción, tirando al piso a varios de ellos, incluso a periodistas que cubrían los hechos (tal como se aprecia en varias imágenes filmadas y fotografiadas).
Desde que el canal comenzó a transmitir por la señal del canal 20 de la Televisión Digital Abierta (506 a 512 Mhz) se vio presionado a salir del aire por el argumento de PROSEGUR que indicaba que tenían permiso para utilizar la frecuencia 511 mhz para radioenlaces entre la empresa y la Policía Federal Argentina. Dicho uso de la señal por parte de la compañía se encuentra en clara violación de lo dictaminado tanto por leyes internacionales como nacionales.
El usufructo de ese espacio fue cedido inconstitucionalmente a esta empresa privada durante la presidencia de Carlos Menem, ya que Argentina mediante Ley Constitucional 23.478, (que refrenda el convenio internacional de Nairobi) asignaba esas frecuencias a radiodifusión, es decir, radio y televisión abierta. Hoy en día, a pesar de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en octubre del 2009, la situación sigue siendo la misma.
En el Decreto 2456 del  15 de diciembre del 2014, el propio Poder Ejecutivo de la Nación ordenó la inmediata liberación de la frecuencia correspondiente a la señal 20 por parte de cualquier servicio que no sea radiodifusión, entregándola al exclusivo uso de Televisión Digital Terrestre Abierta. Este decreto presidencial  indica que la frecuencia es de uso exclusivo para radiodifusión.  Aun así, nada de esto se cumple en la práctica.
Ante la ilegalidad del uso de la señal por parte de PROSEGUR y Antena Negra TV, este último en su carácter de medio de comunicación tiene la legitimidad del uso. Sin embargo la decisión política, que responde a intereses económicos, fue secuestrar los equipos del canal comunitario beneficiando a la empresa privada.
Desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) creemos que la comunicación no puede seguir siendo un negocio. Entendemos a la comunicación como un derecho: derecho a estar comunicados y a comunicar, como así también al acceso libre a las tecnologías que lo permiten; no como una mercancía.

Exigimos:

• LA DEVOLUCIÓN DE LOS EQUIPOS A ANTENA NEGRA TV.
  
• EL CIERRE DE LA CAUSA PENAL ABIERTA CONTRA UN INTINERANTE DEL CANAL.
  
• PERMISO PROVISORIO PARA QUE ANTENA NEGRA VUELVA A OPERAR EN AIRE EN TELEVISION DIGITAL ABIERTA HASTA QUE HAYA CONCURSOS PARA LA CATEORÍA “LICENCIATARIO OPERADOR DE MEDIOS SIN FIN DE LUCRO, CON COBERTURA EN TODA CAPITAL FEDERAL” Y TOME PLENA VIGENCIA LA LEY DE MEDIOS.
  
• LA ELABORACIÓN DEL PLAN TÉCNICO Y RESERVA EFECTIVA DEL 33% PARA EL SECTOR SIN FINES DE LUCRO.

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BATUCADA EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA

BATUCADA EN EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

HIPÓLITO YRIGOYEN 250

En nombre y representación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Consejo Directivo Capital Federal, nos dirigimos a los medios de comunicación y a la población en general a fines de informar lo siguiente:

Hoy, miércoles 9 de septiembre a las 12:30 hs, en Yrigoyen 250, las Juntas Internas de ATE Ministerio de Planificación y Ministerio de Economía, realizarán una medida conjunta.

La misma constará de una batucada en el hall del 2do piso y posterior acto en la puerta del edificio, en reclamo por Aumento Salarial y Pase a Planta Permanente.

MARCHA DE CARTONEROS PARA PELEAR POR SUS DERECHOS!!

DENUNCIA PENAL POR ESPIONAJE K

7 09 2015

Primer hoja de la denuncia

Este lunes 7 por la mañana el legislador porteño de Bien Común y titular de la Alameda presentó la denuncia penal por espionaje político realizado desde la Procuración hacia su persona y otros miembros de la organización que encabeza. A Gustavo Vera lo acompañó el secretario general de empleados judiciales, Julio Piumato.

