Organizaciones
sociales repudian el hostigamiento y la represión de la policía correntina
El pasado jueves 1 de agosto los vecinos del Barrio
Galván III “Virgen de Itatí” se encontraban realizando un corte de calles en la
bajada del puente General Belgrano que une las provincias de Chaco y
Corrientes. Reclamaban la regularización de los asentamientos donde viven y,
durante el proceso, la asistencia social a través de casillas y comedores
comunitarios.
Después de varias horas de reclamo, funcionarios del
gobierno correntino les comunicaron que serían recibidos en la Casa de Gobierno
para atender sus demandas. Los vecinos, entonces, levantaron la medida de
fuerza. Sin embargo, al llegar a la sede del Poder Ejecutivo ningún funcionario
quiso atenderlos y se les negó la posibilidad de ingresar. Ante esta situación,
los vecinos regresaron a la bajada del puente con la intención de sostener sus
reclamos. En ese momento, los agentes policiales intentaron impedir que
llegaran al puente y comenzó una feroz represión. Tal como puede observarse en
las fotografías registradas por medios de prensa, niños, mujeres y hombres
fueron golpeados por la policía, quedando un joven fue detenido. Además, los
uniformados dispararon balas de goma y varias de ellas impactaron sobre los
caballos de los carros que los vecinos utilizan para trabajar como cartoneros.
Casi una semana después, el 6 de agosto, los habitantes
del Galván III se movilizaron junto con el Centro Comunitario Villa Tarima del
Barrio Lomas II hacia la Casa de Gobierno provincial con el mismo reclamo: el
acceso a un terreno y una vivienda digna. Tampoco obtuvieron respuestas en esta
ocasión. Es más, llegado el mediodía, la policía los agredió e impidió que
pudieran cocinar para los niños que estaban en el lugar con sus familias.
Galván III y Lomas II son dos barrios surgidos de
asentamientos espontáneos en tierras inundables, ocurridos en agosto de 2012. Ese
mismo año se produjo en Corrientes el asentamiento de 2000 familias en el
barrio Pirayuí, que se sumaron a las 500 del Quilmes, 250 de El Cocal, 200 de
La Chola, 150 del Ongay y 70 de Loma Linda. Esto demuestra el enorme déficit
habitacional que padece la ciudad de Corrientes, lo que obliga a estas familias
a asentarse en tierras abandonadas para construir allí sus precarios ranchos
como única posibilidad de acceso a un techo propio.
Ante esta situación la respuesta del gobierno
correntino es el silencio de los funcionarios, el hostigamiento y la represión
policial. La misma respuesta que utiliza contra los medios de prensa críticos,
contra las organizaciones que defienden los Esteros del Iberá y contra los
pequeños productores desalojados de sus tierras por emprendimientos forestales,
arroceros y sojeros.
Por eso, las organizaciones sociales y políticas abajo
firmantes repudiamos la actitud del gobierno correntino, encabezado por Ricardo
Colombi, nos solidarizamos con los compañeros que fueron violentados en sus
derechos y acompañamos el reclamo por tierra y vivienda dignas.
¡BASTA DE REPRESIÓN EN CORRIENTES!
¡TIERRA Y VIVIENDA DIGNAS PARA L@S CORRENTIN@S!
No hay comentarios.:
Publicar un comentario