CASO LOPEZ: INTEGRANTES DE JUSTICIAYA LA PLATA DENUNCIAN:

La Plata, 18 de abril de 2007

A SIETE MESES DE LA DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ
LA SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL [1]

Julio López, testigo y querellante en el juicio en el que Miguel Etchecolatz fue condenado a cadena perpetua por los delitos cometidos en el marco del genocidio implementado en la Argentina por al dictadura cívico-militar del 76-83, desapareció el lunes 18 de Septiembre de 2006.
Los organismos que intervenían en ese juicio, presentaron un habeas corpus ese mismo día ante la justicia federal por ser ella la competente ante una desaparición de persona. Esa causa pasa a engrosarse con las numerosas amenazas que se reciben por esos días.
A su vez, la justicia provincial instruye una causa por “averiguación de paradero” de López.

I.- CADÁVER ENCONTRADO EN PUNTA LARA

El miércoles 20 de septiembre, a dos días del secuestro de Julio, apareció en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, un cadáver calcinado.
Una persona que dijo llamarse Victoria Huck y ser miembro de la policía bonaerense, llamó al diario “Hoy” de La Plata e informó que el cadáver encontrado “era el de Julio López”.
Los organismos querellantes pusimos inmediatamente al tanto de ese hecho al Gobernador de la Pcia. de Buenos Aires Felipe Solá y al Ministro de Seguridad provincial León Arslanián, quién a los pocos días nos dio como respuesta que se le había preguntado a la Comisionado Huck (jefa Distrital La Plata) y ella dijo “que no había sido”, sin que hasta el día de hoy se la haya llamado a declarar en la causa judicial en la que se investiga la desaparición de Julio López.
A pesar de ello, tanto el Ministro Arslanián como el gobernador Solá, reconocieron la íntima relación de la aparición del cadáver con la desaparición de López, aceptando la hipótesis formulada por Justicia Ya! de que se trataba de un mensaje mafioso, propio de la policía bonaerense, puesto que el cadáver calcinado apareció un lugar emblemático donde aparecían cadáveres desde el año 1974.
Pero dos días después comienza una operatoria para separar esos hechos (aparición del cadáver con la desaparición de López) que incluye el ocultamiento a los organismos querellantes de elementos que hubieran facilitado la identificación del cadáver y circunstancias que rodearon esa muerte.
El horario de la muerte de esa persona coincide con el de la lectura del veredicto en el juicio a Miguel Etchecolatz.
Recién seis meses después, y fortuitamente, pudimos tomar conocimiento de que dos guardaparques habían declarado en la madrugada del 22 de septiembre de 2006 ante la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), que en el anochecer del 19 de septiembre, un automóvil había ingresado al lugar donde luego se encontró el cadáver, aportando un identikit (el 20 de septiembre en la camioneta de la policía científica de la policía bonaerense que se acercó al lugar del hecho) de las dos personas que ocupaban el auto y la descripción de dicho vehículo.
Debemos decir que desconocemos si esas declaraciones constan en la causa sobre la averiguación de la identidad del cadáver hallado, ya que a pesar de nuestros intentos, no se nos ha permitido verla.
A instancias de esta parte, los dos testigos declararon ante la justicia federal a fines de marzo del corriente año, en la causa por la desaparición de Julio López.

Tenemos que destacar que nunca se cumplió con el pedido de estas querellas de adjuntar la desgrabación de la llamada recibida al teléfono de emergencias “911” en que dejaron indicado el lugar para que el cadáver sea encontrado. Asimismo, hemos solicitamos que se nos permita escuchar la voz y poder cotejarla con una llamada anónima que recibió la Sra. Nilda Eloy el mismo día.

Los tres llamados –al 911, llamado a Nilda Eloy y llamado al diario Hoy- fueron realizados por una mujer.

II.- LA CAUSA EN LA JUSTICIA PROVINCIAL

Intervinieron:
Juzgado de Garantías Nº 4, a cargo de la Dra. Marcela Garmendia
Fiscalía Nº 3, a cargo de los Dr. Marcelo Martini y Javier Berlingieri.

