LA REPRESION COMENZO MUCHO ANTES

Luego del 25 de mayo de 1973 toda la legislación represiva sancionada por el régimen militar fue derogada y disuelto el fuero antisubversivo. Pero esa primavera duró poco, y dio comienzo una escalada represiva, iniciándose con el envió del Poder Ejecutivo a las Cámaras para reformar el Código Penal. La reforma fue considerada de la misma naturaleza que la legislación promulgada por el régimen militar que gobernó el país entre 1966-73.
La primer respuesta vino del Gral. Perón que advirtió que si la ley no era aprobada, se apelaría a las mismas armas que se buscaba combatir y el 23 de enero de 1974 declaro al diario La Nación “Nosotros vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley, también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente. Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer, no tenga la menor duda”.
Después de la muerte de Perón, se tomaron distintas medidas represivas, en septiembre de 1974 se aprobó la ley de represión del terrorismo, que penaba la difusión de información relacionadas con esos hechos y la obstrucción al trabajo cuando el conflicto era declarado ilegal. De acuerdo a la esa ley, el Ministerio de Trabajo prohibió las huelgas por motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas y comenzó a intimar, amenazar y suspender personerías gremiales con más frecuencia que anteriormente. En el mes de noviembre se implementa el estado de sitio en todo el país.
Hasta ese momento la participación de las FFAA en forma abierta era evitada y la lucha era encabezada por grupos paramiliatres. “ejecutores del trabajo sucio”, a través de la Triple A
Pero al poco tiempo el 11 de febrero de 1975, desde el ejecutivo nacional se anuncio oficialmente que había ordenado a las FFAA tomar intervención en la “lucha antisubversiva”, a través del decreto del 5 de febrero, firmado por el presidente provisional Italo Luder, y todos los ministros, entre ellos el hombre de varios gobiernos Carlos Ruckauff. En el Articulo Nº 1 se decía que “El comando General del Ejercito procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos…”. Inmediatamente vendría la creación del Consejo de Seguridad Interna y del Consejo de Defensa.
La represión a la clase obrera apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975 cuando las fuerzas conjuntas reclutas por la SIDE , que incluían a la Policía Federal , Policía Provincial, Ejercito y Gendarmería, grupos de choque entre los cuales iban armados los guardias blancos pagados por las acerías de Martínez de Hoz, y miembros de la Triple A. Las ordenes firmadas por Rocamora, Savino y López Rega, eran claras: ahogar en sangre a los obreros y activistas de Villa Constitución. Ya se había reprimido en Córdoba al SMATA, Gráficos de Buenos Aires, Ledesma de Jujuy.
Luego de las heroicas jornadas protagonizadas por la clase obrera, durante junio-julio de 1975, cuando la burguesía desde su estado, intentó planificar la crisis capitalista, con el proyecto económico de Rodrigo de distribución contra los trabajadores, y el respaldo político del lopezreguismo, se encontró con la intransigencia proletaria que derrumbó totalmente ese intento autocrático.
El proletariado acrecentó sus fuerzas de clase, organizándose fabrilmente, comenzando a superar -aunque en forma embrionaria- la constitución sindical. Pero la expresión de su mayor fortalecimiento, consistió nuevamente en debilitar aún más a la burguesía, haciéndole cada vez más difícil gobernar bajo la forma más democrática de la dictadura del capital, la democracia burguesa parlamentaria.
Desde esos días comenzaron a aparecer con frecuencia en el discurso de militares, empresarios, políticos y sindicalistas, las apelaciones a la lucha contra la "guerrilla fabril", "las huelgas salvajes" y los "infiltrados en el movimiento obrero", tras lo cual "toda la potencia represiva del Estado ....se concentró furiosamente sobre las fábricas, los trabajadores y sus aliados con todos los medios a su alcance...".
