DOCUMENTO QUE SERA LEIDO EL PROXIMO 26 DE JUNIO EN EL PUENTE PUEYRREDON

A 5 Años de la masacre de avellaneda... ¡¡¡¡Darío y Maxi presentes!!!!!
Juicio y Castigo a los Responsables políticos y materiales del asesinato de
Maxi y Darío
No a la impunidad, No al enKubrimiento
Juicio y Castigo a los responsables políticos y materiales del asesinato de
Carlos Fuentealba
Por la aparición con vida de Julio Lopez
Libertad a todos los presos políticos y desprocesamiento a todos los
luchadores populares


Hoy se cumplen cinco años de una de las represiones más brutales sufrida por
el pueblo argentino bajo un gobierno constitucional conocida como Masacre de
Avellaneda, que cobró las vidas de nuestros compañeros Darío Santillán y
Maximiliano Kosteki y dejó un saldo de más de 30 manifestantes heridos de
bala. Recordamos que por aquellos tiempos todavía retumbaban con fuerza los
ecos del 19 y 20 de diciembre de 2001, que los sectores populares y en
particular los trabajadores desocupados eran protagonistas principales en la
lucha social. El 26 de junio de 2002 resultó uno de los momentos más álgidos
en la lucha de clases provocando la salida anticipada del gobierno de
Duhalde.
También recordamos y denunciamos el rol del imperialismo norteamericano que,
a través del Fondo Monetario Internacional acicateaba al gobierno exigiendo
"mayor control social" a cambio de una "reprogramación de la deuda".
Del mismo modo que no olvidamos a todo el establishment político, expresado
en una reunión de gobernadores (peronistas y radicales) escandalizados por
el continuo ingreso de sectores populares reclamando justicia social a la
capital federal exigiendo al gobierno de Duhalde que "actuara".
Pero no sólo el imperialismo y los partidos patronales pidieron represión a
las luchas en ascenso. La justicia dependiente del poder político también
organizó la masacre a las ordenes del Ministro de Justicia Vanosi,
persiguiendo a las organizaciones populares, montando una grosera maniobra
de persecución y criminalización, levantando una causa contra las
organizaciones en lucha acusándolas de "sedición y atentado a la democracia"
.
Como en cada lucha desde entonces, estamos hoy aquí para exigir el juicio y
castigo a todos los responsables políticos y materiales de aquellos
crímenes. Este nuevo aniversario de aquella represión encargada desde el
poder político nos encuentra, además, con el reclamo urgente por la
aparición con vida del compañero Julio López, desaparecido por su compromiso
en las causas contra los genocidas de la pasada dictadura; reclamando
también el esclarecimiento de otra serie de secuestros e intimidaciones a
militantes populares ocurridos en el último año con el fin de amedrentar a
quienes sostenemos en alto las banderas de lucha ante un gobierno que no da
respuesta a las demandas populares de trabajo, educación, salud, vigencia de
los derechos humanos y defensa de los recursos naturales. Estamos a pocos
días, además, de que se cumplan 3 meses del fusilamiento del trabajador de
la educación Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén, por participar en
la lucha por el salario que también tuvo como respuesta la represión y las
intimidaciones en otras provincias como la de Salta o el feudo que controla
el presidente Kirchner, en Santa Cruz. Hoy hay más de 5.000 luchadores
procesados. Hoy están presos por razones políticas en las cárceles de
Kirchner los compañeros Juan Pablo Bilbao, Darío Catrihuala, Ramón Cortez,
Hugo Gonzalez, Franco Padilla y Alexis Perez de Las Heras, presos hace 1 año
y 4 meses por las huelgas contra el impuesto al salario. Martín Lizzano,
Joaquín Isasi, Raúl Lescano y Fernando Esteche, que fueron detenidos por
hacer un escrache para repudiar el asesinato del compañero Fuentealba. Los
campesinos paraguayos, Agustín Acosta, Roque Rodriguez, Basiliano Cardozo,
Arístides Vera, Simeón Brodón y Gustavo Lezcano, que vinieron a nuestro
país, escapando de una brutal represión para ser encarcelados aquí, así como
la militante de HIJOS, Karina Germano Lopez. Nos encuentra, este nuevo
aniversario, denunciando la continuidad de las políticas represivas.
