El anuncio de constituir un Fondo del bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad, por unos 6.569 millones de dólares, realizado en cadena nacional por el Ministro de Economía y la Presidente el pasado 14-12-09 constituyó una clara señal del gobierno al poder económico mundial sobre la voluntad de cancelar vencimientos en el corto plazo (2010).
Se ratificaba así una orientación de reinserción subordinada en el sistema financiero mundial, marcado a fuego con la cancelación anticipada al FMI a comienzos del 2006 y una voluntad votada mayoritariamente por el Parlamento a fines del 2009 para suspender el “cerrojo legal” que impedía la reapertura del canje de la deuda con los holdouts por unos 30.000 millones de dólares.
La crisis de la economía mundial explicitada desde setiembre del 2008 postergó hasta ahora la voluntad de cancelar la deuda con el Club de París por casi 7.000 millones de dólares.
Son tres actos que involucran fondos públicos para cancelar deuda por unos 44.000 millones de dólares, los que se suman a otros miles de millones de dólares de cancelaciones regulares de una deuda eterna que no es puesta en discusión por el sistema constitucional desde su vigencia en 1983.
Pasaron 26 años y el régimen constitucional desoye acciones políticas y legales como la iniciada oportunamente por Alejandro Olmos contra autoridades del BCRA y de la Dictadura Militar entre 1976 y 1983, que generó sentencia del Juez Ballestero en el 2000 y apenas suscitó una sesión de discursos sin efectos concretos. Muchos de nosotros y de las organizaciones en que militamos nos involucramos directamente en la promoción y difusión de la iniciativa presentada por Olmos y la CTA reiteró desde su fundación resoluciones por el No pago de la Deuda Externa en diversos congresos.
Esa querella (Olmos) y las múltiples campañas populares denunciando el endeudamiento externo constituyen una de las grandes asignaturas pendientes del régimen constitucional. Existe responsabilidad de cada uno de los representantes del pueblo que asumieron funciones en este cuarto de siglo. Ello impone discutir el tema de la deuda externa pública en el conjunto de la sociedad. Es un asunto a privilegiar en la construcción del movimiento por la constituyente social que empujamos junto a la CTA y un millar de organizaciones sociales, políticas y personalidades de la cultura.
II
Nuestro pronunciamiento tiene sentido ante la crisis institucional que genera el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Presidente del BCRA. La disputa es por las reservas internacionales y su utilización para cancelar deuda. Los firmantes de este escrito rechazamos la voluntad de continuar pagando la deuda y exigimos la realización de una auditoria de la misma, retroactiva al saldo presentado en tiempos de la Dictadura.
No existe validez en el argumento de la continuidad jurídica de los actos del Estado, aún con acciones refrendadas en tiempos constitucionales. Existe un problema de origen y es el carácter odioso de la deuda contraída por la Dictadura. EEUU declaró odiosa la deuda asumida por Irak al momento de su ocupación territorial en 2003, sustentando la decisión en el carácter ilegítimo del gobierno de Sadam Husein. Cada turno de gobierno desde el 83 asumió sin auditar el saldo de deuda recibido de gobiernos anteriores. Solo se encargaron de culpar hacia atrás y renegociar bajo nuevos términos la deuda. Todos los gobiernos constitucionales desde el 83 realizaron su renegociación de deuda y son responsables de la hipoteca transferida al conjunto de la sociedad. Es una responsabilidad compartida por los poderes del Estado y las fuerzas políticas mayoritarias, reanimadas ahora con la reforma electoral en beneficio del bipartidismo.
