UNIVERSIDADES ARGENTINAS S.A.

Apreciados compañero/as , les escribe un docente de la Universidad Nacional del Comahue que les felicita por la campaña a favor de la vida que están haciendo, y que con el mismo propósito está recogiendo firmas para adherir a un dcto. contra la explotación minera a "cielo abierto". Como ya sabrán, a excepción de la Univ. Nac. de Córdoba el resto de las UUNN se hicieron cómplices de este ecocidio (y futuro genocidio) aprobando, a través de sus respectivos Consejos Superiores la utilización, mas no el rechazo, del dinero proveniente de Bajo La Alumbrera en Catamarca. Eso mismo hizo el pasado 23 de agosto la Universidad Nacional del Comahue en donde trabajo. Sus actuales autoridades buscan, además, dar señales de que será bienvenida una multinacional de origen chino que llevará a cabo la mayor explotación minera a "cielo abierto" de América Latina (localidad de Loncopué, Neuquén). Por este motivo, y en virtud de que numerosas organizaciones civiles (entre ellas todos los organismos de DDHH de la región del Comahue) hemos elaborado el dcto. que adjunto para que Uds. lo evaluen y, en caso de estar de acuerdo, lo suscriban.
Muy fraternalmente, Edgardo Datri (Profesor Regular a cargo del Área "Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología")


CARTA ABIERTA A LOS CONSEJEROS SUPERIORES, POR LA MAYORÍA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE
Neuquén, 7 de setiembre de 2009
En la agenda de los últimos tiempos, a raíz del deterioro de la calidad de vida en la mayor parte del mundo, la problemática ambiental ha comenzado a ser una de las dimensiones de debate más importantes. Prueba de ello fue la emergencia, en los años ‘60, de una atmósfera cultural preocupada por los problemas que degradaban el ambiente, la cual hizo posible una gran cantidad de eventos internacionales relacionados con esa problemática. Uno de ellos sentó las bases para la Educación Ambiental. Se trató de la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano” (Estocolmo, Suecia, 1992). Y si bien es cierto que esta Conferencia no tuvo demasiado eco en América Latina y en la Argentina del “menemato”, es importante tener presente el siguiente párrafo de la declaración:
“Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como la de adultos, y que presente la debida atención al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de la responsabilidad en cuanto a la protección del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de comunicación masiva eviten contribuir al deterioro del medio humano y a su vez, difundan información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos sus aspectos.” (Los subrayados son nuestros).
Paradójicamente, los países más industrializados, allí presentes, fueron los que dieron comienzo a un proceso de fuerte visión ecologista. Aquí, es meritorio recordar el fuerte impacto denunciativo que, previo a dicho encuentro (1962), tuvo en EEUU la publicación por parte de la bióloga marina Rachel Carson, del libro Silent Spring (Primavera silenciosa, o mejor que su traducción literal y en función del contenido del mismo: Primavera silenciada), quien a partir de sus investigaciones pudo probar que el DDT, entre otras cosas, al incorporarse a la cadena alimentaria y concentrarse por último en los animales superiores, producía disfunciones reproductivas, tales como delgadez en las cáscaras de los huevos de algunas aves.
De este modo, fueron tomando vigor numerosas organizaciones civiles que comenzaron a llamar la atención contra los ecocidios/genocidios en contra del ambiente, todos ellos producidos más que por fenómenos naturales, por el modelo económico de desarrollo y en complicidad con el carácter “esencialista” de la ciencia que había comenzado a cultivarse en los programas de Innovación y Desarrollo (I+D), en especial a partir de los “éxitos” obtenidos por el “Proyecto Manhattan”, responsable de llevar a cabo la construcción de las primeras armas de destrucción masiva (la bomba atómica “A”, arrojada sobre Hiroshima y Nagasaki). Un Programa del que participaron muchos eminentes científicos: Enrico Fermi, Richard Phillips Feynman, Edward Teller, Julius Robert Oppenheimer, entre otros.