A las 18.30 hs. se hará el Ojotazo a la sede de la Procuración, en av. de Mayo 760. Se llama Ojotazo en referencia a la ex área de los espías llamada Ojota como se conocía a la Dirección de Observaciones Judiciales de la ex SIDE.

DENUNCIA PENAL.

PROMUEVE DENUNCIA

EXCELENTÍSIMA CÁMARA:

GUSTAVO JAVIER VERA, en mi carácter de Ciudadano y Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en la calle Perú Nº 160 de esta Ciudad, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

I.- OBJETO:

Vengo a denunciar actos realizados por la oficina de sistemas de observaciones judiciales, los cuales pueden eventualmente considerarse, incursos en una asociación ilícita, espionaje ilegal, extorsión y amenazas. La misma está organizada para hacer espionaje político en forma espuria, en clara violación a las leyes vigentes en materia de inteligencia y los principios constitucionales de legalidad y reserva, plasmados en los artículos 18 y 19 de nuestra Carta Magna. 

II.- LEGITIMACION.-

Entiendo que como ciudadano que ostenta el cargo de Diputado de la Ciudad, me cabe la obligación legal establecida en el art. 177 del CPPN habida cuenta de que la fuente pública de la “notitia criminis” se ha dado durante el ejercicio de mi función como representante.

Reitero es mi deber como representante del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, efectuar la denuncia correspondiente ante la posibilidad de un delito, no teniendo conocimiento hasta la fecha de que se ha iniciado investigación de oficio sobre la posibilidad de conductas contrarias a la ética y transparencia en la función pública.

III.- DE LOS ACTOS QUE SE DENUNCIAN

Es de vital importancia dar prontamente inicio a una investigación integral dado que lo manifestado en la denuncia, amerita actuar en tal sentido y dar respuesta concreta a la sociedad de las causas que originan el comportamiento irregular mencionado.

Debemos impulsar y utilizar los mecanismos de control ya sea en forma particular o en representación del pueblo, denunciado hechos vinculados a delitos que promuevan la lesividad contra la Nación y sus ciudadanos.

Para alcanzar los objetivos mencionados los sistemas deben asegurar el control de la información no sólo por parte de los órganos encargados de su aplicación sino por los ciudadanos y por los medios de comunicación. Por ello, el carácter público de la información deviene en requisito esencial de tales sistemas.

Un régimen eficaz resulta de la combinación de varios elementos organizados coherentemente para lograr su fin: 1.- normas jurídicas que establecen obligaciones a los funcionarios públicos y prescriben sanciones a los incumplimientos; 2.- organismos públicos encargados de administrar y controlar el funcionamiento del régimen y 3.- herramientas tecnológicas para hacer operativo y eficiente tal funcionamiento; y como también es importante que una vez determinada la responsabilidad, se aplique las sanciones correspondiente conforme delito tipificado en el código penal sin distinciones.

En este sentido, la conducta de las personas que denuncio estarían denotando una conducta en discordancia con lo establecido en la legislación vigente; revistiendo esta conducta de una calidad de relevancia, en razón de la importancia que representan para el pueblo argentino, por lo que deviene necesaria esta actividad impulsora del proceso penal, a fin de clarificar las cuestiones y en caso de que se verifiquen irregularidades se determinen las responsabilidades penales que correspondan, independientemente de las consecuencias políticas que traiga aparejada esta situación anómala.

Es oportuno señalar que asumiré el rol de querellante no solo como ciudadano sino también en aras del interés difuso ínsito en el art. 43 de la Carta Magna local y Nacional, ya que hechos como los descriptos generan inseguridad en la población.