La crisis política en curso demuestra que aún no se superó la situación del 2001 y que existen responsabilidades concretas por acción u omisión de legisladores, jueces o gobernantes. Es momento para denunciar y enjuiciar socialmente la complicidad del sistema político con el poder económico, dentro del cuál se destacan los monopolios de la comunicación. ¿Qué tan distintos son los monopolios de la comunicación con respecto a los invitados a cenar en Olivos en vísperas de la noche buena? ¿Qué interés nacional expresan los grupos económicos locales transnacionalizados en el campo, la industria o los servicios? ¿Qué opinar de las centrales patronales y de la CGT apoyando el pago de la deuda y criticando al funcionario del BCRA designado y apoyado por los últimos gobiernos? Martín Redrado ingresó a la función de la mano de Menem, pero fue impulsado a dirigir el BCRA en estos dos turnos. Ahora se menciona a Mario Blejer para sucederlo. ¿Es acaso expresión de una perspectiva nacional y popular, o expresión del poder financiero mundial?
En Argentina se realizaron y realizan juicios contra los dictadores por afectar los derechos humanos, pero no se los juzga por sus actos económicos, sociales e institucionales, más allá del simbólico efecto hasta ahora de la sentencia judicial del 2000. La responsabilidad es de la Dictadura y de los gobiernos constitucionales de estos años que convalidaron y potenciaron la subordinación local al poder económico mundial vía endeudamiento. Es una regularidad que debemos combatir, denunciar y superar en la construcción de una alternativa política popular.
¡La Argentina no necesita endeudarse más! Hay superávit comercial y fiscal y una importante acumulación de reservas internacionales, claro que comprometidas con normas que las subordinan al régimen del capital; tanto como para cubrir la base monetaria de funcionamiento del capitalismo local, como la garantía sobre títulos públicos emitidos para frenar la inflación por emisión monetaria (argumento falaz del ideario neoliberal imperante).
No se debe olvidar que uno de los argumentos del Fondo del bicentenario se sustenta en la necesidad de obtener nuevos créditos internacionales para refinanciar la deuda. El Poder Ejecutivo quiere negociar nuevo financiamiento al tiempo que cancela vencimientos y para eso el Fondo del bicentenario. El Presidente del BCRA pretende acordar con el FMI, con los holdouts y el Club de París y en ese marco regularizar la reinserción internacional para nuevo endeudamiento.
Ambos contradictores, el gobierno y Redrado, sustentan tácticas diferentes para el mismo fin de cancelar deuda y obtener nuevos fondos sobre la base de un endeudamiento que potencia la dependencia del capital transnacional. En el 2005 Redrado fue copartícipe de la decisión de cancelar deuda anticipada al FMI con reservas internacionales y defendió la medida junto a Felisa Miceli, la ministro de economía de turno.
Necesitamos habilitar una amplia discusión sobre el uso de los fondos públicos, por superávit fiscal y reservas internacionales. Son cuantiosas las necesidades populares insatisfechas. Nos hemos pronunciado por la eliminación de la pobreza y lo dijimos señalando que el hambre es un crimen.
Todos los recursos deben orientarse hacia ese fin y terminar con la pobreza, la miseria, el desempleo, la flexibilización y la explotación de la fuerza de trabajo.
III
En este marco rechazamos la institucionalidad neoliberal y denunciamos la autonomía del BCRA. La política monetaria y cambiaria debe estar en sintonía con una política económica al servicio de la satisfacción de las necesidades populares.
La crisis de la economía mundial capitalista nos permite discutir el orden vigente y junto a otros procesos políticos y sociales que ocurren, especialmente en la región latinoamericana y caribeña, nos permiten abogar por medidas anticrisis de carácter anticapitalista y por el socialismo.
