El teniente coronel del ejército Sergio Berni nunca descuidó su formación: es médico cirujano, abogado, karateca, alpinista, buzo táctico, y paracaidista. Sus varias décadas en la función pública empezaron a mediados de lo ’90, cuando el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, lo designó director de un hospital en la provincia. En 1994 se ofreció como “voluntario” para supervisar la salud de los mineros de Río Turbio durante la huelga de 1994, a poco de darse la concesión de la mina al empresario Sergio Tasselli. Berni se internó en el socavón junto a los obreros y durante 15 días pasó información al gobierno provincial sobre los debates en las asambleas, las acciones a realizarse y las filiaciones políticas de los huelguistas. A partir de las sospechas que levantó, los trabajadores consultaron organismos de DDHH, que les confirmaron que era un militar en actividad, y funcionario del gobierno provincial, por lo que lo expusieron en una asamblea, y lo expulsaron de la mina.
Después de tener otros cargos en la gestión provincial, en 2003 Berni llegó al Ministerio de Desarrollo Social de la mano de Alicia Kirchner, como Director Nacional de Asistencia Crítica, Subsecretario de Abordaje Territorial y luego Viceministro y Secretario de Gestión. Su tarea central en aquel momento fue desarticular el movimiento piquetero, a partir de la cooptación de los sectores que caracterizaba como “dialoguistas” y el aislamiento de los definidos como “duros”.
Seguía en el Ministerio de Desarrollo Social en diciembre de 2010, cuando se produjo la ocupación del Parque Indoamericano por parte de unas 1.500 familias. Berni fue el interlocutor del gobierno nacional con la gente, a la vez que dirigió el plan de acción de Gendarmería en coordinación con la Policía Federal y la Policía Metropolitana -entonces a cargo del ex fiscal Guillermo Montenegro-, con el resultado de una brutal represión y tres muertos, Rossemary Chura Puña, Bernardo Salgueiro y Emiliano Canaviri Álvarez.
Al año siguiente, fue electo senador provincial bonaerense, y designado vicepresidente primero del Senado, hasta que, al año siguiente, fue designado Secretario de Seguridad de la Nación por Cristina Fernández de Kirchner, en reemplazo de la fiscal Cristina Caamaño Pais (actual interventora de la AFI).
El Operativo Centinela, con el despliegue de seis mil efectivos de la Gendarmería Nacional en el conurbano bonaerense, fue la primera de muchas iniciativas orientadas a la saturación de efectivos en los barrios populares de todo el país. Le siguieron el Escudo Norte y el Cinturón Sur, mientras la presencia de gendarmes y prefectos, sumados a las policías federal y locales se multiplicaron bajo el argumento de la “guerra contra la inseguridad”, que nunca fue otra cosa que control social y disciplinamiento a punta de reglamentaria sobre la clase trabajadora.
Empezó a hacerse habitual la presencia de Berni en los medios, tanto con pintorescas imágenes del teniente coronel llegando en su poderosa moto a dirigir personalmente operativos, equipado cual GI Joe o Rambo, como en entrevistas en las que asumía la defensa irrestricta de lo más letal de la política represiva estatal. Hombre multifacético, hasta tuvo tiempo de ocuparse de CORREPI. En septiembre de 2013, cuando fue interrogado por los periodistas Gustavo Sylvestre y Mario Portugal sobre los datos que habíamos difundido en esos días sobre la cantidad de personas asesinadas bajo su gestión por el aparato represivo estatal, Berni arremetió contra nuestra organización, y específicamente contra la compañera María del Carmen Verdú, a quien acusó de “desestabilizadora y mentirosa”. Unos días después, se dedicó a cargar contra lxs migrantes de Latinoamérica, a quienes responsabilizó de todos los males de la Argentina, desde los robos en departamentos al narcotráfico.