A partir de haber tomado conocimiento que daba cuenta de la aparente conducta ilícita de la oficina dela Dirección de Observaciones Judiciales (conocida por las iniciales de OJOTA de la ex Secretaría de Inteligencia),  he de formular la presente denuncia en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.

Este acto da  elementos que sirven a vulnerar nuestro sistema de derecho, tornándolo oscuro y deleznable en toda la ocupación de nuestro territorio. 

La información recibida hace ya unos días y debidamente analizada y validada, indica que el mentado organismo conducido por la Dra. Cristina Caamaño Pais, no solo dirige las escuchas legales judiciales, sino que también conduce la totalidad o buena parte de las escuchas ilegales realizada por el Gobierno Nacional.

Puntualmente, poseo información, que aportará el testigo, referente a que existiría un memo interno sin firma pero con membrete oficial de la Procuraduría, donde hacía especial hincapié en el espionaje de los celulares, mail, mensajes y whatsapp de “los alamedenses” (sic según mi fuente). Es más pude confirmar que se vertían los nombres y apellidos de mi persona, los dos letrados de la Fundación Alameda Mario Fernando Ganora y Carlos Beizhun, y otros miembros de la Fundación y mis asesores en la Legislatura porteña, Lucas Enrique Schaerer y Facundo Carlos Antonio Lugo, como mi asesor en seguridad y empleado asesor de la entonces ministra de Seguridad Nacional, Nilda Garré.

No es menor que el memo del espionaje círculo el día 12 de agosto del corriente año, el mismo día que regresaba de una estadía en el Vaticano  y también mi  asesor y miembro de la Alameda, Lucas Schaerer, quien junto a su familia participamos del bautismo de sus hijas en la capilla de Santa Marta realiza por el propio Sumo Pontificio Francisco, llamado Jorge Mario Bergoglio.

En tal sentido existen en primer lugar en la sede de la Procuraduría General de la Nación, sita en la  Av. De Mayo Nº 760, de esta ciudad, con salida también por la calle Hipólito Yrigoyen, varias oficinas, aparentemente ubicadas en los pisos primero y segundo, en cuyos ingresos no se visualizan carteles identificatorios y cuyas puertas estarían siempre cerradas con llave, constituyendo áreas absolutamente restringidas.

Cabe señalar que cuando los empleados preguntan que funciona en esos lugares, se les miente diciéndoles que hay in situ una Auditoría Externa financiero contable.

En segundo lugar la fuente de información que ofrecemos como testigo, Jorge Omar Ramón Rodríguezex miembro del Ministerio de Seguridad Nacional que trabajó bajo órdenes de la Dra. Caamaño durante dos años y medio, me indica que esta estructura de espionaje dispone de un galpón en cercanías del ex Hospital Francés. En este sentido, y luego de un minucioso análisis, puedo afirmar, que el sitio en cuestión no es un galpón sino que en realidad son tres fincas contiguas ubicadas en la calle Estados Unidos 3045, 3057 y 3059, entre Gral.Urquiza y La Rioja.

Estas fincas de la calle Estados Unidos resulta ser una ex “cueva” (como se la denomina en la jerga) operativa del ex director general de la entonces Servicio de Inteligencia (SI), Antonio Horacio Stiuso, la cual tenía como fachada el aparente funcionamiento de la Oficina de Personal de la ex SI. Estas fincas jamás tuvieron carteles identificatorios y han tenido siempre sus persianas bajas.

A mayor abundamiento sobre el fondo de la cuestión, debo decir que el día del derrotero sufrido por el Sr. Stiuso, ya en horas de la madrugada, testigos que presentaré en el apartado de la carga probatoria, pudieron observar como dos camionetas eran llenadas con cajas y expedientes, en tanto contaban con un par de coches de apoyo separados entre sí unos cien metros.

