jueves, 25 de agosto de 2016
Semanas agitadas vienen transcurriendo para los trabajadores
de Cresta Roja, con piquetes de compañeros que reclamaban -y conquistaron- su
reincorporación y ofrecimientos, mentirosos y fraudulentos, de pago de deudas
salariales por parte de la actual operadora, Ovoprot.
Recordemos que muchos compañeros -que no están trabajando- sobreviven
cobrando apenas 6 mil pesos que les serán descontados de sus futuras
indemnizaciones, mientras que aquellos que han sido reincorporados sufrieron la
pérdida de la antigüedad y la reducción salarial.
Luego de mentir, abandonando la promesa de reinstalación de
casi doscientos trabajadores para el 22 de agosto, Ovoprot convocó a los
compañeros a discutir la posibilidad de firmar un acuerdo mediante el cual se
les garantizaría la liquidación del dinero adeudado, que es mucho.
Tal como lo denunciaron operarios del “campo” pertenecientes
a UATRE y Molineros, de acuerdo a una propuesta presentada en el juzgado donde
se está tramitando la quiebra, se dispuso el “pronto pago de liquidaciones a
aquellos trabajadores que aun no han ingresado, en la forma en que les
convenga...”
En ese sentido, a los compañeros de faena se les propuso aceptarlas
a “libro cerrado”, sin siquiera entregarles las copias de las actas ni dejarlos
sacar fotos de las mismos. Ante los interrogantes insistentes del carácter de
dicho convenio, la patronal y sus abogados levantaron campamento, como quien se
escapa de un robo .
Luego de esto trascendió el ofrecimiento que habría para los
de “adentro”, que es el mismo que les hicieron a los del campo, que luego de “apretarlos”
-diciéndoles que “si no firmaban los de afuera no cobrarían”- les propusieron
llevarse, en vez de dinero contante y sonante, acciones de la empresa.
A todo esto hay que agregarle otro hecho significativo: las
cifras que preteden abonar, en efectivo o en acciones, son inferiores a las que
calcularon varios de los abogados que están asesorando a los trabajadores de la
quebrantada Cresta Roja.
Este tipo de maniobras tiene antecedentes escandalosos, como
las indemnizaciones a través de acciones que les impusieorn a los trabajadores
de la ex YPF, cuando Menem decretó su privatización.
¡Luego de 22 años de mentiras y dilaciones, miles de ex “ypfianos”
todavía continúan reclamando que les paguen el valor de esos papeles,
correspondientes al Programa de Propiedad Participada de la ley 27133!
En el capitalismo los “accionistas” obreros nunca participan
de las decisiones empresariales, ni de sus ganancias. Siempre que los
involucran es para hacerlos cargo de las pérdidas, por ejemplo cuando las
empresas se terminan transformando en cooperativas, debido al abandono de los
dueños!
Lo mismo hicieron, durante toda la vida, los empresarios de
los colectivos: por ejemplo, en la vieja empresa Río Grande, que era dueña de
las líneas 5 y 23 de capital, ahora pertenecientes a DOTA. Para sacarse de
encima las deudas con sus choferes, en los 90 les ofrecieron que se hagan “dueños”
de sus unidades... ¡Pagándolas a un precio “módico”!
Su corta experiencia como “empresarios” que se mataban
laburando para pagar los costos de los colectivos, que eran los más obsoletos, terminó
cuando la vieja empresa Río Grande terminó en manos del monopolio DOTA, ligado
a Macri, que echó a los choferes y los dejó llenos de deudas.
Los patrones tienen una larga experiencia de pergeñar este
tipo de fraudes, utilizando para eso la buena voluntad, la ignorancia, la
ingeniudad, o, directamente la desesperación de las familias obreras, que ante
la necesidad de “parar la olla” se ven obligadas a aceptar cualquier cosa.
En este caso el fraude es aun mayor, ya que el acuerdo propuesto
está condicionado a que las liquidaciones a los trabajadores -las
indemnizaciones- sean consideradas como “pago a cuenta” de la compra de la compañía,
que, de acuerdo a la decisión judicial, tendrá lugar en el mes de Octubre.
Con esta maniobra Ovoprot “mata dos pájaros de un solo tiro”
-o dos pollos- ya que por un lado estafa a los trabajadores pagándoles menos de
lo que les corresponde y, por el otro, reduce el valor que estipuló la jueza
como base de la venta de la empresas, que es de 110 millones de dólares.
Todo esto explica la desesperación de Ovoprot por hacer
firmar este tipo de convenios fraudulentos, con el aval de la burocracia
sindical de los tres gremios intervinientes en la compañía: STIA, UATRE y
Molineros, a pesar de que la jueza de la causa aun no ha fallado sobre el
particular.
Hacemos un llamado al conjunto de los trabajadores, tanto a
los que están adentro como a los que todavía no pudieron reingresar, a rechazar
de cuajo esta fenomenal maniobra, que atenta contra los derechos laborales y allana
el camino para una estafa superior.
Hay que imponer las asambleas de base para “levantar la guardia” entre todos y organizar la lucha por la reincorporación de los que están afuera, llegando a la fecha de venta unidos y con fuerza para imponer el cobro de lo adeudado, la recuperación del nivel salarial y una suma importante en concepto de daños y perjuicios.
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