Durante los tres meses en que la causa transitó en la justicia provincial, se siguió una línea de investigación, determinada políticamente, tendiente a instalar la idea del extravío o la ausencia voluntaria de Jorge Julio López, haciendo caso omiso al planteo de los organismos querellantes de que se trataba de un secuestro político, desperdiciándose así, los momentos más importantes para resolver un caso de este tipo que son, justamente, los inmediatamente posteriores al hecho.
Una de las consecuencia que el rechazo de esa hipótesis tuvo fue que la investigación sobre los represores nombrados por Julio López en su testimonio durante el juicio a Etchecolatz, fue llevada adelante por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la SIDE en forma muy poco seria, según lo que se plasma en la causa. Se basó en datos extraídos de la guía telefónica y de preguntas genéricas realizadas a vecinos.( Cuerpo denominado “anexo SIDE”)
Mientras tanto, la Policía Federal reconoció por escrito que nunca investigó a esos represores, y por otra parte, tomaron 600 declaraciones que no adjuntaron a la causa. (Expediente de Exposiciones de la Policía Federal 352-21-006.035/2 2006)

Cada vez que esta parte se presentó al fiscal provincial Martini, su respuesta fue: “la causa la tiene la DDI”, el organismo que dependió de Etchecolatz durante la dictadura y en el que muchos de sus subordinados siguen en funciones.

La SIDE, la bonaerense y la Federal, actuaron SIN CONTROL JUDICIAL y sin compartir entre las distintas fuerzas la información obtenida, pudiendo observarse serias superposiciones y contradicciones entre ellas.
A modo de ejemplo, se hallan dos declaraciones de un mismo testigo. Una consta en el legajo de la SIDE, otra en el informe de la Policía Federal . Nunca declaró en la Justicia Provincial. Y los dichos en ambas declaraciones son contradictorios. (Fs. 57 cuerpo 4 Expediente de Exposiciones de la Policía Federal 352-21-006.035/2 2006)


En esta etapa podemos observar rastrillajes sin ningún criterio que obedecían a llamados anónimos al 911 y denuncias de vecinos, por más alocadas que resultaran: videntes, pendulistas, etc.

Un hecho importante es que, a pocos días de la desaparición de López, en dos procedimientos diferentes con perros de la policía provincial en la primera oportunidad y de la policía federal en la segunda, los perros marcan un rastro de López en la puerta de una vivienda ubicada a 8 cuadras de su casa. Notablemente, se restringe la investigación al funcionamiento de esa vivienda y no se amplía al de las casas linderas.

Sobre las llaves de Julio López que aparecieron en el jardín de su casa en el mes de noviembre, tenemos también que hacer una apreciación. Las pericias que hay en la causa realizadas por Gendarmería y por policía bonaerense son contradictorias. Una, dice que las llaves llevaban poco tiempo en el jardín al momento de ser halladas; la otra, afirma que hacía más de tres meses que estaban a la intemperie. Es claro que cualquiera de las dos versiones demuestran grandes deficiencias. Si las llaves fueron arrojadas horas antes de ser encontradas, se evidencia que la casa estaba siendo custodiada de manera totalmente insuficiente o que quienes la custodian son cómplices de quienes arrojaron las llaves. Si las llaves estuvieron siempre allí y nadie las encontró, se trasluce que no se realizó una pesquisa mínimamente sería del lugar donde Julio fue secuestrado, su casa.
Por eso decimos, o se "plantaron" las llaves delante de las fuerzas de seguridad o éstas no hicieron correctamente el rastrillaje de la zona.

III.- IRREGULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO ATALAYA

El día 23 de septiembre, a solo 5 días de la desaparición de Julio López y sin que de la causa surjan motivos suficientes, se realiza un operativo con perros en la zona de Atalaya, localidad del partido de Magdalena.
En esta “actuación” participaron cinco policías, tres de la División Canes y dos de la Comisaría 3ra. de Los Hornos, éstos, en un auto sin identificación y con ropas de civil. Inexplicablemente, aún hoy se desconoce la identidad de estos dos agentes, a pesar de habérseles tomado declaración e interrogado al respecto a los restantes policías que tomaron parte en el procedimiento y al titular de la Comisaría 3ra., capitán Eduardo Zaffino, quien reconoció haber ordenado la actuación de los dos agentes.
Según los testimonios policiales los perros se dirigieron desde la ruta directamente hasta la finca del Sr. Rubén Darío Durso, Delegado Municipal de Atalaya. (Fs. 168 y siguientes I.P.P 316. 829, causa provincial)
Violando las más elementales normas de procedimiento, más aún cuando un rastro da positivo, los policías reconocen que aceptaron la invitación a merendar en el interior de la vivienda y que estuvieron allí durante una hora mientras los perros quedaron fuera de la finca.
Según los dichos posteriores del Sr. Durso, uno de los policías que merendó en su casa, llevaba en su cintura una zapatilla de López que se utilizaba para orientar a los canes. Esta afirmación es negada por los policías que declaran.
Terminada la merienda, los policías de la División Canes se retiran mientras que los ignotos policías de la Comisaría 3ra. se quedan “de consigna” en el exterior de la finca.
De la actividad no se labró acta, lo que demuestra la clara intención de encubrir el irregular accionar policial.
Posteriormente, en horas de la noche, se constituyó en la casa del Sr. Durso, una mega-comisión supuestamente integrada por, entre otros, los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingieri, la jefa de la Departamental La Plata, Victoria Huck, el jefe de la Distrital La Plata, Marcelo Medoro, el titular de la Comisaría 3ra, capitán Zaffino con el apoyo de helicópteros y los perros que participaron en el operativo de la tarde.
Ingresan a la vivienda y los perros reconocen lugares, prendas y un colchón con rastros de López. Luego comienzan a seguir un rastro que los lleva al campo de enfrente. Increíblemente, la policía y los fiscales deciden detener el rastrillaje argumentando “lo tupido de la vegetación y la oscuridad reinante”.
También el acta es irregular, tanto en los horarios que describe como en el hecho de no estar firmada ni por los fiscales ni por las autoridades policiales.
Al Sr. Durso no se le tomó declaración hasta un mes después y ante la aparición de una nota periodística en una página de internet. En esa declaración se lo interroga sobre cuestiones secundarias hechas públicas en la mencionada nota y no sobre otras circunstancias que rodean su participación en la causa.

