 Al gobierno le respondemos en la calle.
Los días 26 y 28 de agosto, en la ciudad de La Plata, la policía de la Provincia de Buenos Aires asesinó a Juan Martín Yalet y Rafael Cobo. Uno de ellos fue fusilado dentro de un patrullero del Comando de Prevención Comunitaria (CPC); el otro fue tiroteado en el Centro Cultural “En eso estamos” por efectivos de la Policía Local –flamante caballo de batalla en la campaña presidencial del candidato del Frente Para la Victoria, actual gobernador de la provincia, Daniel Scioli.
La agencia de noticias NOVA realizó una entrevista al secretario de DDHH de la Provincia, Guido “Kibo” Carlotto, con la intención de buscar una “explicación” a los hechos sucedidos. El funcionario, hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, declaró que “el compromiso es llegar hasta las últimas consecuencias, son órdenes del gobernador Daniel Scioli, y vamos a seguir trabajando en ése y en cualquier caso de gatillo fácil”.
No nos cabe duda que indudablemente está en lo cierto. Que el compromiso es llegar hasta las últimas consecuencias, es un hecho comprobado a la luz de los resultados cotidianos: al incremento de los más de 10.000 efectivos en todo el territorio bonaerense, le sucedieron el aumento de las detenciones arbitrarias, la persecución en los barrios y la muerte por gatillo fácil y la tortura en comisarías. Por lo tanto, no resiste análisis comprobar que –de cara a las próximas elecciones definitivas- se esté –y continúe- trabajando en éste y en cualquier caso de gatillo fácil.
Lo que no podemos permitir de ninguna manera, es que un funcionario del gobierno provincial, responsable político directo de cada uno de estos hechos, venga a querer pintarnos la cara de celeste cuando de fondo se escuchan los tiros. La realidad la vivimos, no necesitamos que nos la cuenten; menos aún que busquen dibujarla.
Al gobierno le respondemos en la calle.
Este viernes miércoles 11 de septiembre, a las 17:00, nos congregamos en la Plaza Moreno (12 y 51) de la ciudad de La Plata para movilizarnos contra el gatillo fácil y denunciar que no se trata de un hecho aislado, sino el resultado de una política sistemática del aparato represivo del Estado. Convocamos a todas las organizaciones políticas, gremiales, sociales y culturales a participar.
Un cambio que no altera el funcionamiento: entra Kannemann.
El lector seguidor del fútbol argentino, al leer el titular, bien podría creer que esta nota es propia de un diario deportivo. Pero no, no vamos a hablar aquí del ex jugador de San Lorenzo de Almagro, sino de su tío (del mismo apellido) y de su rol en el equipo represor del uniforme verde oliva. Para no “gambetear” el tema, bien vale una analogía futbolera.
El pasado 3 de septiembre, el Estado Argentino anunció a través del Boletín Oficial el cambio en la cúpula de la Gendarmería Nacional. ¿Quién entró? El Comandante General Omar Ariel Kannemann, por decreto firmado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Por si no lo conocen, se lo presentamos: el 18 de diciembre del año pasado, Kannemann recibió de manos de la presidenta el sable que simboliza su ascenso de Comandante Mayor a Comandante General, como premio por sus labores realizadas en el marco del Operativo Centinela en territorio bonaerense, bajo la estricta supervisión del Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Este ascenso le valió, a partir del 20 de enero de 2015, la jefatura de la Región VI, como dirección de las provincias de Misiones (donde supo hacer buenas migas con el actual gobernador, Maurice Closs), Corrientes, Entre Ríos, y la jefatura del Destacamento Móvil Nº 5 de la fuerza en Santiago del Estero.
Como podría pasar en un partido de fútbol, Kannemann ocupa este lugar ya que quien anteriormente era el titular, Enrique Zach, no convenció al cuerpo técnico. La salida -según anunció públicamente el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández- fue motivada por la represión de la Gendarmería hacia los choferes de la Línea 60 durante el corte del día 28 de julio en la autopista Panamericana. Este cambio se dio en un contexto signado fuertemente por lo electoral: el kirchnerismo debió lavar su cara y realizar la pantomima de que no iba a “tolerar este accionar” de cara a octubre.
Lo paradójico es que el cuerpo técnico fue quien dio las órdenes para que Zach reprimiera, pero, para evitar el costo político, definió realizar el cambio. Fue el mismo Berni quien asumió, sin ningún pudor, la responsabilidad, cuando al día siguiente de la represión afirmó “yo di la orden” y calificó de incivilizados e inadaptados a los trabajadores de la 60. Para no ser menos, en los días posteriores a la represión, otro integrante del equipo técnico, Aníbal Fernández (sí, él que dijo que reemplazaban a Zach por la represión en Panamericana) intentó justificar la represión aduciendo que actuaron “de manera defensiva frente a los piedrazos y botellazos de los choferes”. Como dijo Berni, la intención no era defenderse, sino reprimir para desalojar la autopista y demostrarle a los trabajadores organizados que el estado, mediante sus fuerzas represivas, no va a tener pruritos en defender los intereses de la burguesía.