Denunciando particularmente al Gobierno Nacional y la mayoría parlamentaria
oficialista que acaban de aprobar en el Congreso Nacional la llamada "ley
antiterrorista", exigida también por el imperialismo yanki, para instalar
una verdadera persecución de Estado contra los movimientos de lucha de todo
el mundo, que enfrentamos a este régimen de hambre, miseria y explotación.
Ninguno de estos hechos impunes puede darse sin el amparo, complicidad o
directamente sin las órdenes del poder político. Por eso en este 5º
aniversario de la Masacre de Avellaneda centramos el reclamo en la exigencia
de Juicio y Castigo a quienes planificaron, dieron la orden y encubrieron
los asesinatos de Darío y Maximiliano, y continuaremos la lucha hasta
conseguirlo. Porque la impunidad genera más impunidad; quienes dieron las
órdenes en la represión del Puente Pueyrredón hace 5 años ni siquiera fueron
investigados por la justicia, algunos de ellos siguen hoy en el gobierno
nacional o provincial y son alentados por esa impunidad a seguir ordenando
represiones que cuestan la vida de trabajadores o que significan cárcel y
persecución a los luchadores. El gobernador neuquino Jorge Sobisch no sólo
ordenó una represión criminal el pasado 4 de Abril a los docentes que
reclamaban por su salario en las rutas, sino que se vanagloria públicamente
de ello diciendo que lo volvería a hacer, porque sabe que la justicia
encubre a los poderosos como sigue pasando con la falta de castigo a
Atanasof, Álvarez, Soria, Rodríguez, Aníbal Fernández, Solá, Duhalde,
autores ideológicos de los crímenes de Avellaneda. El gobierno nacional de
Kirchner sostiene estas acciones de represión e intimidación, sea en forma
directa como las acciones de la gendarmería en Santa Cruz, sea en su
complicidad en el resguardo del aparato represivo en general. La decisión de
Sobisch de ordenar la feroz represión a los trabajadores en Neuquén que le
costó la vida a Carlos Fuentealba y la represión en Santa Cruz, donde las
balas de plomo de la policía provincial causaron la amputación de tres
dedos a un trabajador municipal, son parte de una política común de estado,
que comparten los gobiernos patronales de distinto color político.

Con la fuerza de la lucha y la movilización constante, en el Puente
Pueyrredón, en la Estación de Avellaneda (hoy Estación Darío y Maxi) y en
los Tribunales de Lomas logramos que el comisario Fanchiotti y el cabo
Acosta tengan que pagar con condena perpetua y otros policías sean también
condenados. En el juicio quedó demostrado que la represión tuvo directivas
políticas, que fue monitoreada por la SIDE, que su jefe de entonces, Carlos
Soria, reconoció que con las muertes el gobierno de Duhalde había buscado
"frenar" un clima de creciente protesta y unidad popular. Sin embargo el
fiscal se prestó a la escandalosa maniobra de eximir de prestar declaración
a Duhalde, Álvarez y Solá.
La causa federal iniciada en el 2002 que investiga las principales
responsabilidades políticas se encuentra literalmente cajoneada en el
Juzgado Federal Nº 4, a cargo del Juez Ariel Lijo puesto a dedo por el
propio Presidente Kirchner. La causa no se mueve por orden del Secretario
General de la Presidencia Oscar Parrilli, quien todavía no ha respondido en
la causa el informe solicitado por la fiscalía un año atrás en relación a
los cruces de llamadas entre los funcionarios duhaldistas y las autoridades
policiales y de seguridad antes, durante y posteriormente a la represión del
26 de junio del 2002.