Es decir, el procedimiento de la tarde fue irregular y sin acta. El procedimiento nocturno con acta pero irregular nuevamente. Entonces, se abren dos posibilidades: la policía "plantó" una prueba o frustró la producción de la misma.

Es dable destacar que el capitán Zaffino, que ingresó a la policía bonaerense el 26 de febrero de 1980, que fue titular de la Comisaría 3ra. de Los Hornos desde junio de 2006 y que participó de todas estas irregularidades, recién fue separado de la policía en enero de este año, por encubrir el fusilamiento del joven Darián Barzabal dentro un móvil policial de su comisaría.

También señalamos que el funcionario policial designado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para dirigir la investigación del “caso López” fue en esta etapa, el Superintendente Roberto Silva, ingresado a la policía el 1º de marzo de 1977.


III.- COMPETENCIA

Ante la insistencia de Justicia Ya! de que la causa pase a la justicia federal para que el hecho sea investigado como desaparición de persona, se plantea un conflicto de competencia que es resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con más de 20 días de retraso ya que la jueza provincial Dra. Garmendia, retiene la causa indebidamente.
Entre otros funcionarios nacionales y provinciales que se pronunciaron sobre el tema, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, opina públicamente que la causa debe quedar en el ámbito de la justicia provincial.
A tres meses de la desaparición de Julio López, el Procurador General de la Nación, Esteban Righi (quien obligatoriamente debe expedirse antes que la Corte resuelva), en su dictamen se opuso al pase de la causa a la justicia federal alegando la inexistencia de elementos para afirmar que López hubiera sido víctima de algún delito. A pesar de ello, la Corte dispuso su pase al fuero federal.

IV.- ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL

Intervienen:

Juzgado Federal Nº 3., a cargo del Dr. Arnaldo Corazza
Fiscalía Nº 1, a cargo del Dr. Sergio Franco

Una vez radicada la causa en la justicia federal y a pesar de las manifiestas irregularidades, el juez Corazza continúa delegando la investigación en la policía federal, la provincial y la SIDE sin dirigirla ni siquiera controlarla. Su manifiesta inactividad se agrava con la absoluta ausencia del fiscal: en los cuatro meses que lleva el expediente en su ámbito no ha impulsado ninguna línea de investigación, incumpliendo sus obligaciones como representante del Ministerio Público.
Solo ante el pedido de esta parte querellante, el juez se anoticia de la existencia de un expediente paralelo que constaba de diez cuerpos (más de 2.000 fojas) y que estaba en poder de la Delegación La Plata de la Policía Federal, a cargo del Comisario José Antonio Guardabassi. Esos cuerpos incluían entre otras cosas, las 600 declaraciones tomadas por la Federal (anteriormente citadas), tareas de inteligencia, procedimientos en Atalaya, etc. El juez Corazza solicita que se le remita el expediente, medida que inicialmente es resistida por la policía Federal, la que se niega a dar vista a esta parte y a enviar el original al juez.
Idéntica situación se produjo con materiales resultantes de investigaciones paralelas realizadas por la policía provincial. Ante nuestros insistentes reclamos, y recién a fines de diciembre de 2006, se adjuntaron a la causa federal informes acerca de cruces telefónicos, organigramas con datos de las personas investigadas y una gruesa carpeta sobre las visitas que recibieron los represores recluidos en el penal de Marcos Paz entre septiembre y diciembre de 2006. No consta en el expediente que el juez haya realizado un análisis serio de esta información.

