Buenos Aires, 9/3/16
Al Secretario de
Seguridad Interior
Gerardo F. Milman
S / D
c/ copia a la ministra Patricia
Bullrich
De mi consideración:
Tengo
el agrado de dirigirme a Ud. para reiterarle, como le he planteado en la
conversación telefónica que mantuvimos, mi coincidencia en abrir una “instancia
de diálogo”, por ejemplo concretando a la brevedad una reunión.
A la
vez, aprovecho para señalar mi discrepancia con su valoración y la de la
ministra Patricia Bullrich sobre lo supuestamente “violento”, “no procedente” o
“sinrazón” de nuestras recientes protestas. La libertad de expresión y los
derechos democráticos básicos a reunirse,
a manifestar y a peticionar a las autoridades están consagrados por la Constitución
Nacional y por varios tratados internacionales de rango constitucional. Por
ende, en un Estado de derecho el gobierno debería garantizarlos en forma
efectiva.
Por ejemplo uno de esos
tratados, la Resolución 22/10 de la Comisión de DD.HH. de la ONU, “Insta a los Estados a favorecer las
manifestaciones pacíficas facilitando a los manifestantes el acceso a espacios
públicos”. Y señala: “Los Estados
deben velar por que todos los sectores de la sociedad puedan ejercer sus
derechos humanos sin discriminación ni temor a la violencia al participar en
manifestaciones pacíficas. Los Estados no deberían considerar las
manifestaciones pacíficas una amenaza sino que deberían permitirlas y facilitar
su realización”. ¿A
Ud. le parece que el protocolo “cinco minutos o los sacamos” favorece y facilita
el ejercicio de esos derechos?
Nuestra protesta anti-protocolo fue contra su
carácter represivo del reclamo social y su inédito corralito a la prensa, no realizada
en la puerta sino en la esquina del domicilio de la ministra. Nuestra protesta
contra el pago a los fondos buitres fue llevarle al ministro Alfonso Prat Gay el
premio “Cavallo del año”. Ambas acciones no tuvieron nada de violentas: fueron
pacíficas y, la última, también irónica, en la vereda de enfrente y permitiendo
el paso de vehículos y vecinos. Creo que, en realidad, al gobierno le molesta que
cuestionemos sus políticas antipopulares. Cuando su Ministerio acusa a nuestros
actos de “violentos” e “intimidatorios”
y anuncia “no vamos a tolerar”, ¿quién intimida? ¿Cree que así se favorece
el diálogo y se facilita el derecho a manifestar? ¿Qué marco jurídico democrático
avalaría esa amenaza oficial de “no tolerar”?
Si el problema es protestar ante el domicilio de
tal o cual ministro, le aclaramos que en nuestro país el señalamiento público y
no violento de responsabilidades nació del movimiento de derechos humanos ante
la falta de justicia. Los ministros y funcionarios políticos eligen serlo,
nadie los obliga y deben hacerse cargo de las medidas de gobierno que dictan. Si
su gobierno despide por miles, ajusta, hipoteca nuestro futuro, cercena
derechos y reprime, ¿además pretende ponernos mordaza, en una suerte de
democracia tutelada y autoritaria?
No podemos dejar de refutar enérgicamente a los
diputados del PRO, que -según publicaron algunos medios- asimilan nuestros actos
a “los más oscuros momentos de nuestra historia”. Salvo que se adhiera a
la nefasta teoría de los dos demonios, recordamos que lo que hubo aquí es terrorismo
de Estado. Para una corriente como la nuestra, con más de un centenar de
desaparecidos y asesinados por la dictadura genocida, es una ofensa de baja
estofa. Azuzar desde el poder semejante clima es habilitar ataques o tiroteos a
locales y actos opositores, como ha sucedido.
Por último, si se nos plantea “protesten ante
Economía”, decisión que en todo caso es nuestra, al menos retiren de una
vez las vallas que desde hace años mantienen cercado dicho ministerio y también
la Casa Rosada.
Sin otro particular por el momento, y en espera de
concretar una reunión, saludo a Ud. muy atentamente.
Alejandro Bodart
Secretario general del MST
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