Hace 1 año y 8 meses que se encuentran presos seis jóvenes trabajadores petroleros y municipales de la ciudad de Las Heras.
La mayoría de ellos y sus familiares sufrieron torturas al momento de su detención y fueron obligados a declarar en su contra y del resto de los detenidos. Todavía no existe fecha para el juicio oral.
Los seis presos políticos se encuentran separados entre ellos: tres están encarcelados en comisarías y tres en cárceles comunes a cientos de kilómetros de sus hogares a lo ancho de toda la provincia de Santa Cruz (localidades de Puerto Deseado, Pico Truncado, Perito Moreno y los Antiguos).
Son víctimas de torturas psicológicas constantes y sufren ilegítimas restricciones al contacto con sus familiares, debido a las enormes distancias, los costos de los viajes, pudiendo encontrarse durante tiempos muy breves en lugares que resultan inapropiados.
En la Alcaidía de Puerto Deseado las condiciones de detención son más favorables ya que el comisario Marsicano a cargo de la misma, denunció las torturas sufridas por los detenidos durante el traslado desde Pico Truncado a Puerto Deseado, enfrentándose al propio aparato policial y político de Santa Cruz.
La pueblada de febrero de 2006
La pueblada que se dio en el marco de la huelga petrolera de febrero de 2006 fue ferozmente reprimida por la policía de Santa Cruz; inmediatamente el gobierno de Kirchner envió 200 gendarmes para apoyar el accionar represivo y mantener la “paz social” en la provincia. Se militarizó la ciudad imponiéndose “de hecho” el estado de sitio (prohibición de reuniones de trabajadores, cientos de órdenes de allanamientos, detenciones arbitrarias y torturas, etc).
Esta situación fue valientemente denunciada por el cura párroco de Las Heras, Luis Bicego, quien protegió a la población y los trabajadores en los peores momentos de la represión, ofreciendo la iglesia como refugio frente a la “caza de brujas” desatada.
Ante las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos por parte de distintos organismos DDHH, el presidente Kirchner declaró “La policía se excedió” recurriendo a los mismos argumentos que utilizaron para justificar sus crímenes los militares de la dictadura genocida.
Durante la pueblada que se desató tras la brutal represión resultó muerto el policía Sayago. Los seis trabajadores que continúan detenidos están procesados arbitrariamente, sin pruebas, acusados de este homicidio. Mientras tanto los policías de Santa Cruz que torturaron a los detenidos y sus familiares, a pesar de estar identificados y procesados, se encuentran en libertad y manteniendo sus cargos.
Ambas son llevadas por la jueza de Pico Truncado la Dra. Graciela Ruata de Leone.
La lucha por la libertad de los presos
Los familiares y el cura de las Heras, con la asistencia psicológica y práctica del EATIP (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial) y otros organismos de derechos humanos, durante todo este tiempo fueron sorteando todo tipo de obstáculos e intrigas de los servicios de inteligencia y el poder político. En condiciones muy difíciles lograron unidos llevar adelante la campaña por la libertad de los presos por luchar por el respeto de sus derechos laborales (elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y pase a convenio del sindicato de petroleros para todos los trabajadores de empresas tercerizadas) y por el fin de la impunidad y la represión en la provincia.
Se acercan las elecciones y el gobierno de Kichner y de Peralta mantienen el silencio sobre los presos de las Heras y la permanencia de la Gendarmería en la ciudad, que provoca la militarización de toda la zona.
Habiendo rechazado la jueza en varias oportunidades los planteos de los abogados defensores pidiendo la libertad de los detenidos y ante la falta de avances en la causa donde se investigan las torturas, los familiares y el cura acompañados por el EATIP y LIBERPUEBLO, solicitaron una audiencia con la jueza de la causa que fue concedida.
El miércoles 10 de octubre de 2007 a las 10 hs una delegación de más de 20 familiares de todos los detenidos fueron recibidos por la jueza Ruata de Leone en el juzgado de Pico Truncado.
Los acompañaron el cura párroco de la ciudad de Las Heras, Luis Bicego, dos psicólogos del EATIP (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial) quienes viajaron desde Buenos Aires por sexta vez desde abril de 2006, y un abogado de Liberpueblo.
El reclamo principal fue la inmediata libertad de los detenidos políticos al menos hasta la existencia de una sentencia definitiva que surja de un juicio justo. Se exigió también el rápido avance de la causa por torturas a los detenidos y familiares, que sean separados de sus puestos en forma inmediata y que se disponga el encarcelamiento de los policías responsables de estos hechos.
Ante la presencia de los familiares, quienes firme y fundadamente plantearon que los detenidos son presos políticos y deben estar libres, la jueza Ruata de Leone se comprometió a considerar los reclamos de los familiares y de los organismos de derechos humanos presentes.
En la provincia de Kirchner gobiernan las petroleras (REPSOL y PANAMERICAN ENERGY) a través del poder político y judicial, quienes pretenden imponer un castigo ejemplificador a los trabajadores que están luchando por sus derechos y contra el saqueo de las riquezas nacionales.
Urge la solidaridad de todo el pueblo argentino para lograr la liberación de los presos políticos y avanzar en la recuperación de los derechos de los trabajadores y del patrimonio nacional.
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