Cómo olvidar que en la década del ‘60, estos crímenes contra el ambiente (lo humano + lo ecosistémico), dio origen al surgimiento de una de las primeras ONGs: Science for the People (Ciencia para el pueblo).
Poco a poco, se fue tomando consciencia del ecocidio/genocidio que traía aparejado, no solo el modelo de desarrollo imperante, sino, también, buena parte de los programas I+D aplicados a la industria armamentística. En el primer caso, “el norte desarrollado”, para no dañar más sus ecosistemas comenzó a desplegar sus industrias más contaminantes en los países del Tercer Mundo.
Volvamos ahora a la Educación Ambiental. Tres años después de la Conferencia de Estocolmo, la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), establecieron el “Proyecto Internacional de Educación Ambiental” (PIEA) como una herramienta indispensable para pensar la re-orientación de los sistemas educativos. Sin embargo, la casi totalidad de los decanos y decanas de la UNCo votaron a favor del cianuro, el arsénico y el ácido sulfúrico. Diferente fue la actitud del Dr. Federico Schuster (Facultad de Cs. Sociales), único decano de la UBA que votó en contra del dinero proveniente de la explotación minera a “cielo abierto”.
Varios años antes, 1974, se había publicado el estudio “Los límites del crecimiento”, conocido como el “Informe del Club de Roma”. Fue a partir del mismo que la cuestión ambiental despertó un especial interés en la América Latina eurocéntrica (creemos necesario hacer esta aclaración ya que los pueblos originarios, cualquiera sea su cosmología, habían desarrollado modelos productivos en equilibrio con los ecosistemas). Como resultado de ello, en el año 1975 las NNUU convocan en Cocoyoc, México, al “Seminario sobre Modelos de Utilización de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo”. Allí, vuelve a ponerse en tela de juicio el modelo de desarrollo de los países centrales y se generan otros conceptos para analizar y actuar dentro de un creciente contexto crítico (algo que creemos no han podido lucir quienes en la sesión del C.S. de la UNCo del 23 de agosto ppdo. votaron a favor de la aceptación del dinero proveniente de la “megaminería”).
Lo cierto es que en Cocoyoc la problemática ambiental comienza a definirse como una cuestión compleja donde confluyen procesos socioeconómicos, culturales, sociales, tecnológicos y ecológicos.
A estos primeros antecedentes, hay que agregar que el PIEA realiza en Belgrado un Seminario con la intención de afirmar la necesidad de que los estados miembros de las NNUU pongan en marcha proyectos de Educación Ambiental. Este Seminario, celebrado en 1975, promulga la “Carta de Belgrado”, e insta a un Nuevo Orden Económico Mundial: más justo y solidario, respetuoso del medio ambiente, de la diversidad cultural y regional, y postula la eliminación de la pobreza, de la contaminación, del analfabetismo y de la dominación. A su vez, se profundiza el programa del PIEA y para ponerlo en marcha se convoca a la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental, en Tbilisi, Georgia, para octubre de 1977.
A pesar de lo protocolar, de los dobles discursos, de los dobles mensajes y de las dobles morales, la Conferencia de Tbilisi dio lugar a un salto cualitativo en lo referente a la Educación Ambiental. Se puede afirmar que se trató de una bisagra sustantiva para que, especialmente en América Latina, comenzara a cobrar importancia la Educación Ambiental. Nos parece particularmente importante citar uno de los párrafos de la Declaración de Principios:
“El desarrollo no puede ser ya la simple aplicación en todo el mundo de modos de pensamiento, experiencias, conocimientos y modos de vida propios de una región o de una cultura. Por el contrario, la orientación y el ritmo del desarrollo deberán definirse de modo endógeno por cada sociedad en función de las necesidades, los objetivos socioeconómicos y las particularidades de su medio ambiente, así como las consecuencias del desarrollo sobre la bioesfera. Significa también estimular la participación efectiva de los sectores activos de la población en el proceso de concepción, decisión y control de las políticas inspiradas por las nuevas ópticas del desarrollo”.