En 2014 vimos al secretario de Seguridad, siempre ataviado para la ocasión, descolgándose una y otra vez desde un helicóptero sobre la Panamericana, para dirigir los operativos de represión a trabajadores de las fábricas de la zona, con provocaciones como la del célebre “gendarme carancho” y detenciones masivas de personas conducidas a Campo de Mayo. También en helicóptero llegó para comandar el desalojo con topadoras de los vecinos del barrio Papa Francisco, en Lugano.
Durante los cuatro años de gobierno macrista, Sergio Berni no dejó de ocupar un lugar en el discurso mediático. En febrero de 2018, se jactó de ser “el primer secretario de Seguridad de la historia que no tuvo un sólo caso de gatillo fácil“, mentira rápidamente revelada con los datos de nuestro Archivo: durante la gestión del coronel Berni al frente de la Secretaría de Seguridad de la Nación los integrantes del aparato represivo estatal mataron 2.664 personas. Esta cifra incluye todas las modalidades, mayoritariamente fusilamientos por gatillo fácil y muertes en lugares de detención, además de otras como desapariciones, asesinatos en represión a manifestaciones, femicidios de uniforme, y abarca todas las fuerzas. Si desglosamos sólo los hechos protagonizados por miembros de las fuerzas federales (PFA, GNA, PNA, PSA, SPF y agencias de seguridad privada supervisadas por Nación) el total bajo la gestión Berni es de 1.564 personas. De ese número, 310 casos corresponden a la modalidad conocida popularmente como “gatillo fácil”, es decir, el fusilamiento de personas que no representaban peligro alguno para el victimario al momento de ser ejecutadas.
En enero 2019, el teniente coronel, ya retirado, manifestó su apoyo a la decisión de Cambiemos de comprar 300 pistolas Taser y autorizarlas para su uso en lugares públicos, como estaciones de tren o subte. Su posición quedó claramente expuesta en el debate que sostuvo en C5N con nuestro compañero Ismael Jalil, donde se definió como “defensor a ultranza del uso de las pistolas Taser, un elemento indispensable en las fuerzas de seguridad”.
El debut de Berni como Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es decir, jefe de la policía bonaerense y demás fuerzas provinciales, se produjo con la inauguración del Operativo Sol 2020, en el que estuvo acompañado por un viejo conocido, el nuevo intendente de Mar del Plata, el ex fiscal federal Guillermo Montenegro, con el que coordinó la represión del Indoamericano. Desde entonces, tuvo fuertes contrapuntos con el ministerio de la Nación, hasta ahora siempre zanjados con posteriores reuniones en las que terminaron acordando iniciativas comunes, como los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad, lo que nunca ha sido buena noticia para el pueblo trabajador.
En febrero, ante la inminencia del hoy postergado juicio oral al policía fusilador emblema del macrismo, Berni declaró que al accionar de Chocobar fue “incorrecto, no es un asesino, lo que hizo fue con la mejor intención”. Quedó pendiente que explicara cómo es que un policía dispara siete veces a la espalda de una persona que huye desarmada “con la mejor intención”.
Desde la irrupción de la pandemia del Covid-19, y con la decisión de los gobiernos nacional, provinciales y de la Ciudad de dejar la implementación del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio en manos de las fuerzas de seguridad, Berni volvió a su rol protagónico. Encabezó la campaña mentirosa para frenar las urgentes medidas que debían tomarse para proteger a la muy vulnerable población carcelaria, con el fraude de la “liberación masiva de presos” que nunca ocurrió ni estuvo cerca de ocurrir. Volvió a aparecer al comando de operativos de todo tipo, incluso armado con una pistola ametralladora, recordándonos aquello que decía Patricia Bullrich, “es un país libre, el que quiera andar armado que ande armado“. Su último éxito de rating fue la escena en el Puente La Noria, increpando al jefe del operativo de la Policía Federal, seguramente un “acting” destinado a sepultar tras nuevos titulares los de los días previos, que destacaban la defensa cerrada que hizo de su jefe de gabinete, Mario Baudry, y su pareja, Verónica Ojeda, acusada por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio con un certificado falso que la consignaba como funcionaria pública.
El verdadero problema es que es el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y conduce todas las fuerzas de seguridad bonaerenses.
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