A su vez, en la causa por la brutal represión sobre la Avenida Mitre, el
Sargento Leiva quien cumple prisión preventiva - luego de estar prófugo
durante muchos meses - quedaría libre gracias a un "juicio abreviado" sin
testigos, ni declaraciones ni audiencia pública y oral, acordado por la
fiscalía y la defensa del asesino. Esto fue ordenado por la Procuración
General de la Nación a pocos días de la desaparición de Jorge Julio López,
frente a una crisis política desatada por el accionar delictivo de los
grupos de tarea de la bonaerense enquistados en el propio aparato del
Estado, contra testigos de causas vinculadas a los crímenes de represores
durante la última dictadura. Claro está, el sargento Leiva es parte del
mismo aparato represivo que secuestró a Julio López y que hoy cuenta con el
encubrimiento de Kirchner y Solá. También, al día de hoy, la causa por el
allanamiento y la represión al local de la ex Izquierda Unida durante el 26
de junio del 2002, está "cajoneada".

Este manto de impunidad no sólo está garantizado por la Justicia; también
tuvo como partícipe al actual presidente Néstor Kirchner, quien había
prometido a los familiares y a los compañeros de militancia de las víctimas
"investigar hasta las ultimas consecuencias sin importar quien caiga" a
través de una comisión investigadora. Pero esa promesa exigía una condición:
"si quieren una comisión abandonen las protestas (en particular el Puente
Pueyrredón)". Ni los familiares, ni las organizaciones populares aceptamos
ese condicionamiento, por lo tanto, la comisión nunca se hizo efectiva y el
puente Pueyrredón terminó militarizado por orden de Kirchner

El encubrimiento impune va de la mano de la represión. El Gobierno de
Kirchner necesita sostener - y lógicamente encubrir- un aparato represivo,
el mismo que protagonizó la cacería del 26 de junio, como fuerza propia de
choque contra los trabajadores en todo el país. Así, Kirchner y Aníbal
Fernández no dudaron semanas atrás, al igual que ya lo hicieran el año
pasado con los obreros de Metrovías en huelga o los petroleros de Santa
Cruz, en reprimir ferozmente la ocupación de los obreros de Fargo,
deteniendo dos delegados ni en enviar centenares de gendarmes contra la
lucha de los trabajadores de Fate; es así como también este Gobierno no
vaciló recientemente en reprimir con la infantería a los jóvenes
trabajadores del Casino Flotante de la Ciudad de Buenos Aires ni en
militarizar la provincia de Santa Cruz hasta el día de hoy, frente a la
reciente y heroica rebelión docente y popular, utilizando además fuerzas de
choque parapoliciales y patotas de la burocracia sindical contra los
estudiantes y trabajadores.
En la lucha de nuestra joven y combativa clase obrera como la de los
trabajadores del Casino, de Fate, de Terrabusi, de los call centers y Atento
está la continuación de una generación que se levanta a luchar, como lo
hicieron Darío y Maxi, contra las políticas de miseria salarial y
precarización laboral impuestas por el Gobierno de Kirchner, y aplicadas
gracias a la traición descarada de las dirigencias de la CGT y la CTA.
Debemos aprender de estas experiencias, porque está visto que la represión
del estado no puede forzar a los trabajadores y el pueblo a abandonar sus
reclamos. Que las patoteadas de los gobernadores títeres del poder económico
son respondidas con nuevas capas de trabajadores que se lanzan a la lucha
contra la injusticia.
El poder se pretende preservar encubriendo sus propios crímenes, y
protegiendo a sus ejecutores se protege a sí mismo. Por eso, la impunidad
respecto de quienes decidieron los asesinatos de Darío y Maxi, la grosera
reivindicación del crimen de Fuentealba que hizo Sosbich, el sostén objetivo
del aparato represivo, más allá de cualquier discurso que deja sin
esclarecer la desaparición de Julio López y el secuestro de Luis Gerez
(donde el gobierno insinuó saberlo todo y terminó ocultando todo) y otros
militantes populares. Por eso, mientras los asesinos siguen impunes y
gobernando, los militantes populares son llevados a juicio y encarcelados.
Denunciamos la existencia de una derecha mafiosa protagonista, integrante
del aparato represivo que hoy sigue intacto y heredera del golpe militar del
¨76, que sigue actuando en el presente y luchamos el desmantelamiento de
todo el aparato represivo, que sólo sirve para reprimir, perseguir y matar.