Nuevamente, en ambos casos el subrayado es nuestro. ¡Contundente, ¿no?! En particular cuando en la misma Declaración de Principios se lee:
“Tomar en cuenta la totalidad del ambiente natural, cultural, tecnológico y social, económico, político, moral y estético…Subrayar la complejidad de los problemas ambientales y la necesidad de descubrir los síntomas y causas reales para el desarrollo de un sentido crítico y de las aptitudes que sean precisas para la resolución de problemas”.
Insistamos sin ser petulantes ni insidiosos: compárese lo que se acaba de leer hasta el momento con la decisión adoptada por aquellos le dieron el visto bueno a uno de los modelos de extracción mineral más devastadores que se conocen. Alguna vez alguien tiene que ser castigado por estos “crímenes” intra e intergeneracionales.
Muchos creímos, algunos ingenuamente, que transcurrida la década de los años 70, en una Argentina signada por una de las más feroces dictaduras militares, el retorno a la democracia conformaría una atmósfera sociocultural más abierta y receptiva alrededor de estos asuntos; en particular en estos lares, pues fue grande el entusiasmo cuando la propia UNCo, a partir de un convenio marco de mutua cooperación firmado en 1994 (Ord. Nº 043/94) con la Escuela “Marina Vilte” de CTERA, y a continuación a través de las Ordenanzas del C.S. Nº 0584/00- 1120/02), se dio inicio, ¡en 14 jurisdicciones educativas!, a la carrera de posgrado (dirigida a docentes de enseñanza media, terciaria y universitaria): “Educación en Ambiente para el Desarrollo Sustentable”, colocando a la UNCo y a la Argentina al tope de todas estas recomendaciones. Pero cuán grande es hoy la decepción: una mayoría circunstancial toma la decisión que es de público conocimiento: legitimar el dinero proveniente de la “megaminería”; todo lo cual nos retrotrae a la infame década del ‘90, a la infeliz ignorancia, a la infeliz avaricia, a la infeliz despolitización de las UUNN, a la impotencia, a la maldita impunidad, a la maldita injusticia, o la combinación explosiva de estos u otros elementos. Decisión que echó por tierra, además, las promesas de la Conferencia de Río de Janeiro (ECO’92), las Resoluciones de los Estados Miembros de la ONU, la Cumbre Social (Copenhague), la Cumbre sobre la cuestión de la Población (El Cairo), la Cumbre sobre el Hábitat (Estambul), la Conferencia Internacional sobre Ambiente y Sociedad: Educación y Sensibilización del Público para la Sustentabilidad (celebrada en Tesalónica, Grecia), el Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental de 1992 en Guadalajara (México), el Taller Regional sobre Educación e Información en Medio Ambiente, Población y Desarrollo Humano Sustentable (Santiago de Chile, 1994), el Iº Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la República Argentina (Embalse, Córdoba), etc. Cabe señalar que en estos últimos encuentros la participación de la Argentina contó con la presencia de innumerables delegaciones de docentes de todos los niveles educativos.
De todas estas y otras reuniones fue que surgió una impronta latinoamericana para la Educación Ambiental, algo así como una cartografía pedagógica y cognitiva que comenzó a dar respuestas a la crisis suscitada desde la perspectiva neoliberal en educación. Podríamos decir: una cosmovisión latinoamericana absolutamente antagónica a la de los países responsables de esta crisis civilizatoria que es la crisis ambiental.
