MASACRE CAPILLA DEL ROSARIO: FINALMENTE HABRA JUSTICIA

Negrito Fernández y compañeros caídos ¡PRESENTES!

PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES


Masacre Capilla del Rosario: Finalmente habrá justicia

Los disparon que se observan bajo la axila muestran claramente que
estaba con los brazos en alto al ser ejecutado


Esta semana, la Cámara de Apelaciones de Tucumán reconoció como delitos de
Lesa Humanidad a crímenes que se cometieron en Catamarca en 1974. La
Justicia Federal, en esa provincia, había señalado a sus responsables como
simples homicidas permitiéndoles la libertad bajo fianza.

Detalles de un día fatal
Los hechos ocurrieron bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón
siendo gobernador de Catamarca Hugo Mott y vicegobernador Antonio Saadi. De
acuerdo a lo que se conoce, en la mañana del 11 de agosto de 1974, a la
altura de la localidad de Polcos, la policía atacó a 40 personas,
consideradas peligrosas, que ocupaban un ómnibus que se encontraba
estacionado en ese momento.

Dos de los ocupantes murieron a causa del ataque y el resto del grupo pudo
escapar hacia el monte. La policía los perseguió y alcanzó a varios. Sin
embargo, 16 personas pudieron internarse y esconderse en la vegetación. Al
día siguiente, el 12 de agosto, luego de un operativo rastrillaje apoyado
desde el aire por helicópteros, las 16 personas decidieron rendirse y
entregarse con los brazos en alto. Fueron fusilados, en el acto, por el
pelotón montado de la policía. Según un informe de la Policía Federal, que
consta en el expediente de la causa, N° 6.047, todos murieron a causa de
impactos de bala. Los restos de 11 de las personas muertas, fueron
entregados a sus familiares; los otros cinco, fueron enterrados en el
cementerio de Catamarca como NN.

La carátula oficial de la época da cuenta de un enfrentamiento armado,
producido luego de que medio centenar de integrantes del Ejército
Revolucionario del Pueblo (ERP) intentara, infructuosamente, copar las
instalaciones del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada. Lo real, es
que ejecutaron a los guerrilleros cuando estos se habían rendido y estaban
totalmente indefensos.

La realidad de los hechos
Según información recabada, todo empezó el 9 de agosto 1974, cuando medio
centenar de integrantes del ERP y del Partido Revolucionario de los
Trabajadores, iniciaron una temeraria operación armada que consistía en
robar pertrechos de guerra de los cuarteles del Regimiento 17 de Infantería
Aerotransportada de Catamarca.

Capitan Carlos Carrizo, uno de los responsables de la masacre

El grupo pertenecía al partido del campamento base "La Horqueta", de la
compañía de monte "Ramón Rosa Jiménez", en plena selva tucumana. Eran
jóvenes que no superaban los 30 años y estaban bajo el mando del santiagueño
Hugo Alfredo Irurzún, cuyo nombre de guerra era "Capitán Santiago".

Irurzún sobrevivió a la masacre y se convertiría, luego, en un ícono de la
guerrilla desplegada en América Latina. A tal punto, que participó
activamente del atentado que, años más tarde, terminó en Paraguay con la
vida del dictador nicaragüense Anastasio "Tachito" Somoza.

El grupo llegó a Catamarca a bordo de un ómnibus Mercedes Benz alquilado y,
en Banda de Varela, debían hacer contacto con una camioneta Chevrolet y un
camión frutero. En el lugar escogido para hacer base, los guerrilleros
comenzaron a cambiar sus ropas y, en esos momentos, fueron observados por
dos jóvenes que pasaban circunstancialmente en bicicleta. Los saludaron y
siguieron su camino. Estos contarían todo a la policía minutos después.

Policías pertenecientes a la Dirección de Investigaciones y a la comisaría
Tercera se trasladaron hasta el lugar a observar qué pasaba. Fue entonces
que se produjo el primer enfrentamiento armado que dejó un saldo de dos
guerrilleros muertos. Otros guerrilleros se dispersaron y trataron de salir
de la provincia por distintos medios. 13 fueron aprehendidos en la terminal
de ómnibus y en otros sectores del Valle Central y otros 16 quedaron al
mando de Antonio del Carmen "Negrito" Fernández, un integrante del buró
político del ERP-PRT.

Mario Nakagama, el otro responsable

El reducido grupo quedó aislado en las lomadas adyacentes a la Capilla del
Rosario. En un acto de ingenuidad, dos de sus integrantes bajaron hacia San
José de Piedra Blanca a comprar pan y fueron detenidos y obligados, mediante
torturas, a informar el lugar en el que se encontraban sus compañeros.
Cuando la policía se acercó a las proximidades de la Capilla del Rosario, el
oficial de policía Ramón Acevedo, que guiaba a las fuerzas de seguridad
porque conocía la zona, cayó muerto de un balazo disparado por los miembros
del ERP. La muerte del policía Acevedo se transformó en la excusa ideal para
tomar represalias desmedidas. En Catamarca confluyeron efectivos del RI 17 y
del Tercer Cuerpo de Ejército con sus helicópteros y armamento sofisticado
para la época. También participaron del ataque al grupo insurgente policías
locales y de la Federal.

Los diarios de la época informaron sobre la refriega armada: "16
guerrilleros habían sido abatidos por el Ejército y otros tantos se
encontraban detenidos". Entonces no se indagó cómo ocurrieron los hechos.
Los vencedores fueron tratados como héroes de la Nación e incluso recibieron
las felicitaciones de la entonces presidente Isabelita.