Cuba lleva medio siglo en esa disputa y ofrece claros beneficios sociales en educación y salud; restringidos en su capacidad de ampliarse a otras esferas por el accionar genocida del bloqueo estadounidense. Los procesos de cambio político, especialmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador intentan nuevos caminos en confrontación con el régimen del capital. Las experiencias de lucha popular en Brasil, Uruguay, Nicaragua, o El Salvador son palmaria muestra de una experiencia regional que brega por la emancipación. Todos esos procesos, diferenciados entre sí, junto a la dinámica de resistencia y organización popular desplegada en nuestro país y otras partes de la región y el mundo hacen a la perspectiva de un nuevo imaginario popular emancipatorio
Existen instrumentos de integración económica que trascienden a los países mencionados y forman parte de intentos por nuevas arquitecturas financieras y de articulación productiva. Es el camino del ALBA, el Banco del ALBA y el Sucre; de Petroamérica, Telesur y el Banco del Sur; tanto como los experimentos de intercambio comercial con monedas locales. Es un camino escasamente transitado y que necesita potenciarse. Para ello hay que eliminar trabas institucionales del modelo neoliberal y el orden capitalista, entre otras la “autonomía del BCRA”.
Nuestro pronunciamiento es contra el pago de la deuda y por su auditoria e investigación. Es contra la autonomía del BCRA y el establecimiento de una política económica para un modelo productivo que contenga las necesidades populares nacionales y regionales y no las del régimen del capital en su etapa de dominio transnacional.
El movimiento por la constituyente social tiene que asumir esta temática e instalar otra discusión en la Argentina, en el camino de los ejes planteados por la democratización de la sociedad; la distribución de la riqueza y el ingreso; la defensa soberana de los recursos naturales. Si lo que se pretende es aumentar el gasto público, no hace falta utilizar reservas para pagar la deuda; debe decirse en que se gastará, cuales son las necesidades a satisfacer y generar el sujeto popular que luche por hacer valer los intereses y necesidades populares insatisfechas.
En ese objetivo nos comprometemos desde nuestra corriente sindical. La crisis en la Argentina es política y por lo tanto se requiere construir una alternativa política popular.
Nuestro compromiso es luchar por una CTA independiente de patrones, del estado y los partidos, que dispute el lugar de los trabajadores en la lucha por al emancipación.
Esa es la motivación para comprometernos en el rumbo de la constituyente social para construir poder popular y disputar el orden capitalista vigente y en crisis.
Buenos Aires, 12 de enero de 2010
José Rigane- L y F- Fetera Mar del Plata; Víctor Mendibil- Judiciales-FJA; Manuel Gutiérrez - Asociación Docente-Ademys; Carlos Chile - Movimiento Territorial de Liberación- MTL; Néstor Jeifetz -Movimiento de Ocupantes e Inquilinos - MOI; Jorge Cardelli - Docente CTA; Marcos Wollman -Mesa Coordinadora de Jubilados-CTA; Julio Gambina - FISYP y CLACSO; Jorge Izquierdo-Judiciales-FJA; Guillermo López -Fetera Flores; Rafael Rubio-Judiciales-FJA; María Elena Saludas ATTAC - Argentina; Julio Acosta - L y F- La Pampa; Aurora Tumanischwili Penelón- Fetera Flores; Gabriel Martínez -L y F- Fetera - Mar del Plata; Carlos Ordóñez -Judiciales-FJA; José Luis Ronconi -Sitrajuch-FJA;Fabián Penini -Secretario General CTA - Lomas de Zamora; Juan Martín Inama - ATE- Ministerio de Desarrollo Social- Buenos Aires; Julio Bertomeu CEFJA- FJA; Adrián Ruiz -CTA Quilmes; Hugo Blasco AJB- FJA; Aníbal Zanini – Frente Gremial UBA; María Teresa Núñez-Judiciales-FJA; Carolina Fernández – Casa de la Amistad Argentino Cubana de Río Cuarto; Mario Alderete-MPSL-; Elsa Picado -Judiciales-FJA; Gustavo Teres – Docente Rosario; Cristina Camusso- Salud UMS; Alfonso Lobo Judiciales- FJA; Graciela Rosenblum- LADH - MTL; Marta Araya-Sitrajuch-FJA; Liliana Altube- ATE; Marisa López MTL; Carlos Loza –ATE- CTA; Matías Fachal -Judiciales-FJA; Natalio Kuschnir- Fetera; Oscar Quinteros; Jorge Bontcheff – Coordinadora Sindical Clasista; Javier Romero- CTA Chubut, siguen las firmas.
