CARTA ABIERTA DE LAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires nos dirigimos a la comunidad con el fin de plantear la grave situación que atraviesa nuestra casa de estudios y que ha llevado a su Consejo Directivo a declarar el estado de emergencia. (Resol. CD nº 1593/07).

Nuestra Facultad tiene en la actualidad más de 25.000 alumnos activos en sus cinco carreras de grado y más de mil doscientos estudiantes de posgrado. Pese a que la enorme mayoría de sus docentes recibe por su tarea apenas salarios correspondientes a dedicaciones parciales, la Facultad cuenta con centenares de investigadores y se ubica entre las primeras en producción en esa área tanto en el conjunto de la Universidad como en el sistema nacional de Ciencia y Técnica. Lo mismo sucede con la tarea de extensión, que asume una gran importancia en una institución que se siente comprometida con las necesidades de la sociedad a la que pertenece.

La Facultad de Ciencias Sociales es la más joven de la UBA, ya que fue creada hace apenas diecinueve años. En esa corta historia, hemos debido enfrentar la difícil tarea de fundar una institución en un contexto de crisis permanente, ante el abandono a que el Estado condenó a buena parte de las Universidades Nacionales. En el último lustro, para garantizar la posibilidad de nuestro funcionamiento, hemos asumido un fuerte compromiso político y de gestión, gracias al cual pudimos salir de circunstancias que para los integrantes más nuevos de nuestra Facultad parecerían impensables: A inicios del 2002, por ejemplo, sufríamos un déficit estructural y teníamos 300 cargos rentados menos que a la fecha.

Nuestros logros han sido notables: nos hemos colocado entre las instituciones de primer nivel en el orden de la investigación; nuestra política de extensión ha sido elogiada y premiada en diferentes ámbitos; hemos democratizado nuestra institución; hay prolijidad y transparencia en las áreas administrativas; la política de concursos avanza como nunca había ocurrido en nuestra Facultad y nuestro edificio definitivo ya es un hecho. En términos proporcionales, y en directa comparación con los antecedentes históricos, contamos con más rentas y con más fondos, pero estos avances no son suficientes para un proyecto de Facultad de Ciencias Sociales como el que aspiramos. La matrícula de estudiantes y las necesidades de cargos docentes y no docentes ha mantenido su crecimiento.

Sin embargo, los recursos asignados por ley a la Universidad de Buenos Aires, y consiguientemente, a la Facultad de Ciencias Sociales, a valores constantes (considerando los aumentos salariales) no tuvieron mejoras sustantivas. El presupuesto 2005 de la UBA no contemplaba la realidad asfixiante que la rodeaba, el del 2006 ni siquiera fue aprobado como tal, implicando un gesto de rechazo a las partidas previstas en la Ley de Presupuesto de ese año.

Por estos días, la UBA aprueba una cuenta de recursos y gastos de 752.000.000 de pesos, como presupuesto de emergencia y con carácter provisional. Al mismo tiempo, encomienda al Rector reclamar un aumento de tales partidas hasta alcanzar los indicadores requeridos por las Facultades. La suma en cuestión es de 1.350 millones de pesos. Nuestra Facultad, según lo aprobado el año pasado como Presupuesto Normativo elevó (considerando los importes salariales de esos momentos) un reclamo de 60.000.000 de pesos

Entre otras líneas normativas de recursos y gastos se contemplaron partidas para rentas de docentes que hoy se desempeñan con carácter ad honorem, así como previsiones específicas para los cuatro profesorados que la Facultad creó y que el Consejo Superior de la UBA aprobó sin destinar presupuesto a tal efecto, obligándonos a una precaria reingeniería con los fondos de las licenciaturas para poder dar inicio a esas carreras, reclamadas desde hacía décadas. Previmos también, en el presupuesto normativo para este año, el requerimiento de fondos destinado al aumento de dedicaciones exclusivas, ya que asumimos como objetivo central ampliar las dedicaciones docentes a quienes sin estipendios correspondientes investigan o realizan tareas de extensión. Y reclamamos partidas para infraestructura de equipamiento y edificios.

Dadas las actuales condiciones económicas y financieras de la UBA, si no llega un apoyo presupuestario de emergencia con carácter urgente, nuestro presupuesto resultará muy inferior al que necesitamos. Ello nos impedirá avanzar en las políticas estratégicas indispensables para el mejoramiento de la Facultad y agravará aun más la situación que hoy tenemos en varias áreas críticas.

Debemos mencionar y remarcar el déficit de designaciones docentes en la Carrera de Relaciones del Trabajo, en relación con el continuo crecimiento de su matrícula; la falta de fondos para financiar los profesorados, lo que pone en peligro su continuidad; la imposibilidad de hacer efectiva la estructura no docente aprobada por el Consejo Directivo, lo que crea un serio perjuicio a las tareas de nuestro personal; y el agotamiento del presupuesto para gastos de funcionamiento, ante la apertura de la nueva sede.

En 2002 se cursaba en más de seis edificios, alejados notoriamente uno de otro, y la mayoría no pertenecían a la Facultad. Ello fue encontrando cierta solución de emergencia con el edificio de calle Tucumán y –como todos sabemos– nos encontramos de lleno trabajando y demandando que tanto la Universidad como el Estado nacional realicen las gestiones necesarias y dispongan de los recursos para concretar la finalización del edificio de la calle Santiago del Estero, nuestra sede definitiva.

Hay, por supuesto, muchas situaciones más a mejorar, pero las que aquí mencionamos son las que comprometen más seriamente la continuidad de nuestra actividad en el segundo cuatrimestre. Es por esas razones que el Consejo Directivo de la Facultad declaró el estado de emergencia.