No es fácil olvidar algunos de los principios aprobados en la ECO’92, incluso por Argentina, editados en el informe conocido como “Agenda 21”, en cuyo apartado 36 se lee:
“Garantizar una educación para el medio ambiente y desarrollo a todas las personas de todas las edades…Desarrollar los conceptos sobre medio ambiente y desarrollo, inclusive los problemas de las sociedades en todos los programas educativos, analizando los problemas y sus causas. Debe darse especial atención a la capacitación de los tomadores de decisiones y de los docentes…Involucrar a los niños en los estudios relacionados con la salud del medio ambiente, en los ámbitos local y regional, incluyendo el cuidado del agua potable, el saneamiento, la alimentación y los impactos económicos y ambientales de los recursos utilizados…Trabajar de acuerdo con los medios, los grupos teatrales y mediante la publicidad para estimular una discusión más activa entre la población…Rescatar y recuperar las experiencias indígenas para mejorar la comprensión de la educación y la capacitación…”.
Por este motivo, Sres. Consejeros Superiores de la UNCo -por la mayoría-, una política ambiental pasa a ser un proyecto estratégico para cualquier Estado-nación, sea cual fuere el sistema de gobierno. De allí que se hace necesario pensar el desarrollo sostenible desentrañando, a través de la Educación Ambiental, los factores que puedan alterar la diversidad ecosistémica, la identidad y la riqueza cultural de los pueblos.
Claro que un proyecto estratégico de esta naturaleza, indefectiblemente va a colisionar con las políticas económicas que implementan modos de producción que modifican radicalmente las condiciones materiales y subjetivas de existencia de los pueblos. El objetivo principal, y Uds. lo saben, es dominar como-sea la naturaleza, hacer lo propio con la humanidad a través de la alienación y proceder a homogeneizar la cultura imponiendo el “fin de la historia” y la consagración del “pensamiento único” (el “no pensamiento”, al decir de Saramago).
Así pues, lo primero que comienza a hacerse visible son conflictos que impiden el diálogo y el desarrollo de políticas públicas, de políticas económicas y políticas de I+D que satisfagan las expectativas del conjunto de la sociedad, mas no únicamente la de un minúsculo sector de la misma. Y créannos, que estamos persuadidos de que dentro de ese minúsculo sector de la sociedad están Uds.
Dos últimas reflexiones:
1) Entendemos que el ser humano, más allá de su linaje meramente biológico, es fundamentalmente un ser cultural. Decimos esto porque lo humano surge en la culturización del Homo sapiens sapiens. Si se dan cuenta de esto, si Uds. Sres. Consejeros Superiores que legitimaron con su voto la devastación del ambiente porque solo creen en vuestro linaje biológico, pues los hacemos responsables de un devenir histórico muy poco prometedor para esta y las próximas generaciones.
2) Consecuentemente, por todo lo dicho, entendemos que hay obligación de castigar. Recordemos que el 10 de diciembre de 1948 se proclamó la Declaración Universal de los DDHH y se realizó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (CPSDG); también recordemos el carácter imperativo de las Convenciones y, muy especialmente el artículo II de la (CPSDG): “En la presente Convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”. En conformidad con el artículo III, inciso (e) de la misma Convención, entendemos que la actitud tomada por Uds. da cuenta, eventualmente, de “La complicidad en el genocidio” y, en conformidad con el artículo IV es que hay obligación de castigar: “Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III, serán castigadas, se trate de gobernantes, funcionarios o particulares”. Para ser aun más precisos y contundentes: en diciembre de 1946 la ONU aprobó la Resolución 96 sobre genocidio, calificándolo como la negación del derecho de existencia de grupos humanos, agregando que tal negación conmueve la conciencia humana, causa una gran pérdida a la humanidad en el aspecto cultural y otras contribuciones representadas por estos grupos humanos, y es contraria a la ley moral y al espíritu de las NNUU.
Adherimos y hacemos propia, también, las siguientes consideraciones que pasamos a transcribir, y que fueron elaboradas por otras organizaciones:
“La discusión institucional sobre la aceptación de fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas Dionisio (YMAD) pone a la palestra: cuál es la universidad pública que construimos.
Por un lado debatir la recepción de los montos dinerarios hace partir desde un escenario donativo empresarial que, puede entenderse, como expresión caritativa de quien comparte lo que le sobra. Nada más erróneo. Por el otro nos obliga cuestionarnos, en tanto ámbito público-estatal, acerca de la procedencia de nuestro sostén económico.
