Frente a la creación del denominado “Fondo del Bicentenario para el desendeudamiento y la estabilidad” para garantizar los vencimientos de deuda de este año y las recientes afirmaciones, tanto del Gobierno nacional como de algunos sectores de la oposición, de que la legitimidad de la deuda no debe ser revisada, queremos expresar nuestro más enérgico rechazo. Y al mismo tiempo, señalar algunas de las razones para sostener que la investigación y auditoría integral de la deuda externa es una obligación que debe involucrar a los tres Poderes del Estado.
1) La deuda externa argentina ha sido objeto de una investigación que duro 18 años y concluyó en el año 2000 con una sentencia judicial que declaró su ilegalidad y fraude El Juez Federal Jorge Ballestero, en la “Causa Olmos”, dictó un fallo en el que pone al descubierto las maniobras ilícitas y delitos cometidos en el proceso de endeudamiento. En el mismo afirma que “la deuda externa de la Nación [...] ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados”.
2) El argumento de la Señora Presidenta, sostenido también por gran parte de la oposición, de que la deuda fue “legitimada” de hecho por no haber sido denunciada por los sucesivos gobiernos democráticos desde 1983, es una gran falacia. La ilegalidad e ilegitimidad de origen de la deuda externa no puede ser saneada ni blanqueada a través de las sucesivas renegociaciones y pagos, pues lo que es ilegal e ilegítimo en su origen no puede hacerse legal ni legítimo por ningún medio. En realidad, nos encontramos frente a la figura de un “delito de ejecución continuada” denunciado judicialmente en distintos fueros. Negar la ilegitimidad de gran parte de la deuda y continuar pagando a costa del pueblo argentino es un verdadero escándalo.
3) La mayor parte de la deuda pública cuyo pago buscan garantizar, tanto el gobierno como sectores de la oposición, a través de la creación del “Fondo del Bicentenario” y otras acciones recientes como la reapertura del canje –votada en el Congreso por casi todos los bloques- y la búsqueda de un acuerdo con el Club de París, es consecuencia y continuidad de la deuda contraída entre 1976 y 1983 por la última dictadura cívico-militar, con la que muchos de los que hoy defienden la legitimidad de la deuda han estado comprometidos o han sido beneficiados por sus políticas. En ese momento, la deuda sirvió para el sostenimiento del régimen y fue utilizada para financiar la represión y el Terrorismo de Estado. Desde entonces ha sido uno de los instrumentos predilectos para la aplicación de las políticas neoliberales de ajuste, privatización, desregulación y destrucción ambiental que tanto daño le han provocando a nuestro país y al conjunto de los pueblos del Sur que han sufrido las mismas consecuencias.
4) Siendo que estas circunstancias no eran ni son ignoradas por los prestamistas, ellos se constituyeron en partícipes necesarios en la comisión de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones a los derechos humanos y del quebrantamiento del orden jurídico del país. Son por lo tanto co-responsables de la acumulación ilegítima, ilegal y usuraria de la deuda hoy reclamada. De acuerdo a la ética, los derechos humanos y los principios y normas del derecho nacional e internacional, la deuda de la dictadura debe ser considerada “deuda odiosa” y ser declarada nula de nulidad absoluta, sancionando a los responsables y reclamando la restitución de lo pagado e indemnización por los daños provocados.
5) Frente a la política de “desendeudamiento” llevada adelante por el Gobierno nacional, que tuvo su incio con el pago por adelantado de la deuda reclamada por el FMI en el año 2006, debemos denunciar que todas las acciones que se están planteando llevar adelante para “volver a insertar a la Argentina en el mercado de créditos” no tienen otro propósito que volver a endeudar al país, y por consiguiente traer más dependencia y condicionalidades.
6) Existen otros caminos y alternativas para encarar el problema de la deuda que el que propone el gobierno y la mayoría de nuestra clase política:
La decisión del Presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien en el año 2007 firmó un decreto no para pagar la deuda sino para auditarla en forma integral y participativa. El gobierno ecuatoriano, a diferencia del nuestro, no aceptó que dicha deuda pudiera haber sido legitimada de hecho por sus anteriores pagos y renegociaciones. Gracias a los resultados de esta auditoría, en la que quedaron demostrados ilícitos semejantes a los cometidos en la Argentina, el Gobierno del Ecuador pudo reducir sus pagos a un 30% de lo que los prestamistas reclamaban.