Volviendo al tema central que me ocupa, debo señalar que la oficina legal de Caamaño de Av.de Mayo concentraría toda la papelería y la operatoria judicial que antes estaba en manos de la OJOTA de la SIDE. Asimismo en la “cueva” de la calle Estados Unidos se trataría básicamente toda la operatoria ilegal con las consabidas escuchas y espionajes y habría allí, buena parte del hardware millonario, puesto en manos oportunamente de Milani  por parte de la entonces Ministro de Defensa de la Nación, Nilda Garré.

La fuerza de tarea (en inglés conocido como task forcé) de  la Dra. Caamaño, de muy reciente formación, está integrada por empleados y funcionarios kirchneristas de la Procuración y fue “fortificada” además con distintos militantes de la agrupación La Campora provenientes de la ex SI.

Asimismo el espionaje político ilegal cuenta con un célula de cinco hackers y un grupo operativo de rompe puertas que no superan los cinco miembros que se dedican al seguimiento de los miembros de la Alameda antes citado.

No es menor que en la secretaría privada de la Procuradora Nacional se encuentra trabajando la ciudadana inglesa Natalia Federman. No solo es violación a la normativa legal que no permite a extranjeros ocupar cargo de importancia en el Estado Nacional, a su vez Federman se vincularía por denuncias públicas a los servicios de inteligencia británico a través de su padre, Andrés Federman, miembro de la embajada inglesa en la Argentina durante varias décadas como condición de los Acuerdos de Madrid firmados por el entonces presidente Carlos Saúl Menem tras la rendición Argentina por la guerra en las Islas Malvinas. Es llamativo que Natalia Federman vienen de un recorrido de trabajo en enclaves claves de la seguridad nacional como su paso por el Ministerio de Defensa en la gestión de la Dra. Nilda Garré y luego en el Ministerio de Seguridad Nacional también en la gestión de Garré junto a la Dra. Caamaño Pais.

Este espionaje es un entrometimiento en la esfera de la intimidad de las personas al efectuar intervenciones telefónicas sin un verdadero fundamento jurídico. Dicho proceder constituye un entrometimiento arbitrario en los ámbitos de intimidad de las personas, que se opone a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de intimidad y cuya ilicitud queda atrapada expresamente por el texto literal del art. 1071 bis del Código Civil.

Esta mirada puede resultar incómoda y esa incomodidad radicaría en que el interés de la sociedad en la persecución de los delitos pagaría así un alto precio por proteger garantías individuales. Sin embargo, ese costo no es sino imputable a las garantías que la Constitución enuncia.

No olvidemos que al efectuar un balance entre la seguridad y la libertad individual, debe atenderse al valor de la supervivencia de esta Nación como tierra de hombres libres que no se lograría acentuando el autoritarismo y la ilegalidad en la averiguación y persecución de los delitos; ni propiciando un derecho oscuro, nocturnal, cuyas normas son el marco de la injusticia.

La experiencia demuestra que no es por esa vía espuria y destructiva del estado constitucional que puede mejorarse la seguridad general que sólo florece y medra si se procura el perfeccionamiento profesional de los cuadros profesionales, dotándolos de un nivel decoroso de existencia y de los medios modernos de investigación, y más aún en el plano general, a través de la elevación de las condiciones de vida y del pulimiento de la organización social, al que no es ajeno el suministro eficaz de una correcta educación cívica.

La diligencia de intervención telefónica debe respetar unas claras exigencias de legitimidad constitucional, cuya concurrencia es desde todo punto necesaria para la validez de la intromisión en la esfera de la privacidad de las personas.

Resulta consabida la protección que al amparo de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional se cierne sobre la esfera de privacidad y el derecho a la intimidad de las personas.

Nuestra Carta Magna, al igual que la de otros estados de nuestra república, contiene una expresa previsión al respecto garantizando que “Todas las personas en la Nación gozan, entre otros, de los siguientes derechos: Al respeto a la dignidad, al honor, a la inviolabilidad de los documentos privados y cualquier otra forma de comunicación personal. La ley establecerá los casos de excepción en que por resolución judicial fundada podrá procederse al examen, interferencia o interceptación de los mismos o de la correspondencia epistolar”.

