Atravesada por las disputas internas, la corrupción y la recesión
Crisis sin fin de la burguesía brasileña
Por Red Jáuregui
Brasil atraviesa una fenomenal crisis
económica, que fue confirmada, a principios de marzo, cuando el
Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), anunció que el
PBI cayó 3,8% durante 2015 en la peor recesión de los últimos 25 años;
en 1990 la caída había llegado a 4,3%.
Precedido por este cuadro,
las perspectivas para el 2016 no son mejores. Se augura una nueva caída
del PBI superior al 3%. De confirmarse este registro se darían dos años
consecutivos de recesión, hecho que no ocurre desde 1930-31, cuando el
mundo atravesaba los efectos de la Depresión de 1929.
Al mismo
tiempo, durante 2015, se estima que se perdieron 1,5 millones de puestos
de trabajo registrado y, según el mismo IBGE, el consumo familiar cayó
un 4%.
Con el telón de fondo de esta crisis económica, en Brasil se
desató una feroz disputa entre las distintas facciones de la gran
burguesía, a lo que se suma la injerencia del imperialismo yanqui que se
apresta a sacar tajada del debilitamiento del único país de la región
en el BRICS (que incluye además a Rusia, India, China y Sudáfrica),
bloque que disputa la hegemonía de los EEUU en el mundo.
Políticamente, se desarrolla lo que ahora se llama un “golpe blando”.
Técnicamente lo que hay en marcha es un mecanismo (impeachment o juicio
político) que está previsto por la Constitución y no hay una ruptura del
orden institucional. Sin militares en las calles o copamientos de
cuarteles, al igual que en un golpe clásico, hay un sector de la
burguesía decidida a remover al que está en el poder político sin
esperar los tiempos institucionales, sin violar el marco de una
democracia burguesa formal. Esto no es nuevo, vimos sucesos parecidos
con Zelaya en Honduras y con Lugo en Paraguay y, sin el mismo éxito,
también en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Detrás de esta maniobra se
mueven una fracción importante de la burguesía, más varios de los medios
de comunicación más importantes que operan como voceros de esa gran
burguesía, sectores del Poder Judicial, y lo más derechoso y conservador
de la oposición política brasileña en el Poder Legislativo, que ponen
todos sus recursos al servicio de tumbar a Dilma Rousseff.
El actual
gobierno petista no está exento de responsabilidades en la agudización
de la crisis. Cuando inició su segundo mandato, en enero del 2015, puso
en marcha un plan de duro ajuste fiscal, similar al propuesto por la
oposición derrotada. Tras el recorte del plan de inversiones de
Petrobras, habilitó la participación del sector privado en la
explotación de las grandes reservas de petróleo halladas en el
Atlántico.
Los escándalos de corrupción agregaron leña al fuego y
potenciaron la crisis, comprometiendo a políticos y legisladores, tanto
del oficialismo como de la oposición, y alcanzó a los ejecutivos de las
mayores empresas brasileñas de ingeniería y construcción, como
Odebrecht, Camargo-Correa y OAS.
Así, mientras la crisis política en
Brasil transita un tramo decisivo, y se acerca la definición del juicio
político que podría terminar con la suspensión de Dilma Rousseff como
presidenta y la asunción de su vice Michel Temer, importa definir las
consignas de una salida desde el punto de vista obrero y popular.
Algunas consideraciones previas. A diferencia de otros procesos
latinoamericanos, el gobierno de Lula y el PT no surge enancado en un
marco de rebeldía popular, y si bien se dieron fuertes manifestaciones
previas al mundial de fútbol, la situación carece de antecedentes de
grandes confrontaciones sociales en dirección a una salida popular.
Paralelamente, a la izquierda del PT, las iniciativas que se agitan se
sintetizan en las siguientes: No al golpe/Convocatoria a nuevas
elecciones generales/Iniciativa popular por una reforma
política/Asamblea Constituyente. Todas estas consignas tropiezan con el
mismo problema y es que dependen del mismo régimen político
descompuesto, en momentos que se empieza a advertir un hartazgo de buena
parte de la población con él que no sólo no da respuestas a sus
principales demandas, sino que lo expropia impunemente a través de la
corrupción generalizada, y pisotea abiertamente lo resuelto en las
urnas.
No es tarea de los revolucionarios ofrecer una alternativa
para que ese régimen se limpie, se recomponga y pueda reconciliarse con
el pueblo, sino pronunciar su divorcio. Lo que hace falta es recuperar
la iniciativa política para el pueblo, poniendo en pie órganos de
deliberación, organización y acción como son las asambleas populares en
todos los lugares de trabajo, en los barrios, favelas, campos y
universidades, con la firme determinación de ganar las calles exigiendo
que se vayan todos los corruptos y defraudadores de la voluntad popular,
en dirección a un gobierno provisional popular y revolucionario, que
ponga en marcha un programa de emergencia contra el ajuste económico, la
entrega de los recursos naturales, castigue a la corrupción y garantice
amplias libertades democráticas para los trabajadores y el pueblo.
Sabemos que cualquier paso dado en esta dirección y orientado con esta
perspectiva política, es mucho más provechoso para el pueblo que
cualquiera de las orientaciones que pretenden soldar las partes de un
régimen político fracturado y en crisis.
RED JAUREGUI
22/04/2016
26 abr 2016
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