El mismo fallo solicita al Municipio informes pormenorizados sobre la situación de las napas en el distrito, la ubicación de las bombas depresoras, las tareas de mantenimiento realizadas y el gasto que implicaron. La demanda llegó hasta la Suprema Corte que le dio su aval. La demanda presentada por la Federación de Entidades de Fomento de Quilmes, que lidera Osvaldo Tondino, contra la por entonces concesionaria Aguas Argentinas, fue resuelta ahora por la Suprema Corte de Justicia, que ordenó a la sucesora de la firma, la estatal AySA, reabrir todos los pozos profundos que se encuentran en el distrito.El fallo, que originalmente correspondió al juez federal Adolfo Ziulu, y que llegó al Máximo Tribunal a raíz de las apelaciones presentadas por Aguas Argentinas, ordena también a la Municipalidad de Quilmes que en el lapso de diez días le remita un informe detallado sobre la situación de las napas en el distrito.Se le pide que de cuenta de cuántas bombas se colocaron y cuál fue el resultado que eso generó, los costos de cada equipo, el estado en que se encuentran, las tareas de mantenimiento que se hicieron con cada uno y por qué costos , puntualizó el presidente de la Federación de Entidades fomentistas quilmeñas. Al tiempo que remarcó que también, el Municipio va a tener que explicar si para la colocación de estos equipos -que llegan a una profundidad de 20 a 25 metros y que tiene un costo con instalación incluida de 4 mil pesos cada una- se utilizó un programa de trabajo o no .Con el costo individual que tiene cada equipo y su puesta en condiciones de funcionar, multiplicado por la cantidad de bombas que se pusieron en el distrito, la cifra económica que resulta es considerable , dijo Tondino, remarcando de esa manera la importancia del informe que la Comuna deberá remitir al juez federal platense.Y al mismo tiempo explicó que nosotros, desde la Federación, tenemos hecho un relevamiento propio, pero el detalle que necesita el juez debe ser el oficial .ABRAN LOS POZOSOtro de las datos de suma importancia de la resolución es que la firma AySA queda obligada, ahora, a reabrir los pozos profundos existentes en Quilmes, que pertenecían originalmente a Servicios Sanitarios, y que tomaban el agua del acuífero subterráneo. Esto está ratificado por la Suprema Corte, que no tiene una instancia superior, con lo cual la empresa estatal va a tener que cumplir con lo que le había pedido el juez Ziulu , señaló Tondino.Vale recordar, en ese sentido, que el reclamo de reapertura de los pozos profundos viene cobrando cada vez más fuerza en los últimos años, debido a que las bombas depresoras colocadas en el distrito no logran resolver el problema de las napas, y que tampoco, recientemente, alcanzan a cumplir el rol de un paliativo.Claro que es preciso señalar que el contrato de concesión para la empresa Aguas Argentinas estipulaba que esta debía cegar los pozos profundos, y sobre ese punto se avanzó en varios casos.LA DENUNCIA ORIGINALTondino recordó en diálogo con Radio FAN que todo esto se inició por una demanda que presentamos contra Aguas Argentinas, y que fue la primer que una entidad realizaba contra una empresa Multinacional .La denuncia en Justicia Federal quedó en manos del juez Adolfo Ziulu, que falló en favor del pedido de la Federación de Entidades de Fomento
quilmeña, solicitándole información a cada uno de los distritos (17 en total) alcanzados por la concesión que informara respecto de las bombas depresoras. Y obligó a Aguas Argentinas a reabrir los pozos profundos que tomaban agua del Acuífero Puelche.No obstante, la firma concesionaria que tenía a su cargo el suministro de agua potable y la administración de la red cloacal presentó una apelación al fallo, que obligó a expedirse a la Cámara Federal de Apelaciones. En esta instancia, sin embargo, la causa logró el aval al fallo del juez de primera instancia, con lo cual fue nuevamente apelada por la empresa de capitales franceses, obligando, de esa manera, a que fuera la Suprema Corte de Justicia la que debiera analizar la causa.Por estos días fue finalmente la Corte la que convalidó el fallo de Ziulu, obligando a la reapertura de los pozos, y la entrega de informes por parte de las comunas antes alcanzadas por la concesión.
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