Se ratificaba así una orientación de reinserción subordinada en el sistema financiero mundial, marcado a fuego con la cancelación anticipada al FMI a comienzos del 2006 y una voluntad votada mayoritariamente por el Parlamento a fines del 2009 para suspender el “cerrojo legal” que impedía la reapertura del canje de la deuda con los holdouts por unos 30.000 millones de dólares.
La crisis de la economía mundial explicitada desde setiembre del 2008 postergó hasta ahora la voluntad de cancelar la deuda con el Club de París por casi 7.000 millones de dólares.
Son tres actos que involucran fondos públicos para cancelar deuda por unos 44.000 millones de dólares, los que se suman a otros miles de millones de dólares de cancelaciones regulares de una deuda eterna que no es puesta en discusión por el sistema constitucional desde su vigencia en 1983.
Pasaron 26 años y el régimen constitucional desoye acciones políticas y legales como la iniciada oportunamente por Alejandro Olmos contra autoridades del BCRA y de la Dictadura Militar entre 1976 y 1983, que generó sentencia del Juez Ballestero en el 2000 y apenas suscitó una sesión de discursos sin efectos concretos. Muchos de nosotros y de las organizaciones en que militamos nos involucramos directamente en la promoción y difusión de la iniciativa presentada por Olmos y la CTA reiteró desde su fundación resoluciones por el No pago de la Deuda Externa en diversos congresos.
Esa querella (Olmos) y las múltiples campañas populares denunciando el endeudamiento externo constituyen una de las grandes asignaturas pendientes del régimen constitucional. Existe responsabilidad de cada uno de los representantes del pueblo que asumieron funciones en este cuarto de siglo. Ello impone discutir el tema de la deuda externa pública en el conjunto de la sociedad. Es un asunto a privilegiar en la construcción del movimiento por la constituyente social que empujamos junto a la CTA y un millar de organizaciones sociales, políticas y personalidades de la cultura.
II
Nuestro pronunciamiento tiene sentido ante la crisis institucional que genera el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Presidente del BCRA. La disputa es por las reservas internacionales y su utilización para cancelar deuda. Los firmantes de este escrito rechazamos la voluntad de continuar pagando la deuda y exigimos la realización de una auditoria de la misma, retroactiva al saldo presentado en tiempos de la Dictadura.
No existe validez en el argumento de la continuidad jurídica de los actos del Estado, aún con acciones refrendadas en tiempos constitucionales. Existe un problema de origen y es el carácter odioso de la deuda contraída por la Dictadura. EEUU declaró odiosa la deuda asumida por Irak al momento de su ocupación territorial en 2003, sustentando la decisión en el carácter ilegítimo del gobierno de Sadam Husein. Cada turno de gobierno desde el 83 asumió sin auditar el saldo de deuda recibido de gobiernos anteriores. Solo se encargaron de culpar hacia atrás y renegociar bajo nuevos términos la deuda. Todos los gobiernos constitucionales desde el 83 realizaron su renegociación de deuda y son responsables de la hipoteca transferida al conjunto de la sociedad. Es una responsabilidad compartida por los poderes del Estado y las fuerzas políticas mayoritarias, reanimadas ahora con la reforma electoral en beneficio del bipartidismo.
La crisis política en curso demuestra que aún no se superó la situación del 2001 y que existen responsabilidades concretas por acción u omisión de legisladores, jueces o gobernantes. Es momento para denunciar y enjuiciar socialmente la complicidad del sistema político con el poder económico, dentro del cuál se destacan los monopolios de la comunicación. ¿Qué tan distintos son los monopolios de la comunicación con respecto a los invitados a cenar en Olivos en vísperas de la noche buena? ¿Qué interés nacional expresan los grupos económicos locales transnacionalizados en el campo, la industria o los servicios? ¿Qué opinar de las centrales patronales y de la CGT apoyando el pago de la deuda y criticando al funcionario del BCRA designado y apoyado por los últimos gobiernos? Martín Redrado ingresó a la función de la mano de Menem, pero fue impulsado a dirigir el BCRA en estos dos turnos. Ahora se menciona a Mario Blejer para sucederlo. ¿Es acaso expresión de una perspectiva nacional y popular, o expresión del poder financiero mundial?
