Los K están moviendo cielo y tierra para defender su coto de Santa Cruz; prometen movilizaciones a granel para defender la ‘autonomía provincial' y denuncian a su propia Corte (ellos la designaron) como ‘destituyente'. Los Jotapé se aprestan a secundar la resistencia desesperada de sus tutores, pero fingen ignorar lo que está en juego. Según explica el periodista local Héctor Babarino, al momento de su desplazamiento, el fiscal "Sosa era el procurador que investigaba el derrotero de los más de 1.200 millones de dólares que el gobierno K hizo desaparecer sin ningún control" (Clarín, 21/9). Esa suma se origina en los fondos que recibieron los Kirchner cuando apoyaron, en 1992, la privatización de YPF.
Desde ese entonces, las informaciones oficiales sobre estos fondos han sido confusas y contradictorias. En 2005, Néstor Kirchner dijo que se habían "repatriado". Pero años más tarde, tanto Acevedo, primero, como Peralta, después, informaron que existían 520 millones de dólares depositados en un banco de Suiza. En ese "blanqueo", la mitad de los fondos se perdieron por el camino. Hace cuatro meses, el ministro de Economía provincial informó que "casi todos los fondos se gastaron". La reposición del fiscal Sosa coloca en el centro de la tormenta al "desfalco original" de la camarilla kirchnerista. Para el matrimonio presidencial, el entuerto entre Santa Cruz y la Corte no es un conflicto institucional más, sino la defensa de un descomunal afano.
En ello les va la supervivencia.
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