Entre otras medidas, esta parte solicitó al juez que requiriera a la SIDE todo el material que resultara de sus tareas de inteligencia en previsión de la realización del juicio de Etchecolatz. La SIDE niega haber efectuado tareas de inteligencia respecto de ese juicio pero, sugestivamente, envía un informe sobre el futuro juicio oral al capellán de la bonaerense Christian Von Wernich con un contenido claramente intimidatorio.

Otro hecho de suma gravedad es que sin notificar al juez federal, la SIDE entrega a familiares y allegados de López, una flota de teléfonos celulares y radio Nextel, entorpeciendo notablemente la investigación (escuchas y cruces telefónicos, medidas básicas en la investigación de un secuestro).

Constan en la causa detalladísimos informes de inteligencia llevados a cabo por la SIDE durante el año pasado respecto de familiares, vecinos y amigos de López pero, sorprendentemente, ese organismo no aporta ningún informe sobre investigaciones al entorno de Etchecolatz.

Es notorio que desde hace, como mínimo, cuatro meses la SIDE no entrega ningún otro dato a la causa.

También debemos denunciar que existe una mecánica de “blanqueo” en la causa judicial de las investigaciones realizadas en forma paralela por las fuerzas de seguridad e inteligencia que solo a partir de nuestros reclamos específicos son ingresadas al expediente. Un ejemplo concreto es el caso de una importante pista aportada por Justicia Ya! Recién después de nuestra denuncia, el Ministerio de Seguridad “blanquea” la existencia de información sobre el tema y lo hace en forma parcial. Teniendo en cuenta que esa pista involucra a miembros de fuerzas armadas y de seguridad, resulta paradójico que los investigadores, sin control judicial, sean los mismos posibles implicados. De hecho, esta parte querellante encontró y denunció que una de las personas investigadas tiene relación familiar con miembros de la fuerza en actividad con acceso a la causa.
Hasta hoy no se ha plasmado ningún avance en la referida pista.
¿Podemos creer que no tienen más información?

Cabe destacar que la dirección de esa investigación le fue asignada a Oscar Alberto Farinelli, quien ingresó a la policía bonaerense el 12 de marzo de 1973, se retiró el 4 de febrero de 1975 y se reincorporó el 17 de junio de 1976. A partir de esa fecha, hizo toda su carrera en la Dirección General de Inteligencia (DIPBA) con lo que estaba en esa función cuando López fue secuestrado y desaparecido por primera vez. Llegó a Jefe de esa Dirección en 1997 y actualmente sigue siendo titular de un organismo de similares funciones, la Superintendencia de Evaluación de la Información para la Prevención del Delito. (Foja 1, Cuerpo 1 anexo”Policias en actividad que prestaron servicio durante 76/83”)

Al mismo tiempo, algunas otras líneas de investigación derivadas de testimonios inverosímiles ocupan cientos de fojas. Es necesario destacar un caso surrealista: el 25 de diciembre de 2006 se realizó un procedimiento en base a las declaraciones de una persona de origen peruano, residente en Argentina, quien se comunicó telefónicamente con una amiga que vive en Perú la que, según el declarante, por la noches se convierte en águila. En uno de sus vuelos nocturnos la mujer-pájaro avistó a Julio López en un campo cercano a La Plata. Esta declaración provocó la movilización de tres comisarías y un procedimiento que incluyó decenas de traslados, móviles, identificación de personas y declaraciones testimoniales. Esta querella presenció el testimonio del Capitán Walter Maidana, quién justificó lo actuado con total impunidad. (Fs. 630 y siguientes, causa Federal)

Asimismo, hay agregados a la causa varios testimonios que tratan de ingresar datos para desprestigiar a los organismos o sembrar pistas distractivas o buscando recompensa.

Y en el otro extremo, nadie se preocupa por llamar a declarar, por ejemplo, al periodista de la agencia alemana DPA que sobre el final del año pasado dijo que tenía datos sobre el supuesto asesinato de Julio López.

Como decíamos, son muchas las líneas irrisorias en las que se vuelca un gran despliegue e interés investigativo. En cambio, las que aparecen como más serias entran rápidamente en una meseta sin que quede claro por qué se abandonan o se paralizan. Solo por citar un ejemplo significativo, los policías denunciados por Jorge Julio López no fueron investigados, en algunos casos no se sabe donde viven ni siquiera, si viven.