La producción minera actual tiene dos inscripciones en la historia inmediata: primero, forma parte de las transformaciones socio-políticas-económicas de la última década del siglo XX en nuestro país y, segundo, su forma extractiva es de altísimo impacto socio-ambiental. Decíamos que obedece al marco regulatorio dispuesto desde los 90 en la Argentina pero, cabe agregar, también fue confirmado el rumbo en todas las gestiones posteriores, en aquella oportunidad la plataforma legal fue asesorada por el Banco Mundial para las reformas regulatorias a fin de estimular la inversión extranjera en materia de minería en el país (PASMA, Programa Asistencia Minera Argentina). Además se implementó una legislación de facilitación fronteriza pensada, fundamentalmente, en las riquezas metal-mineras andinas. Específicamente el capital transnacional inversor se benefició con: estabilidad fiscal por treinta años, exención del pago de los derechos de importación, deducción del 100% de la inversión en el impuesto a las ganancias, exención al descubridor del yacimiento del pago del canon por tres años, la no obligación de liquidar divisas en el país, etc. En el período 1992-1998 las empresas extranjeras pasan de ser 4 a ser 80, el estado nacional opera desde una tríada: la promoción en tanto imán de inversiones (la Argentina es el sexto país mundial en riquezas mineras cuyo 75% no está explotado), el ordenamiento territorial interconectado (IIRSA y Plan de Ordenamiento Territorial 2016) y la gestión institucional. Todo un andamiaje institucional puesto al servicio del capital transnacional que desarrolla la extracción del metal-mineral de un modo destructivo, contaminante, concentrado y de neto corte expoliador.
Los minerales no existen, en su mayoría, en betas dentro de las galerías subterráneas, hoy aparecen diseminados en las montañas lo cual hace que para su extracción sea preciso la voladura de las mismas. De aquí la dimensión destructiva. Una vez obtenido “el material” se procede al lavado con sustancias químicas, lixiviado, tales como cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, etc., para, así, disolver el metal del mineral que los contiene. Luego se procede al lavado de los mismos con el uso a gran escala del agua. En el caso de la unión transitoria de empresas para la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera, en la provincia de Catamarca, la elocuencia está en las cifras: es el principal emprendimiento de la Argentina, en ejecución, de explotación a cielo abierto de un concentrado polimetálico, con una dimensión de 2.000 metros de diámetro por 800 metros de profundidad, un dique de colas (para el lixiviado) con una superficie de 2,5 kilómetros donde se depositan barros residuales de la primera planta de procesamiento. Requiere de más de 100.000 kilos de un explosivo de alto orden (ANFO) que consiste de una mezcla de nitrato de amonio y un combustible derivado del petróleo, desde gasolinas hasta aceites de motor. A Bajo La Alumbrera le fue concedido un permiso para extracción de 1.200 litros de agua por segundo, es decir 100 millones de litros al día), el consumo energético equivale al 170% de la provincia de Catamarca y al 87% de Tucumán. Entre algunas de las consecuencias territoriales se puede citar: roturas y derrames del mineraloducto (con la consecuente contaminación medioambiental) , denuncias de la comunidad diaguita de Tafí del Valle por deforestación, contaminación del aire por radiación, destrucción de cementerios indígenas par a la construcción del electroducto, denuncia por enterramientos clandestinos de minerales, denuncias de contaminación del dique frontal de Termas de Río Hondo, denuncias ante la Justicia Federal en Tucumán por contaminación a causa de derrames del mineraloducto y el vertido de efluentes líquidos de una planta de filtrados en Tucumán, lo cual derivó en “el caso Rooney”, procesamiento del vicepresidente de de Minera La Alumbrera tras comprobarse en los propios informes de impacto ambiental confeccionados por la empresa a solicitud de Gendarmería Nacional que los vertidos poseen sustancias químicas por encima de los niveles permitidos en la ley de Residuos Tóxicos; se puede sumar también la publicación de la tesis del ingeniero Héctor Nieva donde constata la filtración del dique de colas con el riesgo inminente de contaminación de la cuenca del río Vis Vis-Amanao.
