CEPPAS: ARBITRARIA DECISIÓN DE LA CÁMARA DE APELACIONES LA JUSTICIA IMPUSO A CIPCE COSTAS POR PEDIR PARTICIPACIÓN EN LA CAUSA SKANSKA

Los jueces Marcos Grabivker y Carlos Pizzatelli, miembros de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, condenaron al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) en costas por solicitar el acceso a las actuaciones en la causa Skanska. Esta decisión atenta contra el derecho de las organizaciones de la sociedad civil de participar en este tipo de casos.“El único objetivo de esta decisión es, claramente, desalentar a las ONG’s que fortalecen las investigaciones, aportan datos y pretenden monitorear el desempeño del poder judicial en este tipo de casos”, afirmó Pedro Biscay, Director Ejecutivo del CIPCE. Contra esta decisión, totalmente arbitraria y sin argumentos jurídicos válidos - la Corte Suprema de Justicia establece expresamente la prohibición de fijar costas a quién actué bajo la figura de “amigo del tribunal”- la organización presentó, el 9 de marzo, un recurso de queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal.CIPCE es una organización no gubernamental que promueve el desarrollo de políticas de recuperación de activos de origen ilícito en delitos económicos. En ese marco, realiza acciones para medir el daño social causado por la corrupción, elabora proyectos de reforma y se presenta en calidad de “amigo del tribunal” en procesos que investigan estos hechos. En su momento, solicitó ante la Sala B participar a través de esa figura en la causa de la constructora sueca.La imposición del pago de los gastos del proceso es algo muy lesivo para una institución como CIPCE que no lucra con su actividad, simplemente actúa de intermediario entre la sociedad civil y la justicia. “¿Qué tipo de mensaje trasmite una decisión judicial que condena en costas a una ONG cuando debería esforzarse en condenar a los responsables de uno de los escándalos de corrupción más obscenos y perjudiciales de los últimos años?”, agregó Biscay.Decisiones de este tipo, especialmente en casos de corrupción que involucran el manejo de fondos públicos, desalientan la actividad democrática y crítica de la sociedad frente a los poderes instituidos del Estado.