En Argentina se realizaron y realizan juicios contra los dictadores por afectar los derechos humanos, pero no se los juzga por sus actos económicos, sociales e institucionales, más allá del simbólico efecto hasta ahora de la sentencia judicial del 2000. La responsabilidad es de la Dictadura y de los gobiernos constitucionales de estos años que convalidaron y potenciaron la subordinación local al poder económico mundial vía endeudamiento. Es una regularidad que debemos combatir, denunciar y superar en la construcción de una alternativa política popular.
¡La Argentina no necesita endeudarse más! Hay superávit comercial y fiscal y una importante acumulación de reservas internacionales, claro que comprometidas con normas que las subordinan al régimen del capital; tanto como para cubrir la base monetaria de funcionamiento del capitalismo local, como la garantía sobre títulos públicos emitidos para frenar la inflación por emisión monetaria (argumento falaz del ideario neoliberal imperante).
No se debe olvidar que uno de los argumentos del Fondo del bicentenario se sustenta en la necesidad de obtener nuevos créditos internacionales para refinanciar la deuda. El Poder Ejecutivo quiere negociar nuevo financiamiento al tiempo que cancela vencimientos y para eso el Fondo del bicentenario. El Presidente del BCRA pretende acordar con el FMI, con los holdouts y el Club de París y en ese marco regularizar la reinserción internacional para nuevo endeudamiento.
Ambos contradictores, el gobierno y Redrado, sustentan tácticas diferentes para el mismo fin de cancelar deuda y obtener nuevos fondos sobre la base de un endeudamiento que potencia la dependencia del capital transnacional. En el 2005 Redrado fue copartícipe de la decisión de cancelar deuda anticipada al FMI con reservas internacionales y defendió la medida junto a Felisa Miceli, la ministro de economía de turno.
Necesitamos habilitar una amplia discusión sobre el uso de los fondos públicos, por superávit fiscal y reservas internacionales. Son cuantiosas las necesidades populares insatisfechas. Nos hemos pronunciado por la eliminación de la pobreza y lo dijimos señalando que el hambre es un crimen.
Todos los recursos deben orientarse hacia ese fin y terminar con la pobreza, la miseria, el desempleo, la flexibilización y la explotación de la fuerza de trabajo.
III
En este marco rechazamos la institucionalidad neoliberal y denunciamos la autonomía del BCRA. La política monetaria y cambiaria debe estar en sintonía con una política económica al servicio de la satisfacción de las necesidades populares.
La crisis de la economía mundial capitalista nos permite discutir el orden vigente y junto a otros procesos políticos y sociales que ocurren, especialmente en la región latinoamericana y caribeña, nos permiten abogar por medidas anticrisis de carácter anticapitalista y por el socialismo.
Cuba lleva medio siglo en esa disputa y ofrece claros beneficios sociales en educación y salud; restringidos en su capacidad de ampliarse a otras esferas por el accionar genocida del bloqueo estadounidense. Los procesos de cambio político, especialmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador intentan nuevos caminos en confrontación con el régimen del capital. Las experiencias de lucha popular en Brasil, Uruguay, Nicaragua, o El Salvador son palmaria muestra de una experiencia regional que brega por la emancipación. Todos esos procesos, diferenciados entre sí, junto a la dinámica de resistencia y organización popular desplegada en nuestro país y otras partes de la región y el mundo hacen a la perspectiva de un nuevo imaginario popular emancipatorio
Existen instrumentos de integración económica que trascienden a los países mencionados y forman parte de intentos por nuevas arquitecturas financieras y de articulación productiva. Es el camino del ALBA, el Banco del ALBA y el Sucre; de Petroamérica, Telesur y el Banco del Sur; tanto como los experimentos de intercambio comercial con monedas locales. Es un camino escasamente transitado y que necesita potenciarse. Para ello hay que eliminar trabas institucionales del modelo neoliberal y el orden capitalista, entre otras la “autonomía del BCRA”.