Sabemos que aún estamos lejos de la Facultad que merecen nuestras tareas y nuestro país. Atravesamos, como dijimos, escenarios sumamente complejos que requieren soluciones urgentes. Pese a que Sociales es una de las Facultades más perjudicadas por la distribución de fondos, todos sabemos que la crisis es compartida por todas las unidades académicas de la UBA. A nadie puede escapársele que la situación presupuestaria de nuestra universidad es el resultado de un extenso proceso de desfinanciamiento estatal iniciado hace treinta años. Basta ver los edificios que el Estado construyó en la primera mitad del siglo veinte para varias de nuestras facultades, e incluso en los años sesenta en la Ciudad Universitaria, para entender la importancia social que se adjudicaba a la formación universitaria.

El actual presupuesto estatal no alcanza siquiera para el mantenimiento cotidiano de esos edificios. Ni para dotar a los mismos de las condiciones de seguridad imprescindibles. En las últimas décadas no ha habido obras a la altura de las necesidades universitarias, urgidas tanto por el crecimiento del número de estudiantes como por la creación de nuevas carreras y unidades académicas. La mayoría de las facultades se sostiene con el esfuerzo de sus docentes de dedicación parcial, ya que son muy pocas las dedicaciones exclusivas existentes. Y muchos docentes no reciben salario por su tarea. Es precisamente el esfuerzo de nuestros docentes y no docentes la variable más importante que ha permitido sostener una universidad gratuita y masiva.

Otras universidades del mundo, que cuentan con un presupuesto mucho mayor, no sólo no han podido ser masivas, sino que han implementado la política del arancel, a la que nos oponemos rotundamente.

A lo largo del presente año -nuestra Facultad y la UBA en su conjunto- hemos reclamado ante las instancias gubernamentales lo que entendemos necesario y legítimo para el cumplimiento de la misión universitaria. Frente a nuestras demandas se nos han planteado instancias de salvataje por vía de programas específicos: Edificios, rentas de ad-honorem, equipamiento, entre otros que se enuncian en las instancias de gobierno. Esto nos ha colocado en situación de alerta permanente. Hemos ya a lo largo del año cumplimentado con los requisitos de dos programas de compleja confección que han llevado largas horas de trabajo de muchos funcionarios de la administración central de la Facultad, las Carreras y los Institutos.

El déficit edilicio ha sido un problema histórico de nuestra Facultad. Hemos dado un enorme y gran paso hacia la solución: la Universidad compró la ex fábrica Terrabusi, el Estado Nacional otorgó los fondos para la refacción de la primera etapa de la obra, ya se encuentra funcionando la sede de Santiago del Estero 1029 y tenemos el compromiso público de las autoridades del gobierno nacional de que se harán los aportes para la finalización de la obra.

Para poder concretar definitivamente este logro es necesario, entonces, que se destinen esos fondos. Pero es fundamental también que la Universidad dedique la importancia y la seriedad que semejante emprendimiento merece. La falta de operatividad para ejecutar los fondos cuando ya habían sido otorgados y la ausencia de las interlocuciones técnicas y políticas correspondientes durante la crisis que vivió la UBA en el año 2006 produjo demoras en al avance de la obra que hoy estamos padeciendo. Esto afectó, incluso, en los niveles de previsión y esto trajo algunas consecuencias relacionadas con las condiciones de habitabilidad, como que, por ejemplo, la sede de Santiago del Estero tuviera problemas por la falta de calefacción.

Si bien en la actualidad algunas de las tareas para solucionar estos inconvenientes están en marcha y existen interlocutores con los conocimientos técnicos necesarios para el seguimiento de la obra del que será nuestro edificio definitivo, es necesario que se aceleren los tiempos al máximo posible de modo de poder manejar conjuntamente las variables que una situación así amerita. Nos referimos a que hace falta no sólo obtener los fondos comprometidos por el Estado Nacional, sino también que la UBA agilice los procedimientos administrativos correspondientes y que el personal que posee los conocimientos técnicos realice el seguimiento pormenorizado que una obra de semejante envergadura necesita. De esta manera se evitarán algunas de las situaciones absurdas que atravesamos cuando se otorgó el dinero para el comienzo de la refacción.

Con un superávit público más que reconocido y notorio, entendemos que las soluciones no deben ser parches: no se trata de recurrir a programas específicos de corto plazo, sino que, considerando la totalidad de la información que ya se tiene de la realidad de la Universidad y de nuestra Facultad, los aportes deben ser destinados a una solución efectiva de los problemas que nos acucian. .

Sólo una facultad en la que se enseñe, se aprenda, se investigue, publique las contribuciones científicas de sus miembros, que tenga hábitat dignos, que pague a su personal salarios acordes a sus tareas, que merezca ser vivida dignamente y prestigiada cada uno de los días, puede cumplir con la función social que le corresponde.

Es por todo ello que creemos nuestro deber informar con precisión a nuestra comunidad acerca de la situación que hoy todos sufrimos y reclamar ante las instancias de decisión del Estado. Resulta imprescindible que lo hagamos para que la Universidad de Buenos Aires y su Facultad de Ciencias Sociales puedan mantenerse abiertas y desempeñar su labor con la dignidad que corresponde.

Este no es un reclamo corporativo y egoísta. Es una exigencia dictada por la necesidad de nuestra casa de estudios para mantener y profundizar nuestros esfuerzos al servicio de la sociedad que nos sostiene.