La decisión de la Cámara de Diputados de la República Federativa del Brasil que puso en funciones en el mes de agosto de 2009 una Comisión Parlamentaria de Investigación de la Deuda.
La investigación a la que, hace algunos años, se abocó el Parlamento peruano y que arrojó, entre otros resultados, las pruebas necesarias para sustentar acciones judiciales en contra de los mismos fondos buitres que hoy atentan contra el patrimonio argentino.
7) En nuestro país, de acuerdo a la Constitución, corresponde al Congreso de la Nación el manejo de la deuda pública. Esta es una responsabilidad indelegable de nuestros representantes y de los representantes de los estados provinciales, que instamos a que asuman como desde hace años se lo hemos reclamado.
8) Es responsabilidad irrenunciable del Poder Judicial expedirse sobre las denuncias presentadas en relación a la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa y condenar a todos los que han sido, tanto en el país como en el exterior, por acción u omisión, responsables del endeudamiento ilegítimo.
9) El gobierno nacional no puede ni debe seguir renegociando y pagando una deuda cuya ilegalidad y fraude ya ha sido demostrado judicialmente en la Causa Olmos y que actualmente es objeto de otras causas en los fueros federal y penal. Mucho menos puede apelar al uso de las reservas del Banco Central para garantizar los pagos. Hacer esto es actuar contra los intereses de la Nación y del pueblo que lo ha elegido.
Por lo tanto, en ejercicio de nuestro derecho constitucional de peticionar a las autoridades, demandamos:
Al Gobierno Nacional que, mientras no se haya realizado una auditoría integral y participativa que determine la legitimidad de la deuda suspenda el pago y/o cualquier renegociación de la misma.
Al Congreso de la Nación que: 1) asuma las funciones indelegables que le asigna la Constitución Nacional en sus artículos 4 y 75 (inc. 4 y 7); 2) dé tratamiento inmediato al fallo girado por el Juez Ballestero hace diez años;3) constituya una comisión bicameral de auditoría integral de la deuda externa que incluya participación social y ciudadana; 4) tome en consideración los varios proyectos de ley presentados para que se declare nula de nulidad absoluta la deuda contraída por la última dictadura cívico-militar.
Al Poder Judicial que adelante en tiempo oportuno la investigación y se expida sobre las denuncias presentadas sobre la ilicitud e ilegitimidad de la deuda y actúe frente a la complicidad de los funcionarios públicos con los prestamistas y todos aquellos que se han beneficiado a través del sistema de endeudamiento ilegítimo.
10) Por último, convocamos al pueblo argentino en su conjunto a expresarse y movilizarse en repudio de cualquier medida que siga atentando contra la soberanía financiera de nuestro país. Las reservas forman parte del patrimonio de todo el pueblo argentino y deben ser usadas para garantizar los derechos humanos elementales al trabajo y la jubilación, a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda de los miles de compatriotas que hoy sobreviven bajo la línea de pobreza. No para continuar pagando una deuda externa ilegítima, ilegal y fraudulenta.
¡Si a la vida, No a la deuda!
1) La deuda externa argentina ha sido objeto de una investigación que duro 18 años y concluyó en el año 2000 con una sentencia judicial que declaró su ilegalidad y fraude El Juez Federal Jorge Ballestero, en la “Causa Olmos”, dictó un fallo en el que pone al descubierto las maniobras ilícitas y delitos cometidos en el proceso de endeudamiento. En el mismo afirma que “la deuda externa de la Nación [...] ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados”.
2) El argumento de la Señora Presidenta, sostenido también por gran parte de la oposición, de que la deuda fue “legitimada” de hecho por no haber sido denunciada por los sucesivos gobiernos democráticos desde 1983, es una gran falacia. La ilegalidad e ilegitimidad de origen de la deuda externa no puede ser saneada ni blanqueada a través de las sucesivas renegociaciones y pagos, pues lo que es ilegal e ilegítimo en su origen no puede hacerse legal ni legítimo por ningún medio. En realidad, nos encontramos frente a la figura de un “delito de ejecución continuada” denunciado judicialmente en distintos fueros. Negar la ilegitimidad de gran parte de la deuda y continuar pagando a costa del pueblo argentino es un verdadero escándalo.
