DOCUMENTO LEIDO EN LA CONFERENCIA DE PRENSA DE HOY EN EL INDEC

Junta Interna ATE – INDEC
Buenos Aires, 5 de mayo de 2009
El INDEC vive el estado de destrucción institucional que todos ya conocen. La decisión de seguir adelante con la manipulación de la información estadística y la continuidad de los responsables al frente del organismo se ha sostenido en un régimen interno plagado de persecuciones, amenazas y arbitrariedades.
A los desplazamientos de trabajadores, desplazamientos que hemos venido denunciando desde hace largos meses, a la discriminación retributiva, que emplea los complementos salariales como chantaje, a la escandalosa discriminación contractual, a los sumarios injustificados y a las amenazas o acciones violentas ya efectivizadas e impunes, se agregan hoy nuevas demostraciones de que la intervención está dispuesta a profundizar ese curso de acción: así, se han producido nuevos desplazamientos en la Encuesta de Grandes Empresas (ENGE) y en el Departamento de Asuntos Jurídicos.
Resulta difícil, a esta altura de los acontecimientos y del proceso de desmantelamiento del sistema estadístico, decidirse sobre qué es lo más sorprendente: si los desplazamientos arbitrarios, los reemplazos insólitos, la pérdida de tareas, o el hecho de que cualquiera de esas decisiones son tomadas y comunicadas por personas que siguen sin poder acreditar cuál es la función que cumplen dentro del Instituto, como Hernán Brahim, responsable junto José Luis Blanco -también desembarcado con la Intervención- de los últimos desplazamientos, quienes, pese NO CUMPLIR CON NINGUNA DE LAS FORMALIDADES QUE LOS ACREDITEN COMO NADA, resultan ser directores “de facto”.
Concretamente, Brahim se conduce como el director de hecho del organismo. Esa “jerarquía clandestina” que hoy impera en el INDEC difunde directivas de palabra (jamás por escrito), pero queda claro que esas son las directivas a las que deben someterse tanto los trabajadores como el resto de las “autoridades”.
Así se han llevado adelante estos nuevos desplazamientos, sin que medie ningún registro por escrito. Ya no parece necesario, siquiera, que los desplazados hayan participado en la defensa activa del trabajo del Instituto o cuestionado a la Intervención. Basta con no ser lo suficientemente obsecuente.
Y, como queda dicho, tampoco hace falta que la “autoridad” que decide esté formalmente nombrada como tal o tenga el menor conocimiento sobre los temas que “decide”.
Advertimos que esta situación, que se ha prolongado hasta el punto de generar toda una red de “conveniencias” y complicidades, parece encaminarse a una nueva ofensiva por parte de quienes han llevado al INDEC a un descrédito monumental, echando por la borda el trabajo de generaciones y privando a toda la población de la información que el Estado está obligado a brindarle.