¡Queremos la ley YA!
Es repudiable que una serie de jueces, con el único objetivo de defender los intereses de los grandes grupos económicos mediáticos, bloqueen la aplicación de una ley que establece avances en la democratización de la comunicación. Si a esto le sumamos que entre estos jueces hay algunos que dejaron en libertad a represores y están siendo investigados por retardar y dispersar causas por delitos de lesa humanidad, no quedan dudas: los que defienden la impunidad de los genocidas son los mismos que pretenden mantener concentrada entre cuatro empresas la producción del 80% de los contenidos audiovisuales que se producen en el país y que eximen a los medios de las obligaciones de transparencia, pluralismo, producción nacional, propia y local que exige la nueva ley.
No es un misterio que detrás de estas ridículas maniobras judiciales se encuentran los intereses de los grandes grupos económicos y de la oposición de derecha, que se burlan de la demanda de democratización exigida por un amplio espectro de organizaciones populares y vastos sectores de la sociedad.
También hay que decir que pese a la voluntad de ser instalado como un enfrentamiento específico entre el Gobierno y el Grupo Clarín, la pelea por democratizar los medios de comunicación es una batalla que durante años vienen dando organizaciones populares, de derechos humanos y medios alternativos.
Por todo esto,-y remarcando la gran distancia y profundas diferencias que sostenemos con el Gobierno Nacional - reclamamos la entrada en vigencia de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, al mismo tiempo, denunciamos a la (in)justicia que detiene su aplicación. Consideramos que dicha ley contiene una parte importante de los reclamos que desde hace décadas vienen planteando los medios comunitarios y distintas organizaciones sociales. Entendemos que inspirada en los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática, redactados en el 2004, pone límites a la concentración y permite poner en cuestión el carácter comercial que tiene la comunicación, generando mejores condiciones para multiplicar las experiencias de comunicación popular que tengan el fin de amplificar la voz de los oprimidos.
Creemos también que una política de democratización de la comunicación debería incluir la derogación del decreto 527/05, con el que el Gobierno Nacional le regaló 10 años a los multimedios para explotar las licencias de TV. Además se debe profundizar la democratización e independencia de los medios públicos promoviendo una gestión con participación social y ampliar la representación en la autoridad de aplicación y los órganos asesores. Sumado a esto una política clara de financiamiento y garantías de acceso a los recursos técnicos y materiales para el desarrollo de medios populares, comunitarios y alternativos. En este sentido debe establecerse una diferenciación entre estos últimos y todas las llamadas “prestadoras sin fines de lucro”, detrás de las cuales muchas veces se esconden los mismos que hoy monopolizan las comunicaciones. Todos estos puntos constituyen fundamentos esenciales de una profunda democratización, sino se corre el riesgo de que los avances que estipula la nueva ley terminen abriéndole la puerta a un reparto clientelar disimulado.
Sin dudas, es en todos estos desafíos donde el aporte de las organizaciones del campo popular, que reclamamos la aplicación de la nueva ley de medios pero que también señalamos sus deficiencias, se vuelve fundamental; porque como sabemos la disputa por una real democratización de las comunicaciones incluye la aprobación parlamentaria, la reglamentación y la aplicación normativa, pero va más allá, volviendo imprescindible una mayor organización y articulación y el fortalecimiento de las herramientas de comunicación popular.
Por todo esto, los abajo firmantes decimos:
-INMEDIATA PUESTA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL!!!
-TRABAJEMOS EN CONJUNTO DESDE LOS SECTORES POPULARES POR SU IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA Y MEJORAMIENTO!!!
-FRENEMOS EL AVANCE DE LOS SECTORES DE DERECHA CON INDEPENDENCIA POLÍTICA Y VOCACIÓN DE CAMBIO!!!
Primeras firmas:
Fabio Basteiro, Secretario general CTA Capital
Carlos Chile, Secretario adjunto CTA Capital
Itai Hagman, Presidente FUBA
Agustina Eroles, Vicepresidenta FUBA
Liliana Parada, Diputada nacional por Movimiento Proyecto Sur
Claudio Lozano, Diputado nacional por Movimiento Proyecto Sur
Graciela Iturraspe, Diputada nacional por SI más Unidad Popular
Julio Gambina, Presidente de FISyP y miembro del Comité directivo de CLACSO
Ignacio Kostzer, Consejero Superior UBA
Leandro Altman, Consejero Superior UBA
Organizaciones
Frente Popular Darío Santillán
Buenos Aires para todos
Socialismo Libertario
Movimiento Territorial Liberación
Corriente Julio Antonio Mella
Corriente Universitaria Rebelión
Corriente Plan B
La Mala Educación – Colectivo Político
Movimiento Universitario Sur
La Masa al Sur / Casa popular
Agencia Latinoamericana de Noticias de Juventud Nota al Pie.