Existe una clara intencionalidad de reprimarización de nuestras economías, con un Estado activamente ausente del proceso productivo, a la vez que inmersos en un proceso expropiatorio del territorio, de sus recursos y, por consiguiente, de sus identidades lo cual puede considerárselo como una producción colonial de identidades con una clara alienación territorial, la expropiación de la diversidad territorial lleva a la desintegración de los espacios productivos locales y los transforma en lugares monoculturales. Esta lógica acumulativa por la vía de la desposesión se asienta en una biopolítica de la expropiación mediante la producción y regulación de los territorios.
Sin embargo el panorama parece aún más complejo. Tanto el Estado (más claro en los distritos provinciales de Catamarca, San Juan y La Rioja) por cuanto las estrategias comunicacionales desarrolladas por las empresas transnacionales están enfocadas a legitimarse con todo tipo de herramientas, una de ellas es el aporte a la educación superior. La educación superior tampoco es ajena a los 90, la universidad –en particular- adquirió un nuevo rol en función no del pueblo sino del mercado, esas profundas modificaciones actuaron en el plano objetivo (de la institución) y subjetivo (de sus protagonistas). Se infiere la acción de un Estado que regula y organiza la división internacional del trabajo académico-científico, con un acelerado proceso de desapropiación de lo público, mercantilización del conocimiento en función del interés del desarrollo nacional, atado al interés de la inversión privada global.
Será momento de reivindicar el presupuesto genuino de la educación superior en los circuitos correspondientes, y no echar mano a fondos que vienen teñidos del “verde” internacional con ínfulas extorsivas, y de la sangre de los hermanos campesinos, indígenas esclavizados por el orden colonial de antaño y ahora con la anuencia de vastos sectores intelectuales funcionales a los intereses de la clase dominante. El presupuesto universitario es insuficiente, la lucha por un incremento del mismo la debemos dar todos y no ser cómplices (directos o indirectos, activa o pasivamente) del neocoloniaje imperial.
El desafío como clase trabajadora está en la disputa por un apoyo decidido a la justicia ambiental, en sus diferentes maneras de organización social con más de sesenta grupos nucleados en la Unión de Asambleas Ciudadanas, o más conocida como ecología popular, donde los conflictos ambientales están relacionados directamente con la reproducción globalizada del capital, la desigualdad social y la división internacional y territorial del trabajo. Así de tajante para no abdicar tras el discurso hegemónico de las corporaciones de la minería responsable, de la responsabilidad social empresaria, del desarrollo sustentable o las industrias limpias.
Lo que diferencia las luchas son las pretensiones discursivas retóricas con las políticas públicas implementadas, evidentemente que el Estado está en pugna, como siempre lo está, en la decisión de la actual coyuntura estará nuestra posición en el escenario de confrontación.
Es decir, la decisión sobre la procedencia de los fondos para la utilización en el sistema de educación superior supera cualquier preocupación ecológica, sino que debe ubicarse en el plano de los circuitos habilitados constitucionalmente para que las Universidades posean los presupuestos acordes con su funcionamiento, con las necesidades del país escondido, negado y expoliado. Las luchas deben llevarse adelante en los organismos correspondientes por eso rechazamos enérgicamente cualquier intento extorsivo de quienes defienden un modo de producción excluyente, depredador y concentrador de riquezas.
No a los fondos de YMAD.
Mayor presupuesto educativo.”
· “Que las denuncias sobre el daño social y ambiental de las explotaciones mega mineras a cielo abierto ya adquirió estado público a partir de la publicación de informes y notas del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, asi como del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba mediante Res. Nro. 166/09, el cual resolvió rechazar los fondos procedentes de la distribución de beneficios de YMAD acordados por el Consejo Interuniversitario Nacional el 18 de Mayo de 2009 mediante Acuerdo Plenario Nro. 699. (adjuntamos carta).