En refuerzo de esta cobertura encontramos las normas que integran el llamado “Bloque Constitucional Federal” con la incorporación de los tratados internacionales, que por imperio del art. 75 inc. 22 de la C. Nacional ostentan igual jerarquía.

Como derechos que conforman el núcleo de desarrollo del ámbito personal, se encuentra consagrado el derecho a la protección de la ley frente a injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su correspondencia, su honra, su reputación (arts. 5, 9 y 10 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art.12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 17.1 del Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos); del mismo modo que posee cobertura la intimidad personal y su integridad física (art. 5.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Es entonces que la injerencia sobre esos derechos fundamentales adquiere tal trascendencia que –siguiendo el criterio de la doctrina alemana- tales actos suponen “medidas coercitivas”.

Será entonces que, por la materia y la intensidad de la medida,  el constituyente dirige un mandato explícito que impone al poder judicial la obligación de fundar una autorización estatal para la intromisión en ese núcleo de derechos.

Haciéndose eco de estas limitaciones, nuestro ordenamiento ritual ha impuesto como regla, cuatro requisitos que posibilitan la intervención de las comunicaciones telefónicas, a saber: (a) que el pedido provenga del agente fiscal; (b) que existan motivos que lo justifiquen; (c) que la orden emane mediante auto fundado; (d) que la intervención sea dirigida a las comunicaciones de las que se vale el imputado.

Se pone entonces en cabeza del órgano jurisdiccional la ponderación de los intereses en juego, mediante un juicio acerca de la legitimidad, proporcionalidad y necesidad de la medida, el cual deberá desprenderse de una resolución judicial motivada, adoptada en el ámbito de un proceso penal.

Así pues, todo lo anterior debe resultar de la decisión judicial que, al menos, debe contener, los datos fácticos necesarios para poner de manifiesto que el Juez ha realizado la valoración exigida, la cual debe desprenderse del contenido de su resolución, de modo que, de un lado, su decisión pueda ser comprendida y, de otro, que sea posible efectuar un control adecuado y suficiente sobre la misma.

Esta exigencia de motivación conecta la cuestión con el derecho fundamental a la tutela judicial continua y efectiva, que comprende también -más allá de la previsión -antes mencionada- el derecho a obtener una resolución suficientemente fundada, de tal modo que, teniendo en cuenta las características del caso concreto, puedan conocerse las razones que han llevado al magistrado a la adopción de tal decisión.

La Constitución Nacional impone contundentemente la fundamentación de las resoluciones judiciales sobre esta materia, las que se conjugan en su aplicación con las previsiones específicas –mencionadas en el acápite que antecede- y la norma general de motivación de los “autos” que prevé el mismo cuerpo legal; mucho más cuando se trata de decisiones que suponen una restricción de derechos fundamentales, ya que en estos casos, es exigible una resolución judicial que no solo colme el deber general de motivación que es inherente a la tutela judicial efectiva, sino que además se extienda a la justificación de su legitimidad constitucional, ponderando las circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal y la finalidad constitucionalmente legítima, permitan la adopción de dicha decisión (Cfr. Doctrina del Tribunal Constitucional Español, Sentencia 29/2001, del 29 de enero y STC 138/2002, del 3 de junio ).

