- Por Santiago Rodríguez
En el Camino de Cintura, partido de La Matanza, asesinaron a 4 chicas que habían denunciado a policías en una causa relacionada a la trata. En esa zona se prostituyen habitualmente cerca de 180 mujeres y chicas trans, como Pamela Arancini de 40 años, Maxim Brizuela de 22 y Marilin Sosa de 32, que fueron acribilladas. Laly Heredia, de 36 fue atropellada un año atrás, falleciendo el 16 de diciembre en el Hospital de Florencio Varela.
Según un testigo de la causa contra los uniformados -acusados por explotación sexual- la red de trata continúa funcionando, ya que para trabajar en la ruta de 20 a 5 de la madrugada, hay que pagarles entre 1500 y 2000 pesos. De lo contrario, quienes se niegan son baleadas desde autos que pasan por la ruta u obligadas a vender droga. Las chicas asesinadas eran testigos de una causa en la que están involucrados varios jefes de la Bonaerense, que funciona como una verdadera mafia.
Esto estos, se encuentran el comisario inspector Nicolás Félix Breglia, el subcomisario Patricio Miguel Kearny Herrera -ambos del Comando de Patrullas de Avellaneda- el subcomisario Javier Alejandro Caffarena -jefe de la seccional de Llavallol- el teniente primero Jorge Abel Virreira y los oficiales César Pérez, Braian Fabián Robledo (también de Llavallol) y la oficial principal Claudia Yamila Ferrando, de Avellaneda. Otro imputado, el comisario Héctor Coquena, de la Jefatura Distrital de Ezeiza, permanece prófugo.
El 90% de las mujeres trans y travestis no tiene la oportunidad de acceder a lo largo de su vida, que en general es muy corta, a un trabajo digno, por eso la mayoría de las que tienen entre 18 y 29 años se ven obligadas a vivir de la prostitución, a pesar de que la Ley Diana Sacayán -aprobada el 17S de 2015- establece que el Estado bonaerense debe garantizar que “el 1% de los puestos de la administración pública deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero mayores de 18 años”.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo provincial no avanzó todavía con la reglamentación de esta ley, demostrando que no tiene ningún interés en facilitar la obtención de trabajo genuino para estas chicas, que pagan caro situación de precarización y vulnerabilidad en la que se encuentran. Por eso, no son sólo responsables los policías mafiosos, sino el conjunto de funcionarios de las instituciones estatales que permiten la existencia o lucran con la prostitución. Mientras enfrentamos a esta lacra debemos exigir el esclarecimiento de estos travesticidios y un castigo ejemplar para los victimarios.
Volver a página principal
Cargand
Entradas
Añadir un comentario