Los petroquímicos de San Lorenzo denunciaron la represión desatada en esos días a través de este pronunciamiento “Contra la escalada de Terror y Matonaje”, en el cual plantearon "La escalada terrorista que invade el país, y que invariablemente ha quedado impune (jamás se encontró un asesino a sueldo del imperialismo) , los asesinatos, cárceles, invención de falsos complots. Secuestros, amenazas a auténticos exponentes del arte popular, a políticos, etc. Las amenazas a nuestro asesor letrado y a uno de nuestros dirigentes, las amenazas a un dirigente de los obreros de Sulfacid y su familia, la inmolación del joven compañero José Polenta. No podríamos comprender la existencia del terrorismo y el matonaje impune, sin entender el poder que lo nutre".
Por su parte, en octubre de ese año, el genocida Gral. Jorge R. Videla al participar en la XI Conferencia de Ejercito Americanos, realizada en Montevideo, revelo la decisión militar sobre la cuestión del poder y declaro “en la Argentina deberán morir todas las personas que sean necesario para lograr la seguridad del país”. Le siguió el decreto del 6 de octubre de 1975, del ejecutivo nacional que ampliaba el accionar de las Fuerzas Armadas contra la “subversión” a todo el territorio nacional.
Por otra parte, desde hacía un tiempo era notorio el quiebre del orden y la disciplina social en el terreno mismo de la producción capitalista. Los capitalistas no podían hacer valer ni los hechos de la división del trabajo propia del régimen de producción, ni sus derechos, esencialmente el derecho de propiedad y por lo tanto de disponer de lo que era suyo como le convenga: medios de producción, medios de trabajo, fuerza de trabajo, etc..
Las relaciones sociales entre capital y trabajo estaban anarquizadas, los capitalistas habían perdido autoridad, las jerarquías no se respetaban, los planes de patrones y directivos no se cumplían, en fin como gustaban decir en esos días “reina la indisciplina social y productiva jamás vista”. El orden capitalista en las fábricas había sido negado. Pero nadie quería vivir en el desorden, lo que ocurría es que el proletariado no podía soportar la restauración del orden de la burguesía, ya que ello significaba retrotraer al régimen de producción capitalista a sus orígenes: un verdadero régimen militar en la fábrica, con el pleno poder burgués de disponer y usar como más le conviene su capital.
La resistencia del proletariado a los intentos capitalistas de restaurar su orden, empezaban a vislumbrar que la clase obrera podía avanzar hacía un nuevo orden. Es decir el nuevo orden marchaba por el camino del control obrero y la gestión proletaria. Pasos hacia ese nuevo orden estaban indicando las tomas de fábrica, con o sin control obrero de la producción, la organización fabril de las masas obreras que en ese momento se limitaban a impedir al capital que este disponga según sus intereses.
Pero la ruptura del orden en el plano de la producción no era solo expresión de la imposibilidad de la burguesía de regir las fuerzas productivas durante la crisis, sino tan solo una consecuencia de la enconada lucha abierta entre capital y trabajo, sino también era la consecuencia de la debilidad política de la burguesía para usar su Estado contra el proletariado, que estaba dispuesto a resistir los flagelos de la crisis y por lo tanto amenazaba más y más la propiedad capitalista.
Por eso, recuperar la autoridad del capital, ponerlo a éste en condiciones de hacer lo que más le convenga en la crisis, restaurar el orden en las fábricas, respaldándose con la violencia organizada de la burguesía, tenía un norte bien claro: recuperar las fuerzas políticas pérdidas, recuperando la autoridad del Estado como monopolio de la violencia organizada, para poder utilizarlo en la planificación de la crisis, salvando la propiedad privada, que el proletariado en su avance había comenzado a amenazar.
El ciclo de la barbarie represiva se cerraba: cambios en la legislación penal, amenazas desde el ejecutivo nacional de actuar fuera de la ley, carta blanca a López Rega para crear la Triple A , las ordenes a las FFAA para aniquilar a la “subversión, y luego el golpe militar del 24 de marzo de 1976, con su secuela de desaparecidos, torturados, presos, exiliados, crisis económica, corrupción, cierre de fábricas y desocupación.
LEONIDAS F. CERUTI- Historiador, asiduo colaborador del Mortero y el Encuentro Sindical de base.