Para rematar la metáfora futbolística, podemos decir que, pese a que salga Zach y entre Kannemann, el funcionamiento del equipo de la burguesía va a seguir la misma línea. Kannemann, como bien marca su trayectoria, va a cumplir el mismo rol que Zach. Y el equipo dirigido por el kirchnerismo (o cualquiera de los cuerpos técnicos con perspectivas a reemplazarlo en la conducción) dará las mismas órdenes. En un futuro, cuando al cuerpo técnico “no le rinda”, será Kannemann el reemplazado y otro jugador de la represión entrará a la cancha a ocupar su lugar.
Golpiza en Trelew y otros casos de gatillo fácil.
En los últimos días, en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, Daniel Soria, de 24 años, fue brutalmente golpeado por patovicas en la puerta del boliche bailable en el que se encontraba, hasta dejarlo inconsciente. Desde ese día se encuentra en grave estado de salud, en coma inducido.
Los hechos fueron registrados por cámaras de seguridad, en las que aprecia con claridad cómo Daniel –que intentaba separar a un amigo de una pelea- fue golpeado primero por un patovica, después por otro, y luego, ya en el piso, rematado con una patada en la cabeza. Como si fuera poco, en el video se puede observar la presencia de dos policías, que parados a un costado de la escena, no intentaron siquiera detener a los agresores –identificados con remeras con el nombre del establecimiento-. Así, de brazos cruzados, transmitiendo un mensaje tácito, algo así como “somos los dueños del territorio, de nosotros depende tu vida, el impedir que te maten o el no hacer nada para salvarla”.
El mes pasado, ocurrió en Rosario otro hecho similar, con peor desenlace: el cuerpo de Gerardo Escobar apareció flotando en el Río Paraná el 30 de agosto, varios días después de ser visto por última vez cuando era golpeado por un patovica de un boliche del centro de esa ciudad. El asesino actuó en connivencia con otros tres guardias de seguridad, dos de ellos policías haciendo horas extras –a quienes se acusa, como mínimo, de encubrimiento-.
Escobar pasó a engrosar el largo listado de los más de 4.400 asesinados a manos de las fuerzas de seguridad desde el regreso de la democracia; una democracia burguesa que habilita el hostigamiento, el gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, entre otras acciones policiales que son moneda corriente para la cotidianeidad de miles de jóvenes.
Estos casos se suman a otros, que en los últimos días son un ejemplo más de ese accionar que desde CORREPI denunciamos: también en Rosario, policías dispararon por la espalda contra un joven que intentaba escapar en moto después de haber robado a unos adolescentes; en Córdoba, otro joven también fue baleado por un policía que dijo que había entrado a su casa para robarle; en San Juan, en el mes de julio, un detenido fue encontrado muerto en el calabozo y la versión policial aduce que se ahorcó, aunque ya está comprobado que se trató de un homicidio. El juez a cargo de la causa fue separado a pedido de la familia de la víctima, luego de que, en conferencia de prensa, desligara a la policía de toda responsabilidad –sin prueba alguna-.
Para muestra basta un botón, dice el dicho popular… sobran los botones hoy en Argentina.
9 años sin Julio López.
El 18 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición de Jorge Julio López, tras haber dado su testimonio en el juicio que condenó a reclusión perpetua al genocida Miguel Etchecolatz, y en el cual el compañero era querellante. Se cumplen nueve años de encubrimiento, mentiras y complicidad de todos los funcionarios e instituciones que componen el aparato estatal.
Algunos intentan hacernos creer que la desaparición de López fue producto del accionar de algunos “resabios de la dictadura” que intentan imponer nuevamente el terror en la población, pero nosotros sabemos que no es más que un discurso que tiene la finalidad de restarle culpabilidad y complicidad al gobierno de turno, un gobierno que está cerrando un período de 12 años enquistado en el poder, que se autodenominó “de los DDHH” y tiene en su haber más de 2.800 muertos, torturados y desaparecidos en manos de sus fuerzas represivas. Un gobierno que no solo encubre, sino que aprovechó el hecho para decir a través de su vocera Hebe de Bonafini que la desaparición del compañero fue “parte de una gigantesca maniobra contra el presidente, al que le quieren tirar un desaparecido”.
Evidentemente generar una maniobra específica para eso no era necesario, puesto que las fuerzas represivas matan, torturan y desaparecen sistemáticamente, y desde luego no actúan de manera aislada ni poseen políticas autónomas, sino que responden a una política de estado que tiene por finalidad el control y el disciplinamiento de las clases explotadas. Estas afirmaciones son comprobables a través de hechos concretos: las “políticas de DDHH” del gobierno kirchnerista, además de que mataron a más de 2.800 personas con el gatillo fácil y la tortura, es el gobierno que más presos políticos ha tenido desde 1983, y el que ha desarrollado como ninguno la “tercerización” de la represión, con el uso de sus patotas sindicales o partidarias para atacar sectores populares. Es el gobierno de las leyes “antiterroristas” y de las reformas cada vez más represivas de toda la legislación.