Viene al caso traer a colación la doctrina seguida en esta materia por el Tribunal Constitucional Español que, por su similar estructura a nuestras previsiones, resulta por demás clarificadora. Así, desde ese órgano se ha sostenido: “La restricción del ejercicio de un derecho fundamental”, se ha dicho, “necesita encontrar una causa específica, y el hecho o la razón que la justifique debe explicitarse para hacer cognoscibles los motivos por los cuales el derecho se sacrificó. Por ello la motivación del acto limitativo, en el doble sentido de expresión del fundamento de Derecho en que se basa la decisión y del razonamiento seguido para llegar a la misma, es un requisito indispensable del acto de limitación del derecho (STC 52/1995)”. (STC de 17 de febrero de 2000). De ahí que pueda afirmarse que si los órganos judiciales no motivan dichas resoluciones judiciales, infringen ya, por esta sola causa, los derechos fundamentales afectados (SSTC 26/1891, 27/1989, 37/1989, 8/1990, 160/1991, 3/19192, 28/1993, 12/19194, 13/19194, 160/1994, 50/1995, 86/1995, 128/1995, 181/1995, 34/1996, 62/1996, 158/1996 o 170/1996 ).

Sentado el marco de análisis desde el que –según mi criterio- debe partirse en materia de injerencia de derechos fundamentales.

Ahora, me pregunto: tiene gravedad lo que indico en el acápite anterior? ¿Puede llegarse a la conclusión de que se está en presencia de un delito de la extrema gravedad como el señalado?, recurriré a los profesionales del tema que incursionan con sapiencia y profundidad en el análisis de esta materia.

Tazza, Alejandro O., en “Tres delitos constitucionales., dice: que el delito en cuestión es una conducta delictiva que constituye un “delito constitucionalmente impuesto” por la Constitución Nacional Argentina.

Se trata de un ilícito que al igual que los agrupados en todo el Título X y el Título XI del Código Penal, “… va dirigido contra el Estado mismo y sus ciudadanos, considerado en general, como organización o cuerpo político; afecta las bases constitucionales y la integridad territorial.

Se trata de delitos no sólo dirigidos contra el Estado, sino propiamente de delitos que tienden a afectarlo como ente político”, situación que deriva del principio de soberanía nacional, que excluye la injerencia de terceros en la toma de decisiones de contenido político-internacional”

Y la cuestión estriba entonces en determinar si actos aparentemente inocuos pueden constituirse –especialmente al emanar de funcionarios públicos o de organismos de gran importancia en el tema de la soberanía como la AFI- en actos criminales. Eso lo determinará sin duda alguna la investigación judicial.

Porque llegamos al punto: ¿Qué es el ESTOPEL, o como se dice a nivel internacional, STOPPEL?