También denunciamos las políticas de hambre, trabajo precarizado y exclusión
que también matan todos los días de manera silenciosa. Nosotros, nuestros
hijos, nuestros ancianos, quedamos al margen del sistema de salud, de
educación, de vivienda, de trabajo y de toda contención social y a merced de
la explotación y precarización laboral, o el gatillo fácil como sucedió
recientemente con el músico y trabajador de la revista Hecho en Buenos
Aires, el Chasqui Córdoba, asesinado por la espalda por efectivos de la
comisaría 36 de esta capital. Para quienes luchamos contra estás injusticias
el estado gerenciado por Kirchner, responde ante la protesta social con
chicanas, provocaciones, saturación policial, procesamientos judiciales,
cárcel y represiones. Y el gobierno, que enfrenta todos los reclamos que
asoman, sólo echa lastre cuando fracasa el apriete y la represión frente a
la reacción popular. Tal como fue el caso de los petroleros en Las Heras en
la patagonia, luego de la segunda destitución de un gobernador en Santa
Cruz, con el conflicto docente o cuando luego de años de subsidios
millonarios y un mal servicio ferroviario los usuarios de trenes estallan e
incendian la estación de Constitución, (Sin olvidarnos que esto ya había
ocurrido en la pueblada de Haedo que le costó casi 2 años de prisión a
Roberto Cantero recientemente liberado y a la espera de juicio oral)
La contraparte de esta impunidad, lejos de la resignación o el escepticismo,
seguirá siendo la memoria, la denuncia y la lucha popular. El juicio y
castigo para todos los responsables de la Masacre de Avellaneda y del
asesinato del profesor Fuentealba, el esclarecimiento de la desaparición de
Julio López, o la libertad de los presos políticos y el desprocesamiento de
los luchadores no saldrán de la voluntad de ningún juez apegado al poder
político de turno, ni del mismo Estado asesino. Sólo a partir de la
movilización y lucha popular y de un reclamo nacional y masivo conseguiremos
la justicia para Darío, para Maxi, para Fuentealba, por Julio López y por
todos quienes sufren la exclusión, la explotación o la represión.
A cinco años de sus asesinatos, estamos aquí junto a Darío y Maxi todos
unidos, los que no nos vendimos ni vendemos, los que no dejamos la lucha a
cambio de puestos en ministerios ni despachos oficiales, con todos nuestros
caídos en la lucha, codo a codo, para barrer esta impunidad. Seguimos
levantando las mismas banderas, por trabajo genuino y salarios dignos,
contra el hambre y la represión. Porque las causas por las que murieron
Kosteki y Santillan siguen presentes, mientras la economía crece a un 8 %
anual pero los únicos beneficiarios han sido los acreedores extranjeros, el
FMI y los grandes monopolios dueños de la economía junto con los servicios
privatizados que gozan con el beneficio de millonarios subsidios; mientras
el gobierno falsifica las estadísticas del Indec para ocultar la verdadera
inflación, pobreza y desocupación.
El 26 de junio del 2002 peleábamos por un subsidio universal para los
trabajadores desocupados acorde con la línea de indigencia y a 5 años el
estado cuenta hoy con enormes reservas monetarias y hace oídos sordos de
este reclamo que beneficiaria a millones de indigentes.
En estos días el movimiento piquetero esta nuevamente en la calle, como lo
hicimos el pasado martes 12 de Junio en La Plata, cuando una columna de más
de 12.000 compañeros, enfrentó la política del gobierno de Sola de reducir
las partidas de alimentos con que se sostienen cientos de comedores y
merenderos de nuestros movimientos.
Desde este histórico Puente le decimos a Sola, a Kirchner, a todos los que
hoy llevan adelante este régimen de hambre y miseria, que vamos a seguir
peleando en defensa de lo que conquistamos luchando.
Que nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por Darío
y por Maxi, pero también por los 30 mil desaparecidos durante la dictadura;
por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales, y para
revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro
pueblo. La lucha de Darío y Maxi es nuestra lucha. Es la lucha por una
transformación social que termine con las condiciones de hambre, miseria,
desocupación y explotación que nos oprimen. Es la solidaridad y el
compromiso con el compañero junto al que salimos a luchar y la
intransigencia y consecuencia en esta pelea.
Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso seguiremos
adelante. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.