· La explotación de los yacimientos YMAD-Alumbrera-Limited representa una UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformado por un grupo de empresas: Xstrata Copper, Yamana Gold y Goldcorp Inc., cuyo principal objetivo en países como el nuestro es maximizar la ganancia neta y el lucro. Cabe señalar que durante los 90s la explotación minera de este tipo fue amparada con un marco político y legal que avala toda su operatoria. Así fueron favorecidas con importantes ventajas tributarias, entre las cuales se contaba la exención que se las eximía del pago de impuestos por treinta años, exención del pago de los derechos de la importación, deducción del 100% de la inversión del impuesto a las ganancias, la no obligación de liquidar divisa en el país, etc.
El impulso neoliberal de los 90 profundizó un modelo de país “minero-agro-exportador” generando este saqueo de los recursos estratégicos a favor de empresas extranjeras para avanzar en la monoproducción agropecuaria, en la explotación minera y la expropiación del agua. Bajo estas condiciones se vieron favorecidas empresas multinacionales con la complicidad del estado y sus instituciones, tal es el caso del surgimiento de la Minera La Alumbrera Ltd.
Desde el punto de vista de la legislación vigente existen numerosos cuestionamientos al modo de operar de la UTE YMAD-Alumbrera-Limited por contaminación e irreparables daños ambientales. Por esto el vice-presidente de YMAD, Julián Patricio Rooney, está siendo procesado por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán por el delito de daño ambiental. Este procesamiento judicial, dispuesto en mayo de 2008, es el primer fallo contra una multinacional minera por delito ambiental. El fallo se apoya sobre pruebas obtenidas de los informes de impacto ambiental de la empresa misma, los que demuestran contaminación de las aguas de canales de desagüe. En 2007, un informe de la propia Secretaría de Minería de la Nación detallaba graves impactos ambientales.
· Que es deber inexcusable de una Universidad Nacional velar por altos intereses del pueblo que la sustenta y de la salud de la población. Población ésta, la de las localidades aledañas a YMAD, que ha ido aumentando de manera constante los casos de cáncer y enfermedades respiratorias. Los daños causados por este tipo de explotación también se manifiestan de manera indirecta provocando la muerte de animales y cultivos; y en general en detrimento de los medios de sustento económico de los pobladores.
· Que es deber inexcusable de una Universidad Nacional velar por el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, los que parecen seriamente comprometidos en el caso de las explotaciones mineras del tipo de YMAD-Alumbrera.
Después de lo previamente expuesto, nos cabe reflexionar sobre la posibilidad de destinar estos fondos hacia actividades de investigación:
• ¿Qué vamos a investigar? Cómo restituir las montañas y el paisaje que le llevo a la propia Naturaleza millones de años remodelar.
• ¿Qué vamos a investigar? Cómo devolverles a los pobladores aledaños la calidad de vida que alguna vez tuvieron y que ahora perdieron.
• ¿Qué vamos a investigar? Cómo devolverles a los poblaciones aledañas el aire puro y el agua pura que gozaban hasta hace un tiempo y ahora ya no.
• ¿Qué vamos a investigar? Cómo devolverles a las poblaciones aledañas los medios de vida que los sustentaban y que ahora ya no.
• ¿Qué vamos a investigar? Cómo vamos a descontaminar todo lo que permitimos que contaminaran; y cómo vamos a reconstruir todo lo que permitimos que destruyeran.
• ¿Qué vamos a investigar? Cómo devolverle a los pobladores de este país la confianza de que el Estado y su gobierno gestor, está de verdad, ocupado en formular esa gran política que ahora incluya a todos los pobladores que desde siempre fueron los eternos excluidos. Cómo devolverle a los pobladores de este país la confianza de que el Estado y su gobierno gestor, está de verdad, ocupado en formular una política que no sólo mejore las condiciones de vida actuales, sino también la de las generaciones futuras. Cómo nos van a creer y confiar en nosotros, si los ciudadanos comunes o pobladores de este país, parecen más bien que fueron y son el estorbo a los grandes arreglos que con forma de política realizan los gobiernos de turno con estas UTEs de turno.