Nuestro pronunciamiento es contra el pago de la deuda y por su auditoria e investigación. Es contra la autonomía del BCRA y el establecimiento de una política económica para un modelo productivo que contenga las necesidades populares nacionales y regionales y no las del régimen del capital en su etapa de dominio transnacional.
El movimiento por la constituyente social tiene que asumir esta temática e instalar otra discusión en la Argentina, en el camino de los ejes planteados por la democratización de la sociedad; la distribución de la riqueza y el ingreso; la defensa soberana de los recursos naturales. Si lo que se pretende es aumentar el gasto público, no hace falta utilizar reservas para pagar la deuda; debe decirse en que se gastará, cuales son las necesidades a satisfacer y generar el sujeto popular que luche por hacer valer los intereses y necesidades populares insatisfechas.
En ese objetivo nos comprometemos desde nuestra corriente sindical. La crisis en la Argentina es política y por lo tanto se requiere construir una alternativa política popular.
Nuestro compromiso es luchar por una CTA independiente de patrones, del estado y los partidos, que dispute el lugar de los trabajadores en la lucha por al emancipación.
Esa es la motivación para comprometernos en el rumbo de la constituyente social para construir poder popular y disputar el orden capitalista vigente y en crisis.
Buenos Aires, 12 de enero de 2010
José Rigane- L y F- Fetera Mar del Plata; Víctor Mendibil- Judiciales-FJA; Manuel Gutiérrez - Asociación Docente-Ademys; Carlos Chile - Movimiento Territorial de Liberación- MTL; Néstor Jeifetz -Movimiento de Ocupantes e Inquilinos - MOI; Jorge Cardelli - Docente CTA; Marcos Wollman -Mesa Coordinadora de Jubilados-CTA; Julio Gambina - FISYP y CLACSO; Jorge Izquierdo-Judiciales-FJA; Guillermo López -Fetera Flores; Rafael Rubio-Judiciales-FJA; María Elena Saludas ATTAC - Argentina; Julio Acosta - L y F- La Pampa; Aurora Tumanischwili Penelón- Fetera Flores; Gabriel Martínez -L y F- Fetera - Mar del Plata; Carlos Ordóñez -Judiciales-FJA; José Luis Ronconi -Sitrajuch-FJA;Fabián Penini -Secretario General CTA - Lomas de Zamora; Juan Martín Inama - ATE- Ministerio de Desarrollo Social- Buenos Aires; Julio Bertomeu CEFJA- FJA; Adrián Ruiz -CTA Quilmes; Hugo Blasco AJB- FJA; Aníbal Zanini – Frente Gremial UBA; María Teresa Núñez-Judiciales-FJA; Carolina Fernández – Casa de la Amistad Argentino Cubana de Río Cuarto; Mario Alderete-MPSL-; Elsa Picado -Judiciales-FJA; Gustavo Teres – Docente Rosario; Cristina Camusso- Salud UMS; Alfonso Lobo Judiciales- FJA; Graciela Rosenblum- LADH - MTL; Marta Araya-Sitrajuch-FJA; Liliana Altube- ATE; Marisa López MTL; Carlos Loza –ATE- CTA; Matías Fachal -Judiciales-FJA; Natalio Kuschnir- Fetera; Oscar Quinteros; Jorge Bontcheff – Coordinadora Sindical Clasista; Javier Romero- CTA Chubut, siguen las firmas.
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