Sentencia en la causa del 20 de
diciembre:
Los condenaron por inútiles, no por
represores.
El entonces secretario de Seguridad, Enrique Mathov, fue
condenado a 4 años y 9 meses de prisión por el asesinato de cinco personas y
lesiones a más de un centenar de manifestantes. De la cúpula de la Policía
Federal, el comisario Rubén Santos fue condenado a 4 años de prisión, mientras
que el Director General de Operaciones, Norberto Gaudiero, recibió condena a 3
años y seis meses, por los mismos delitos. El ex Superintendente de Seguridad
Metropolitana, Raúl Andreotti, fue condenado a 3 años en suspenso, sin
aplicación efectiva, también por el delito de "homicidio culposo". En todos los
casos, la justicia consideró que no hubo intención homicida (dolo).
Los policías Carlos José López y Roberto Juárez,
recibieron condena de 6 años de prisión y 4 años y seis meses, respectivamente,
por el homicidio “en agresión” de Alberto Márquez. Los policías Ariel Firpo
Castro y Víctor Belloni, fueron condenados a 3 años de prisión, mientras que el
subcomisario Omar Bellante fue condenado tres años de prisión en suspenso por el
encubrimiento del crimen de Gustavo Benedetto. El autor del crimen sería el
teniente coronel Jorge Varando, jefe de seguridad de un banco en inmediaciones a
Plaza de Mayo, filmado apuntando su arma a los manifestantes. Pero Varando
–represor de la Tablada- fue
absuelto.
Los jueces José Valentín Martínez Sobrino, Javier
Anzoategui y Rodrigo Giménez Uriburu sobreseyeron también a seis de los policías
acusados de disparar contra la multitud: Mario Seia, Norberto Sabbino, Sebastián
Saportii, Horacio Berardi, Orlando Oliverio Belloni, Eugenio
Figueroa.
Además, el tribunal dispuso el sobreseimiento de Jorge
Daniel Toma y Carlos Alberto Loforte por prescripción del delito.
Desde el inicio de la causa comprobamos que, como
siempre, la justicia había tomado por determinación el consagrar la impunidad de
los poderosos. Basta, para comprobarlo, revisar el proceso respecto del ex
presidente Fernando De La Rúa, principal responsable político de la represión. A
pesar de los esfuerzos insistentes de las querellas, que consiguieron que,
tardíamente, fuera indagado por los homicidios y las tentativas de homicidio
cometidos por el aparato de seguridad que como jefe de gobierno dirigía, y
aunque fue brevemente procesado, la justicia finalmente decidió premiarlo con un
fallo especialmente llamativo por el absurdo que lo constituyó: el hombre fue
sobreseído luego de haber declarado que
recién supo que hubo muertos al día siguiente, que no supo lo que sucedía en la
periferia de la Casa Rosada, porque no se asomó en ningún momento a las
ventanas, ni tenía radio ni televisión encendidas.
Con De la Rúa sobreseído, la justicia consagró la
ajenidad del poder ejecutivo, descabezando la cadena de mandos en la
responsabilidad política en la masacre que tiñó esas jornadas de
lucha.
A partir de ello, su tesis se tradujo en la posibilidad
de argumentar que la represión de aquellas jornadas fue un “desborde” de la
fuerza policial, que no fue bien manejada por funcionarios “incompetentes”, a
quienes se les imputó por homicidio culposo (es decir, por violación del deber
de cuidado, impericia o negligencia), lo que prevé una pena máxima de cinco años
de prisión a cada uno.
Esta tesis, consagrada hoy en la sentencia, busca
proteger la función esencial del aparato represivo, soslayando criteriosamente
la responsabilidad estatal, para poder explicar los hechos represivos como actos
de “abuso” o “exceso” en el caso de los que dispararon, y “conductas erróneas”
que “no hicieron lo que debían hacer” en el de los funcionarios. No se los juzgó
por represores y asesinos, sino por ineptos y negligentes, con la misma
imputación que tanto indigna a la “opinión pública”, cuando se aplica al
conductor ebrio que atropella y mata a una persona en la vía pública.
Igual que Menem, con todos los hechos represivos de su
gobierno y la voladura de Río Tercero, o el propio De La Rúa, en las causas de
la represión en el Puente Gral. Belgrano de Corrientes y las coimas en el
senado; como Duhalde en la causa del Puente Pueyrredón; como durante todos los
gobiernos hasta el día de hoy cuando los represores son absueltos por matar a
nuestros pibes en los barrios, la causa del 19 y 20 de diciembre es una prueba
más de la forma en que el estado se protege a sí mismo, garantizando la
impunidad de sus eventuales administradores.
Nosotros sabemos lo que pasó ese día, no necesitamos que
nos lo cuenten. Sabemos que las calles eran una cacería que articulaba por único
lenguaje la lluvia de plomo para evitar que llegáramos a Plaza de Mayo al grito
de “que se vayan todos”. Así fue como cayó nuestro compañero Carlos “Petete”
Almirón, como los otros 38 caídos de ese día en todo el país, que hoy integran
la inmensa lista de más de 4.700 personas asesinadas por el estado desde el
retorno de la democracia hasta la fecha.
De lo que estamos seguros es que, por más que intenten
doblegarnos, nuestra respuesta siempre va a ser la organización y la
lucha.
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