¿No sería mucho más sencillo para todos nosotros pedirles a todos estos señores y UTEs involucrados en este tipo de explotación que dejen ya de hacerlo?
Dejen ya de hacernos daño: a nuestra población, a nuestra Naturaleza, a nuestro ambiente, a nuestras producciones, a nuestros animales y a todo lo nuestro.
No sería mucho más sencillo pedirles que se retiren. ¡Que ya esta bien! ¡Que ya ha sido suficiente! ¡Que ya ha sido demasiado!
Y una vez que hayamos detenido este tipo de explotaciones y hayamos detenido la destrucción y la contaminación que ellas provocaron, claro-que-SÍ, nos comprometemos e instamos a todas las UUNN y a todas las instituciones de bien a avocarnos a la árdua tarea de reconstruir lo destruido y de descontaminar lo contaminado.
Pero antes que hagamos todo esto, solo nos queda rechazar y repudiar los fondos que nos llegan de actividades espurias.”

POR TODO ESTO:
1. LAS PERSONAS Y LAS ORGANIZACIONES ABAJO FIRMANTES, REPUDIAMOS LA DECISIÓN ADOPTADA POR LA MAYORÍA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNCo.
2. LES EXHORTAMOS A DEVOLVER LOS FONDOS PROVENIENTES DE LA CONTAMINANTE MINERA “BAJO LA ALUMBRERA”.
3. NO ESTAMOS DISPUESTOS A SEGUIR SOPORTANDO UNA EXPERTISE QUE, COMO LA DE LOS AÑOS ’90, SOLAMENTE BUSCA SU PROPIO BIENESTAR.
ADHESIONES:
Asociación de DDHH Zainuco; Augusto Bianco (Escritor); Jorge Cardelli (Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto – Diputado Nacional Electo por “Proyecto Sur”); Cátedra Libre de Derechos Humanos UNCo; Colectiva Feminista “La Revuelta”; Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Río Negro y Neuquén; Ariana Datri (Docente de Neuquén); Edgardo Datri (Docente del Área “Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología” - UNCo); Mirta Beatriz Datri (Docente de CABA); Rubén Dri (Escritor – Docente de la UBA); Miguel Duhalde (Coordinador Nacional de la “Red de Docentes que Hacen Investigación Educativa”); María Gabriela Eberle (Docente de la Universidad Nacional del Sur); Carlos Falaschi (Universidad Trashumante Sur); Fernando Lizárraga (Docente, escritor y miembro de CLACSO); Gustavo Giuliano (Docente y Compilador de la Revista del Instituto de Formación y Estudios de la CTA, “Ciencia, Tecnología y Sociedad. Visión de los Trabajadores”); H.I.J.O.S. del Alto Valle y Neuquén; Pablo Imen (Docente de la UBA); Clarisa A. Martina (Docente y Psicóloga de Santa Fe); Laura Nuguer (Sec. Gral. de la Asociación de Docentes de la UNCo) Martín Properzi (Docente de Neuquén) Eduardo Rosenzvaig (Docente y escritor - Univ. Nac. de Tucumán); (Marcelo Ruiz, Universidad Nacional de Río Cuarto); (Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (Si.Pro.Sa.Pu.Ne); Luis Tiscornia (Secretario Gremial de la CONADU Histórica); Oscar R. Vallejos (Docente de la cátedra “Ciencia, Tecnología y Sociedad” – Universidad Nacional del Litoral) … Siguen más de trescientas firmas de ciudadana/os pertenecientes a diferentes ONGs., Organismos de DDHH, círculos científicos, escritores, artistas, etc., etc.