Rodríguez Berrutti, Camilo H. en “Estoppel”: adverar el obrar internacional del Estado.” (LA LEY 1986-E, 876), explica:”Del estoppel puede decirse que constituye uno de los principios que concurren al objeto y fin organizacional de la comunidad de Estados -lo que no impide sea aplicable en toda circunstancia jurídica con otros sujetos del derecho internacional- y está conectado a la necesidad de erigir bases de un orden público internacional. Originario del foro doméstico inglés, para los anglosajones, tiene su réplica del derecho románico continental en la concepción del apotegma: non concedit venire contra factum propio, y expresa la ratio y la voluntad del derecho y también de la sociedad de Estados porque, actuando sobre las conductas particulares de ellos, sea afirmado el mérito de la coherencia, univocidad y lealtad de lo que sus actos representan para inteligencia del derecho, así por la acción positiva como en función de omisiones calificadas que pueden ser tenidas por declinación o reconocimiento. Esta figura tiene amplia recepción en jurisprudencia y en doctrina; en nuestro hemisferio varias codificaciones lo recogen (vid. Phanor J. Eder: “Principios característicos del Common Law y del Derecho Latinoamericano”, ps. 92 etc. s. s.); es aplicado como de juridicidad imperante por la justicia internacional, tan modernamente, que el principal órgano judicial de las Naciones Unidas lo ha traído a sus consideraciones en profusa serie de casos en la litis. Son numerosas las ocasiones en que aparece la certidumbre de que por sola virtud del estoppel cabe discernir a qué Estado corresponden ciertos derechos decisivos; igualmente, y por ende, es deber de los Estados salvaguardar sus títulos y argumentos protegiéndolos de toda contingencia que pueda proporcionarle la posibilidad de oponerle, a su vez, el estoppel. Existe en el mundo de las relaciones y del derecho internacionales -particularmente en esta última área- un imperativo de segundad, orden y confianza, “estándar mínimo” como valla infranqueable a las conveniencias nacionales, que explícita el descenso de las conceptuaciones hegelianas del Estado, y somete a éste al imperio de una observación permanente, ya para interdictar ciertas conductas (hoy el Estado no puede realizar todo cuanto está en su voluntad y debe ajustarse a reglas imperativas del jus cogens codificado en la Convención de Viena), ya en vista de disciplinar la sinergia de los actos oficiales por sí con ellos, positivos u omisivos pudiera colindir con sus anteriores objetivaciones, lo que viene sancionado, justamente, por la estrictez del estoppel. Es que la comunidad internacional resiste la cohonestación de actos anárquicos de los Estados, constriñéndolo a la responsable aceptación de las consecuencias del quebrantamiento del deber de no contradecir su versión de la realidad jurídica tal como ha sido transmitida por las apariencias al resto del mundo. Se inhibe, así, la incongruencia entre el comportamiento previo y la secuencia de actos subsecuentes, ya que “a nadie es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta cuando esta conducta, interpretada objetivamente según la ley, las buenas costumbres o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer un derecho, o cuando el ejercicio posterior choque contra la ley, las buenas costumbres o la buena fe…”. Existen, por ende, motivos suficientes, a la luz de tales antecedentes jurídicos y de política internacional, para alcanzar la convicción absoluta de que el gobierno por razones de conveniencia y oportunidad, habría de prevalecerse, sin vacilaciones, de cualesquiera concesiones, admisiones, respuestas lábiles, demoras o también otras modalidades de la aquiescencia, para procurar fortificar su propio caso de frente al resto del mundo. Como si, “basándose en tales actitudes” -otro elemento a tener en cuenta-, pudiera hallar base para prevalecerse de una situación creada, originariamente  en función del primer uso de la fuerza.

La primer noción deriva -como es sabido-, de la contradicción entre la conducta jurídica de un Estado, a través de sus manifestaciones públicas, silencio o actitudes generalizadas anteriores, y sus posteriores reclamaciones, producida una controversia, los Estados podrán oponer a las pretensiones actuales del reclamante su trayectoria anterior en la materia, bajo la forma de una verdadera exceptio que anulara los efectos de la nueva actio. 

Estos olvidos y desubicaciones, al igual que la pura moral politik que parece imperar, deben llamarnos a hondas reflexiones, sobre todo ante la ilegal actitud del gobierno argentino de injerencia en el ámbito privado de sus ciudadanos e inteligencia clasificada y su oposición a todo tipo de negociación que incluya el tema soberanía. 

“Corresponde dejar bien establecido para el dominio de aquellos funcionarios dotados de la potestas omnímodae que ciertos hechos y ciertas palabras pueden llegar a constituirse en actos vinculatorios unilaterales fuera de toda convención. Así, aquello que pueda aparecer simple declaración formulada a la prensa, incluso en un círculo reservado, puede, eventualmente, ser tenido por prueba de un cierto estado de cosas. Es que existen importantes precedentes en los que se ha dado en los que se ha debatido el tema. En uno de ellos, nada menos que la soberanía sobre Groenlandia (Dinamarca v/s Noruega, el caso “Ihlen”) —C.P.I.J.— y en otro, relativo a pruebas nucleares en el Pacífico Sur-CIJ – Francia quedó atrapada por una declaración de su presidencia y la aplicación del Estoppel, o sea, la versión internacional de la doctrina de los actos propios. 