V.- REQUISA EN EL PENAL DE MARCOS PAZ

Desde el primer momento, Justicia Ya! sostuvo que había que investigar a los represores recluidos en el penal federal de Marcos Paz y solicitó que el juez realizara un allanamiento.
Sin embargo, el procedimiento se realizó seis meses después y en las peores condiciones. El juez Corazza resolvió no realizar un allanamiento, medida judicial que se lleva a cabo sin previo aviso al Servicio Penitenciario Federal, en la que puede participar el juez y la querella. En cambio, diez días antes se reunió con el Ministro de Justicia de la Nación pidiéndole que se hiciera cargo del operativo. El resultado fue que el 23 de marzo -fecha significativa- se realizó una requisa a cargo del Servicio Penitenciario Federal, sin la presencia del juez ni de ningún otro funcionario judicial y con participación de integrantes de la SIDE, la Policía Federal y la Policía Bonaerense.
Según trascendió por medios periodísticos, los reclusos sabían con 48 hs. de anticipación que se realizaría dicha requisa, información que se confirma con el hecho de que se secuestra una gran cantidad de tarjetas de telefonía celular pero ningún teléfono para su utilización. Por otra parte, la agencia estatal TELAM informó a las abogadas de la querella que a la misma hora que comenzó el operativo recibió una llamada de la Policía Federal anunciándolo. De hecho, la noticia tomó estado público a los pocos minutos, con seguridad, mucho antes que los integrantes de la comitiva llegaran a las celdas de los represores.

Agrava aun más la situación si se tiene en cuenta que desde el 14 de marzo constaba en la causa una denuncia –de la que tomó conocimiento al día siguiente el Ministro de Justicia de la Nación- sobre el trato preferencial que en el penal de Marcos Paz reciben los represores en relación a los demás internos. Ni el juez Corazza ni el Ministro Iribarne tomaron ninguna medida al respecto, por el contrario, permitieron que la requisa quedara a cargo de los denunciados Recién al hacerse público, se destituyó al responsable del penal.

VI.- PRIMERAS CONCLUSIONES

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá sostuvo que “López es el primer desaparecido en democracia”.
El Ministro del Interior, Aníbal Fernández, sigue reivindicando la acción de sus doce brigadas aunque pide la ayuda de Dios y la Virgen para encontrar a López.
La senadora Cristina Fernández de Kirchner manifestó en París la enorme preocupación del gobierno.
El Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Rodolfo Mattarolo, admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que López está desaparecido.
El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, reconoció por cadena nacional y ante la Asamblea Legislativa que López fue secuestrado por grupos integrados por personal de las fuerzas de seguridad en actividad y retirados.

Sin embargo, estas declamaciones no se condicen con la realidad de la causa judicial donde no se tomaron las más elementales medidas:

No se creó un equipo que se dedique específicamente al Caso López.
No hay un solo funcionario judicial dedicado exclusivamente a esta causa.
No se ha garantizado siquiera la lectura completa del expediente.
No se controla el cumplimiento de la prueba ni el accionar de las fuerzas de seguridad y de inteligencia.
No existe quien impulse medidas de prueba más allá de los querellantes.
Ni siquiera se ha cambiado todavía la carátula a desaparición forzada de persona.

A siete meses de la desaparición de Julio López y con esta realidad:

¿Alguien puede creer que así se va a encontrar a Julio y a los responsables de su secuestro?
¿Alguien puede creer que las fuerzas de seguridad van a investigar a las fuerzas de seguridad?

Las organizaciones firmantes, integrantes de Justicia Ya! La Plata, nos vemos en la obligación de denunciar esta situación, en la que por acción u omisión según el caso, lo único que se termina generando, es más impunidad.

EXIGIMOS AL GOBIERNO: APARICIÓN CON VIDA YA! DE JORGE JULIO LÓPEZ Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SU DESAPARICIÓN.-

ASOCIACIÓN ANAHÍ
ASOCIACIÓN DE EX DETENIDOS-DESAPARECIDOS (AEDD)
ATULP - ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA PLATA
CENTRO POR LOS DERECHOS HUMANOS HERMANOS ZARAGOZA
CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS (CEPRODH)
CTA LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS - LA PLATA
FIDELA – FUNDACION INVESTIGACION Y DEFENSA LEGAL ARGENTINA
FULP - FEDERACION UNIVERSITARIA LA PLATA
HIJOS - LA PLATA
LIBERPUEBLO
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE
MADRES DE PLAZA DE MAYO - LA PLATA
[1] Aclaramos que nos vemos imposibilitados de manifestar determinados puntos del procedimiento ya que pueden afectar el desarrollo de la investigación.