CASACIÓN PENAL BENEFICIÓ A MENÉNDEZ CON PRISIÓN DOMICILIARIA

En Córdoba hay resistencia a que el represor goce de ese inmerecido beneficio

Luciano B. Menéndez fue durante cuatro años comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, en el período más sangriento de la dictadura. Condenado a reclusión perpetua el año pasado, ya podría comenzar con privilegios.
Opinión:
EMILIO MARÍN

El Tercer Cuerpo tenía jurisdicción sobre diez provincias: Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y Córdoba. Según la investigación de la Conadep, cobijó más de 60 campos de tortura y exterminio. En Córdoba funcionaron La Perla, La Perla Chica (Malagueño), Campo de La Ribera, Departamento II Informaciones, Dirección Provincial de Hidráulica, Unidad Penitenciaria Uno (UP1), etc.
Sólo por La Perla pasaron 2.500 prisioneros que fueron secuestrados y torturados, para en su gran mayoría ser desaparecidos, enterrados clandestinamente para no dejar huellas.
Sin embargo, bien se dice que no hay crimen perfecto. Aunque los represores se vieron beneficiados por la Ley Nº 23.492 de Punto Final en 1986, al año siguiente por la Nº 23.591 de Obediencia Debida y en octubre de 1989 y diciembre de 1990 por indultos, varios vieron avanzar causas en su contra.
Es que aún esas normas vergonzosas habían dejado delitos sin amparar, como el robo de bebés, lo que permitió el arresto del indultado Jorge R. Videla. También aparecieron casos que no habían sido planteados judicialmente antes. Así pegó sobre Menéndez y otros siete genocidas la causa “Brandalisis, Humberto Horacio”, por los crímenes de cuatro militantes del PRT-ERP, luego que en las exhumaciones de enterrados como NN en Córdoba se diera con los restos de Hilda Flora Palacios, una de esas víctimas.
La justicia se tomó su tiempo, con holgura y parsimonia, aún luego de que en agosto de 2003 el Congreso votara la Ley Nº 25.779 que anuló las leyes de impunidad. Recién después de cinco años a contar desde entonces, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba condenó a la patota por esos cuatro asesinatos, secuestros y torturas. Si se cuenta desde diciembre de 1977, cuando esos militantes habían sido asesinados en aplicación de la “ley de fuga” (fusilamiento fraguado de “enfrentamiento entre subversivos y Ejército”), entonces la demora tribunalicia es escandalosa: 31 años.
Como sea, cuando el camarista Jaime Díaz Gavier leyó la sentencia unánime del tribunal, hubo júbilo de los organismos de derechos humanos y demás sectores democráticos. Menéndez y los ex militares Luis Manzanelli, Carlos Díaz, Oreste Padován y el ex personal civil de inteligencia Ricardo Lardone, recibieron perpetua. Hermes Rodríguez, ex segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141 y Jorge Acosta, ex jefe operativo de La Perla, una pena de 22 años de prisión y Carlos Vega, otra de 18.

Ocho al pabellón
La sentencia incluyó un aspecto muy importante: la pena debía cumplirse en un establecimiento penitenciario común de la provincia. Hacia allí, Bouwer, fueron traslados los reos en la noche del 24 de julio de 2008.
Los represores tuvieron la oportunidad de hablar al inicio del juicio, una instancia que les negaron a sus víctimas, y también de decir palabras finales.
El ex general tenía estudiado su libreto porque desde 1983 lo viene repitiendo: no reconocía al tribunal porque consideraba que su ámbito legal era la justicia militar, la guerra revolucionaria la había desatado el marxismo desde 1950, su guerra contrarrevolucionaria había sido en beneficio de la democracia y los marxistas derrotados están ahora en la conducción del Estado. Su párrafo de cierre, deslizando cierto anhelo de golpe de Estado, exhortó a “que los argentinos detengamos esta marcha al abismo a la que nos conducen los guerrilleros que hoy están en el poder”. Lejos de amedrentar, esa expresión antidemocrática alimentó la alegría del público por la condena que se conoció momentos después. La gran ausente en esas palabras del antiguo jefe de la represión ilegal fue la autocrítica. Cero autocrítica; peor aún, reivindicación de lo actuado sin el margen mínimo de error. Se seguía creyendo Napoleón, bañado por la gloria de sus campañas.
Menéndez declaró entre sus condiciones personales que percibía una jubilación de 5.000 pesos. Equivalía en ese momento a siete jubilaciones mínimas de las que perciben argentinos que han trabajado décadas y no mataron a nadie. Pese a ese ingreso, no pagó un abogado particular y el Estado debió ponerle un defensor de oficio.
Y esos letrados hicieron bien su trabajo, lamentablemente. En los años previos impugnaron el juicio por considerar prescriptos los delitos y a sus defendidos como amparados por leyes del perdón e indultos, que juzgaron vigentes. Así demoraron hasta octubre de 2005, cuando la Cámara Federal declaró que los indultos eran nulos (un voto) e inconstitucionales (4 votos). Ya en el juicio insistieron en esos argumentos. Y tras la condena, apelaron, además de solicitar que sus clientes tuvieran el beneficio del arresto domiciliario. Invocaron que las sentencias no estaban firmes y varios de ellos tenían más de 70 años de edad, circunstancias que no deberían ser tenidas en cuenta tratándose de condenados por delitos de lesa humanidad.