Por eso sostenemos que la lucha por la aparición con vida de Julio López no debe encararse como una defensa de la “democracia”, sino como la denuncia de la política represiva estatal y de su siempre renovado aparato represivo.
El de Julio López no es un caso aislado, sino que es uno entre más de 200 desaparecidos en “democracia”, uno más entre miles de víctimas de la represión estatal, y demuestra la falsedad de aquel “fin de la impunidad” que anunciara Kirchner cuando logramos la nulidad de las leyes del perdón.
Cuando se conoció la sentencia a Etchecolatz, los presentes coreaban “Vas a la cárcel, Etchecolatz/ No es el estado, es la lucha popular”, remarcando que el castigo al represor no fue producto de un accionar gubernamental, sino fruto de la lucha que el pueblo organizado da día a día en las calles, esa lucha popular que quieren amedrentar y disciplinar con sus políticas represivas.
Por el contrario, por la memoria de los compañeros desaparecidos en pos de esa lucha es que debemos alzarnos y multiplicar sus voces para que los que se sientan amedrentados sean ellos.
Dime quién te denuncia, y te diré qué hará el juez.
El viernes pasado, centenares de mensajes por todas las vías de comunicación posible alertaron a organizaciones y compañeros del campo popular que la policía federal, junto a la Autoridad Federalde Tecnologías de la Información (AFTIC), estaba allanando el local de la Asamblea del Cid Campeador, con orden de un juez federal de secuestrar los equipos del canal Antena Negra TV, que desde el 24 de marzo transmitía por la señal del canal 20.
El operativo recordó los tan frecuentes en los ’90, cuando el menemismo perseguía a los medios alternativos y comunitarios. Pero ahora estaba ocurriendo bajo la vigencia de la Ley de Medios que el kirchnerismo presentó como el camino hacia “la democratización de la comunicación”.
Además del decomiso de equipos, y de los golpes y empujones a quienes intentaban registrar gráficamente los hechos, la policía notificó en el momento al compañero Martín Sande, presidente de la Cooperativa Antena Negra TV, que está acusado por el delito de “interrupción de las comunicaciones” conforme el art. 197 del código penal, y que en breve será indagado por el juez federal Martínez Di Giorgi.
Sin entrar en detalles técnicos (recomendamos a quienes quieran interiorizarse del tema que lean el comunicado publicado por la Red Nacional de Medios Alternativos –RNMA- el 8/9/2015), lo que define el carácter de esta causa penal, que viene tramitando en silencio y sin derecho de defensa desde el mes de abril, es quiénes son los denunciantes.
Resulta ser que las “comunicaciones interrumpidas” no son otras que las de la conocida empresa de seguridad privada PROSEGUR, que por cierto no emite programación audiovisual alguna, sino que usa la frecuencia en cuestión en su giro comercial. Dicho más claro, PROSEGUR viene usando esa frecuencia para la comunicación por señales radioeléctricas entre sus “objetivos” (en la jerga, los lugares en los que PROSEGUR controla la seguridad), su base de operaciones y las dependencias dela Policía Federal Argentina.
El primer denunciante en la causa contra los compañeros es la multinacional General Industries Argentina SA (GIASA), que en 2009 se fusionó con PROSEGUR. Su apoderado acompañó al expediente la lista de “objetivos” que “se ven afectados” por las emisiones de Antena Negra TV, y su sola enunciación explica que, en cinco meses, se reunieran más de 500 fojas de expediente en rigurosa ignorancia de los denunciados, a los que sólo se notificó ante el hecho consumado del allanamiento, secuestro de equipos y citación a indagatoria: Aeropuertos Argentina 2000, Bancos Comafi, San Juan, HSBC, Galicia, ICBC, Macro, Nación, Citibank, Santander Río, Supervielle, BBVA Francés, Itaú y Patagonia, Caja de Valores, Consejo Federal de Inversiones, Fabricaciones Militares, Embajada de Israel, Tesorería de la PFA, residencia del embajador de Arabia Saudita y ¡Secretaría de Inteligencia del Estado!.
Semejantes “objetivos” explican también que la PFA y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) se sumaran como denunciantes, y que el juez federal se lanzara sin pruritos a proteger el negocio (gran negocio, por cierto) de la seguridad privada.
Los compañeros María del Carmen Verdú (CORREPI) y Martín Alderete (CADEP) asumirán la defensa técnica del compañero Martín Sande y de la Cooperativa Antena Negra TV en la causa penal. Todos debemos asumir la defensa solidaria de la comunicación popular, que es nuestro derecho.
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