MENDOZA - FIT: "EL ACUERDO CON CHEVRON CONSAGRA UN NUEVO SAQUEO ESCANDALOSO COMO EL DE 1994"

Nicolás del Caño

El acuerdo firmado ayer, por el cual la multinacional estadounidense se compromete a una inversión de 1.240 millones de dólares en el yacimiento de Vaca Muerta, consagra un nuevo saqueo escandaloso como la privatización de 1994 de la que fueron promotores los Kirchner y Oscar Parrilli (secretario general de la presidencia), quien fuera el informante de la bancada del PJ de aquel proyecto privatizador. Es evidente que no hay (ni hubo) pelea alguna por la “soberanía energética” cuya crisis fue “heredada” pero no resuelta al cabo de la “década ganada”.
Mencionemos algunos puntos centrales de este acuerdo que “garantiza la soberanía energética”.
- A partir del quinto año, las firmas gozarán “del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20% de la producción de hidrocarburos líquidos y gaseosos producidos en dichos Proyectos, con una alícuota del 0% de derechos de exportación”. Es, decir, prácticamente se le entrega el 20% del conjunto de la producción nacional a una multinacional imperialista sin ningún tipo de contraparte.
- Además, el decreto establece que las empresas que adhieran a este régimen "tendrán la libre disponibilidad del 100 por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos, en cuyo caso no estarán obligados a ingresar las divisas correspondientes a la exportación del 20 por ciento de hidrocarburos". Este mecanismo es la contraparte directa del brutal cepo cambiario que imponen a millones de personas. Mientras ningún “ciudadano de a pie” puede comprar dólares con alguna libertad, este nuevo régimen les permite a las empresas gozar del beneficio de hacer lo que quieran con los mismos: reinvertirlos o enviarlos a sus casas matrices. Es decir se garantiza la continuidad de la “fuga de capitales” tantas veces negada.
- Por otro lado, el Estado está obligado, por medio del nuevo decreto, a “resarcir a las firmas” si, para sostener el auto-abastecimiento local, éstas no logran exportar ese 20% sobre el que tienen el conjunto de los beneficios antes señalados. Así, el auto-abastecimiento se sigue “garantizando” a costa de fenomenales gastos del tesoro nacional. Si hasta ahora fue el resultado de las importaciones de combustible, a partir del 5º año de vigencia de este acuerdo, será el resultado de pagarles a las multinacionales que producen (y ganan) en terreno nacional
Pero lo que implica un salto aún mayor lo constituye el hecho de que no se trata de un acuerdo puntual sino de una modificación del régimen de inversiones en hidrocarburos. Es decir, el decreto 929 garantiza una base para las futuras inversiones de las multinacionales imperialistas que puedan llevar adelante una inversión superior a los 1.000 millones de dólares, garantizando todos estos beneficios y la posibilidad de concesiones en áreas específicas por 35 años. Es evidente que el estado, con este acuerdo, está demostrando su absoluta debilidad siquiera para imponer una reglamentación mínimamente exigente.
Cuando se anunció la nacionalización de YPF (que no era más que la nacionalización del 17% del total de la producción de petróleo del país) desde la izquierda dijimos que lejos de defender la soberanía nacional se preparaba una nueva entrega a las multinacionales y que no resolvía el problema fiscal estructural que limita las posibilidades de inversión en exploración y extracción. Precisamente, ese es ahora el argumento tanto del gobierno como de la oposición. Hay dos argumentos que utilizan para justificar la alianza con Chevron. El primero es que aportan los dólares en un proyecto que requiere un enorme esfuerzo inversor y el segundo que traen conocimiento y tecnología.
Es innegable que las inversiones que no se hicieron en tecnología ni durante los 90’ ni durante la “década ganada” no se pueden realizar en un año y con importantes franjas de la producción en manos de empresas privadas. Pero “los dólares” que aporta Chevron podrían ser obtenidos tanto de las mismas empresas que se hallan en la rama del petróleo y el gas, como de retenciones más altas a las mineras o a los sectores de los grandes capitalistas del agro. Los verdaderos ganadores de la década kirchnerista fueron los terratenientes y grandes empresarios capitalistas que se llevaron en estos diez años una renta agraria cercana a 7.500 millones de dólares. Si esa renta hubiese sido efectivamente apropiada por el estado, se trataría de una cifra 6 veces superior a la inversión que ahora compromete Chevron. Es decir, “los dólares” están y estuvieron todos estos años, pero en manos de las grandes corporaciones a las que el gobierno no quiso tocar.
Contra esta política de entrega, desde el Frente de Izquierda exigimos la anulación inmediata del acuerdo y sostenemos la necesidad de la estatización del conjunto del petróleo, la minería y el gas bajo el control de los trabajadores en permanente consulta con las organizaciones defensoras del medio ambiente y las comunidades originarias que se ven afectadas por las prácticas de las empresas petroleras. Junto a esto denunciamos los daños al medioambiente que genera el fracking que forman parte de las prácticas de Chevron, a quién se le impuso un embargo por los daños causados a los pueblos originarios de Ecuador.