Área de Comunicación Movimiento Barrios de Pie
Faro Televisora Comunitaria
Radio Sur
Es repudiable que una serie de jueces, con el único objetivo de defender los intereses de los grandes grupos económicos mediáticos, bloqueen la aplicación de una ley que establece avances en la democratización de la comunicación. Si a esto le sumamos que entre estos jueces hay algunos que dejaron en libertad a represores y están siendo investigados por retardar y dispersar causas por delitos de lesa humanidad, no quedan dudas: los que defienden la impunidad de los genocidas son los mismos que pretenden mantener concentrada entre cuatro empresas la producción del 80% de los contenidos audiovisuales que se producen en el país y que eximen a los medios de las obligaciones de transparencia, pluralismo, producción nacional, propia y local que exige la nueva ley.
No es un misterio que detrás de estas ridículas maniobras judiciales se encuentran los intereses de los grandes grupos económicos y de la oposición de derecha, que se burlan de la demanda de democratización exigida por un amplio espectro de organizaciones populares y vastos sectores de la sociedad.
También hay que decir que pese a la voluntad de ser instalado como un enfrentamiento específico entre el Gobierno y el Grupo Clarín, la pelea por democratizar los medios de comunicación es una batalla que durante años vienen dando organizaciones populares, de derechos humanos y medios alternativos.
Por todo esto,-y remarcando la gran distancia y profundas diferencias que sostenemos con el Gobierno Nacional - reclamamos la entrada en vigencia de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, al mismo tiempo, denunciamos a la (in)justicia que detiene su aplicación. Consideramos que dicha ley contiene una parte importante de los reclamos que desde hace décadas vienen planteando los medios comunitarios y distintas organizaciones sociales. Entendemos que inspirada en los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática, redactados en el 2004, pone límites a la concentración y permite poner en cuestión el carácter comercial que tiene la comunicación, generando mejores condiciones para multiplicar las experiencias de comunicación popular que tengan el fin de amplificar la voz de los oprimidos.
Creemos también que una política de democratización de la comunicación debería incluir la derogación del decreto 527/05, con el que el Gobierno Nacional le regaló 10 años a los multimedios para explotar las licencias de TV. Además se debe profundizar la democratización e independencia de los medios públicos promoviendo una gestión con participación social y ampliar la representación en la autoridad de aplicación y los órganos asesores. Sumado a esto una política clara de financiamiento y garantías de acceso a los recursos técnicos y materiales para el desarrollo de medios populares, comunitarios y alternativos. En este sentido debe establecerse una diferenciación entre estos últimos y todas las llamadas “prestadoras sin fines de lucro”, detrás de las cuales muchas veces se esconden los mismos que hoy monopolizan las comunicaciones. Todos estos puntos constituyen fundamentos esenciales de una profunda democratización, sino se corre el riesgo de que los avances que estipula la nueva ley terminen abriéndole la puerta a un reparto clientelar disimulado.
Sin dudas, es en todos estos desafíos donde el aporte de las organizaciones del campo popular, que reclamamos la aplicación de la nueva ley de medios pero que también señalamos sus deficiencias, se vuelve fundamental; porque como sabemos la disputa por una real democratización de las comunicaciones incluye la aprobación parlamentaria, la reglamentación y la aplicación normativa, pero va más allá, volviendo imprescindible una mayor organización y articulación y el fortalecimiento de las herramientas de comunicación popular.
Por todo esto, los abajo firmantes decimos:
-INMEDIATA PUESTA EN VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL!!!
-TRABAJEMOS EN CONJUNTO DESDE LOS SECTORES POPULARES POR SU IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA Y MEJORAMIENTO!!!
-FRENEMOS EL AVANCE DE LOS SECTORES DE DERECHA CON INDEPENDENCIA POLÍTICA Y VOCACIÓN DE CAMBIO!!!
Primeras firmas:
Fabio Basteiro, Secretario general CTA Capital
Carlos Chile, Secretario adjunto CTA Capital
Itai Hagman, Presidente FUBA
Agustina Eroles, Vicepresidenta FUBA
Liliana Parada, Diputada nacional por Movimiento Proyecto Sur
Claudio Lozano, Diputado nacional por Movimiento Proyecto Sur
Graciela Iturraspe, Diputada nacional por SI más Unidad Popular
Julio Gambina, Presidente de FISyP y miembro del Comité directivo de CLACSO
Ignacio Kostzer, Consejero Superior UBA
Leandro Altman, Consejero Superior UBA
Organizaciones
Frente Popular Darío Santillán
Buenos Aires para todos
Socialismo Libertario
Movimiento Territorial Liberación
Corriente Julio Antonio Mella
Corriente Universitaria Rebelión
Corriente Plan B
La Mala Educación – Colectivo Político
Movimiento Universitario Sur
La Masa al Sur / Casa popular
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Área de Comunicación Movimiento Barrios de Pie
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