El fantasma de la masacre
Sin embargo, a partir de ese momento, sobrevoló el fantasma de la masacre.
Las heridas que presentaban los guerrilleros fallecidos denotaban que habían
sido masacrados. Los protocolos de autopsia, confeccionados por tres médicos
forenses, indicaron cláramente las lesiones que presentaba cada uno de los
cadáveres: todas eran realizadas, sugestivamente, con armas de fuego en
zonas frontales o vitales; a corta distancia, e incluso, varias en los
miembros superiores. Un claro indicador de que las víctimas habían intentado
cubrirse con sus manos y brazos para protegerse, ya inermes, de una
ejecución.

Entre los testimonios recogidos durante la investigación unos se destacan
más que otros. El ex conscripto Fernando Gambarella expuso cláramente que
los 16 guerrilleros fueron acribillados a balazos luego de rendirse, cuando
no tenían posibilidad alguna de defensa.

Denuncias
Los abogados Mario Marca, Ricardo Rípodas, Mario Marcolli, Mardonio Díaz
Martínez, Silvio Frondizi y Alfredo Curuchet denunciaron la masacre en 1974,
a poco de ocurridos los hechos.

Marca era tucumano y ejercía la profesión en el estudio del entonces
ministro de Gobierno Alberto del Valle Toro, en Catamarca. Allí, brindó un
testimonio revelador: Enterado de que un grupo de guerrilleros del ERP había
sido acorralado en las lomadas adyacentes a la Capilla del Rosario, intuyó
que se iba a producir una masacre y corrió hasta el despacho del Ministro
para ofrecerse como mediador y evitar un baño de sangre seguro.

"Toro me aconseja que no me meta, que no sea `pelotudo' –el consejo de
siempre-. Entonces yo insisto en que trate de hacer algo y se pone en
contacto con el coronel (Eduardo) Cubas, jefe del Regimiento 17, y lo pone
al tanto de lo que yo pedía. Entonces, Cubas, le responde que era imposible
cualquier arreglo o mediación, porque el general (Antonio) Vaquero, segundo
jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, ya había dado la orden de "aniquilar". Y
así ocurrió: fueron, los rodearon y los mataron", recordaría Marca años
después.

Al día siguiente, Marca fue detenido y pasó los siguientes nueve años en
varias cárceles del país. Nunca se le informó sobre las razones de la
detención ni fue sometido a juicio por delito alguno. Poco antes del
advenimiento de la democracia, recuperó su libertad y optó por el exilio
voluntario.

Rípodas, Marcolli y Díaz Martínez, también fueron detenidos posteriormente y
permanecieron en prisión hasta 1984. Frondizi y Curuchet fueron asesinados
por la banda paramilitar de la Triple A, creada por José López Rega.

Reinvidicación
La denuncia fue archivada en el contexto de la represión, en el inicio del
terrorismo de Estado. Recién en diciembre de 2004, con la denuncia de Mirta
de Clérici, Ana Radusky y Jorge Alberto Perea, en representación de los
organismos de derechos humanos de Catamarca y Córdoba y, con el patrocinio
de los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda (militantes de HIJOS) y
Guillermo Díaz Martínez (a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del
Colegio de Abogados catamarqueño e hijo de Mardonio), comenzó a instruirse
en el Juzgado Federal de Catamarca, la causa para determinar las
circunstancias y autores de la llamada "Masacre de Capilla del Rosario" y
para identificar los cuerpos que habían sido sepultados, en 1974, como NN en
el cementerio municipal.

Mirta Clérici, integrante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos
por Razones Políticas, quien es denunciante en la causa, tuvo continuas
amenazas de muerte las que fueron presentadas ante el juez federal de
Catamarca.

Se termina la impunidad para dos asesinos
Las investigaciones llevadas adelante desde el año 2004 hasta la fecha,
indican que los operativos que terminaron en la masacre de los 16
guerrilleros estuvieron comandados por el sub teniente de la Unidad de
Regimiento de Infantería N° 17 de Aerotransportado, Mario Nakagama y el
capitán del Ejército, Carlos Carrizo Salvadores. El juez Federal de
Catamarca, Ricardo Moreno, después de tomarles declaración indagatoria a
ambos acusados, decidió procesarlos por homicidio, sin prisión preventiva y
con un embargo de cien mil pesos. El fallo contra Nakagama es del 5 de junio
de 2009; el fallo contra Carrizo Salvadores, data del 24 de junio del mismo
año.

En ambos incidentes, por tareas del Ministerio Público Fiscal de Tucumán,
teniendo en cuenta que la Cámara de Apelaciones de Tucumán tiene injerencia
sobre la de Catamarca, se logró revertir los pronunciamientos mencionados.
Con fecha 17 de setiembre de 2010, se les revocó la sentencia de primera
instancia, la que calificaba a ambos como partícipes necesarios de homicidio
y se declaró formalmente que los delitos son de "Lesa Humanidad",
circunstancia que determinará todo el derecho aplicable de aquí en adelante.

Por este motivo, el juez Moreno, de Catamarca, recibió la orden de ampliar
las declaraciones indagatorias de Nakagama y Carrizo Salvadores. Sin dudas
que la decisión de la Cámara de Apelaciones constituye un severo llamado de
atención para el magistrado, ya que en las palabras del Tribunal Tucumano,
el fallo de Moreno, carece de toda fundametación.