Casación metió la cola
El 30 de abril se conoció un fallo de la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación Penal beneficiando con la salida de Bouwer hacia sus domicilios a tres de los condenados en julio. Menéndez, Manzanelli y Vega podrán ir a casa, aunque esa medida aún no se efectivizó porque el Tribunal tiene que consultar la situación del trío en otras causas. En unos 20 días hábiles habría una resolución. El que sí ya está gozando de los mimos de la familia es Rodríguez, radicado en Mendoza.
La sala mencionada está integrada por Angela Ledesma, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant, a quienes les agarró un brote de garantismo para favorecer a esos criminales seriales. En diciembre último, la Sala 2 de Casación, formada por Gustavo Mitchell, Luis García y Guillermo Yacobucci, había dispuesto la libertad de Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros genocidas de actuación en la ESMA. El argumento era que habían transcurrido más tiempo detenidos sin juicio del que marca la ley. La apelación del fiscal Raúl Plee impidió en lo inmediato la liberación de esos ex marinos. Pero junto a esa acción judicial, la traba mayor para consumar la injusticia fue la reacción de los organismos de derechos humanos, partidos políticos, legisladores, medios de comunicación y de la misma presidenta de la Nación, que calificó lo dispuesto por Casación como una “vergüenza”.
Ahora se presenta una situación similar. Los fiscales del juicio a Menéndez estarán preparando sus apelaciones, pero junto con sus escritos ya comenzó a expresarse el repudio social a que ese personaje vuelva a su casa del barrio Bajo Palermo de “La Docta”.
Aunque cualquier argentino más o menos informado conoce lo básico del prontuario del ex general, conviene recordar que la Causa Madre, conocida como “31 - M – 87” y recaratulada “Pérez Esquivel, s/denuncia”, acumulaba a junio de 1998 más de 17.000 fojas divididas en 85 cuerpos. Estaba acusado de 23 homicidios calificados, 1 tormento seguido de muerte, 90 tormentos reiterados, 380 privaciones ilegítimas de la libertad, 20 robos y 4 sustracciones de menores.
Posteriormente esos números se inflaron. En 2003 la jueza Garzón de Lascano dispuso que la fiscal López de Filoñuk investigara otras 413 desapariciones. Este año deberán realizarse juicios por el atroz crimen de Ricardo Arballeda, las violaciones a los derechos humanos cometidos en la sede policial D-2, y las 29 muertes de presos políticos “trasladados” de la UP1 y ultimados en el trayecto.
En la sede del gremio Judicial de Córdoba, ayer se realizó una conferencia de prensa convocada por ese gremio (AGEPJ), ATE, Luz y Fuerza, CTA, Abuelas de Plaza de Mayo, Comisión de Homenaje a los Desaparecidos, Dirección de Derechos Humanos de la ciudad y Secretaría de DD HH de la Provincia, donde se repudió lo actuado por Casación. Estas organizaciones realizarán el jueves 7 un acto ante los Tribunales Federales exigiendo que los condenados permanezcan en la cárcel de Bouwer. Consideran que enviarlos a su domicilio sería una burla a la justicia y las víctimas, un premio a sus crímenes, un peligro para los testigos, un riesgo concreto de fuga y una alteración de la paz social.
Para el ex general sería un premio doble pues no tiene una condena a perpetua sino dos: en la causa Brandalisis y en la de Vargas Aignasse-Rubio, en Tucumán