Que es justamente, en el plano de lo informal, donde se nutren, a veces, de sustancia, los juicios internacionales…”. Por esa necesidad de actuar, entonces, con sobriedad e inteligencia y para proteger al interés nacional, incluso del ocio improductivo y precaviendo de consecuencias múltiples y adversas, ha de ser tenido en consideración por las autoridades, en especial miembros del Poder Ejecutivo Nacional, el siguiente consectario – sermón:  Porque, la inducción, aun velada, abstracta y tácita habría de conducir a pensar en que hemos incurrido en una concesión. Tal sería, hipotéticamente, la resultancia de ciertas expresiones cargadas de indiferencia hacia el destino de la propia causa, a la que se subsume, impíamente, en subalternidad, negando virtualidad a la “licencia social” y negando su vigencia futura.

Qué locura – La elevación de niveles del saber y comprensión en los titulares del poder público respecto de elementales y firmes reglas del Derecho Internacional que controlan y determinan como se irroga la responsabilidad internacional del Estado, en especial cuando operan manifestaciones —sean públicas o privadas, expresas o por omisión o por tilinguería— que atañen a cuestiones de interés nacional. RESUMIENDO: todo acto o  manifestación –aún sometida a un ámbito aparentemente privado, a una referencia casual en una entrevista periodística- realizada por un funcionario de primer nivel conlleva el riesgo cierto de dar elementos que vulneren nuestra seguridad jurídica para sustentar su postura o al menos dilatar lo que la Historia saldará en definitiva. Y eso, me parece, es una violación al Estado en su totalidad. Porque un funcionario de ese nivel no puede aducir en su defensa ignorancia. El solo asumir esa condición lo obliga a estar más que atento a lo que hace. Al que no le guste el calor, que no entre en la cocina.

No caigamos en el facilismo de desechar lo denunciado atribuyendo el supuesto “error”, esto no es un jardín de infantes: ES LA AGENCIA FEEDRAL DE INTELIGENCIA DE LA NACION ARGENTINA. ALGUIEN O ALGUNOS FUNCIONARIOS SON, SIN DUDA
RESPONSABLES.

No caigamos en el facilismo de suponer que este desagradable episodio pasa desapercibido: nuestros servicios de inteligencia no trabajan en serio. Con absoluta seguridad trafican y venden información clasificada de nuestra Nación y de sus habitantes.

No caigamos en el facilismo de desechar la existencia de delito: estamos aquí, vivos, a salvo, disfrutando de nuestros seres queridos, mientras cientos de actos de nuestros propios funcionarios públicos nos acusan, nos señalan la triste realidad de que entre nosotros mismos existen las manzanas podridas.

No es un tema menor: la integridad territorial de nuestro país es virtualmente un “atributo de la personalidad” común, colectiva y socialmente activo: sin defensa de nuestro territorio, sin soberanía, no existimos como Nación. Y debemos defenderla so pena de ser, también, TRAIDORES A LA PATRIA.

IV.- CARGA PROBATORIA:

Sin perjuicio de la prueba que pueda ampliarse en un momento procesal ulterior, o de aquella que disponga S.S., en función de la investigación que instruya en relación a esta presentación, solicito que se disponga la testimonial de Jorge Omar Ramón Rodríguez a los fines de que mi fuente de información deponga testimonialmente en los estrados del Tribunal acerca de todo lo que pudiera saber en relación a esta denuncia.

En igual sentido, propongo que se proceda al allanamiento de la finca sita en la calle Estados Unidos3045, 3057 y 3059, a los fines de recabar todos los elementos que se encuentren y que sustenten en forma material lo que denuncio.

V.- PETITORIO:

1. a) Por lo expuesto solicito se disponga llevar a cabo la pertinente investigación impulsando las medidas probatorias que S.S. considere pertinente, lo cual, sin duda alguna.
2. b) Solicito que en las tareas investigativas se omita el uso de fuerzas de seguridad nacional por los vínculos que podrían darse con los mismos funcionarios nacionales aquí denunciados.
3. c) Se ordene la ratificación de las denuncias formuladas.

Proveer de conformidad.

Será Justicia