Jorge Altamira descalificó en duros términos el anuncio de una asignación por hijo efectuado por la Presidente de la Nación. Denunció que los 180 pesos del subsidio no sacan a los padres desocupados o en negro de la pobreza, y que por el contrario significa que el Estado legitima las suspensiones y los despidos al igual que la violación del derecho laboral. Altamira consideró como socialmente lesivo que el subsidio se financie con el dinero de la Anses y que, para colmo, cancele los planes familia y trabajar. Hechas las cuentas, se indignó el dirigente del Partido Obrero, las familias más pobres verán reducidos sus ingresos, con un perjuicio para el fondo previsional destinado al aumento a los jubilados. Se trata de una redistribución de la pobreza de los jubilados a las familias pobres, que perjudicar&aacut! e; a unos y a otros, con un saldo favorable para el fisco, destinado naturalmente al pago los intereses usurarios de los nuevos bonos que serán emitidos en canje por los que fueron afectados por la cesación de pagos.
Altamira hizo hincapié en denunciar el recurso a un decreto de necesidad y urgencia para implementar este desproósito.
Para Altamira, esta culminación oprobiosa del debate sobre la pobreza desnuda la falacia de la campaña de la oposición centroizquierdista que pretende, con sus propuestas de asignaciones e ingresos ‘universales', remediar la pobreza mediante el asistencialismo estatal en lugar de atacar los privilegios de los monopolios capitalistas.
En contraposición a la redistribución de la pobreza, Altamira propuso la prohibición de despidos y suspensiones; un reparto nacional de las horas de trabajo para la totalidad de la población activa; y un régimen de entrenamiento profesional para los trabajadores descalificados financiado con un impuesto especial a las rentas financieras y agrarias y al beneficio capitalista.
Altamira hizo hincapié en denunciar el recurso a un decreto de necesidad y urgencia para implementar este desproósito.
Para Altamira, esta culminación oprobiosa del debate sobre la pobreza desnuda la falacia de la campaña de la oposición centroizquierdista que pretende, con sus propuestas de asignaciones e ingresos ‘universales', remediar la pobreza mediante el asistencialismo estatal en lugar de atacar los privilegios de los monopolios capitalistas.
En contraposición a la redistribución de la pobreza, Altamira propuso la prohibición de despidos y suspensiones; un reparto nacional de las horas de trabajo para la totalidad de la población activa; y un régimen de entrenamiento profesional para los trabajadores descalificados financiado con un impuesto especial a las rentas financieras y agrarias y al beneficio capitalista.
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