3) La mayor parte de la deuda pública cuyo pago buscan garantizar, tanto el gobierno como sectores de la oposición, a través de la creación del “Fondo del Bicentenario” y otras acciones recientes como la reapertura del canje –votada en el Congreso por casi todos los bloques- y la búsqueda de un acuerdo con el Club de París, es consecuencia y continuidad de la deuda contraída entre 1976 y 1983 por la última dictadura cívico-militar, con la que muchos de los que hoy defienden la legitimidad de la deuda han estado comprometidos o han sido beneficiados por sus políticas. En ese momento, la deuda sirvió para el sostenimiento del régimen y fue utilizada para financiar la represión y el Terrorismo de Estado. Desde entonces ha sido uno de los instrumentos predilectos para la aplicación de las políticas neoliberales de ajuste, privatización, desregulación y destrucción ambiental que tanto daño le han provocando a nuestro país y al conjunto de los pueblos del Sur que han sufrido las mismas consecuencias.
4) Siendo que estas circunstancias no eran ni son ignoradas por los prestamistas, ellos se constituyeron en partícipes necesarios en la comisión de crímenes de lesa humanidad y otras violaciones a los derechos humanos y del quebrantamiento del orden jurídico del país. Son por lo tanto co-responsables de la acumulación ilegítima, ilegal y usuraria de la deuda hoy reclamada. De acuerdo a la ética, los derechos humanos y los principios y normas del derecho nacional e internacional, la deuda de la dictadura debe ser considerada “deuda odiosa” y ser declarada nula de nulidad absoluta, sancionando a los responsables y reclamando la restitución de lo pagado e indemnización por los daños provocados.
5) Frente a la política de “desendeudamiento” llevada adelante por el Gobierno nacional, que tuvo su incio con el pago por adelantado de la deuda reclamada por el FMI en el año 2006, debemos denunciar que todas las acciones que se están planteando llevar adelante para “volver a insertar a la Argentina en el mercado de créditos” no tienen otro propósito que volver a endeudar al país, y por consiguiente traer más dependencia y condicionalidades.
6) Existen otros caminos y alternativas para encarar el problema de la deuda que el que propone el gobierno y la mayoría de nuestra clase política:
La decisión del Presidente del Ecuador, Rafael Correa, quien en el año 2007 firmó un decreto no para pagar la deuda sino para auditarla en forma integral y participativa. El gobierno ecuatoriano, a diferencia del nuestro, no aceptó que dicha deuda pudiera haber sido legitimada de hecho por sus anteriores pagos y renegociaciones. Gracias a los resultados de esta auditoría, en la que quedaron demostrados ilícitos semejantes a los cometidos en la Argentina, el Gobierno del Ecuador pudo reducir sus pagos a un 30% de lo que los prestamistas reclamaban.
La decisión de la Cámara de Diputados de la República Federativa del Brasil que puso en funciones en el mes de agosto de 2009 una Comisión Parlamentaria de Investigación de la Deuda.
La investigación a la que, hace algunos años, se abocó el Parlamento peruano y que arrojó, entre otros resultados, las pruebas necesarias para sustentar acciones judiciales en contra de los mismos fondos buitres que hoy atentan contra el patrimonio argentino.
7) En nuestro país, de acuerdo a la Constitución, corresponde al Congreso de la Nación el manejo de la deuda pública. Esta es una responsabilidad indelegable de nuestros representantes y de los representantes de los estados provinciales, que instamos a que asuman como desde hace años se lo hemos reclamado.
8) Es responsabilidad irrenunciable del Poder Judicial expedirse sobre las denuncias presentadas en relación a la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa y condenar a todos los que han sido, tanto en el país como en el exterior, por acción u omisión, responsables del endeudamiento ilegítimo.
9) El gobierno nacional no puede ni debe seguir renegociando y pagando una deuda cuya ilegalidad y fraude ya ha sido demostrado judicialmente en la Causa Olmos y que actualmente es objeto de otras causas en los fueros federal y penal. Mucho menos puede apelar al uso de las reservas del Banco Central para garantizar los pagos. Hacer esto es actuar contra los intereses de la Nación y del pueblo que lo ha elegido.
Por lo tanto, en ejercicio de nuestro derecho constitucional de peticionar a las autoridades, demandamos:
Al Gobierno Nacional que, mientras no se haya realizado una auditoría integral y participativa que determine la legitimidad de la deuda suspenda el pago y/o cualquier renegociación de la misma.
Al Congreso de la Nación que: 1) asuma las funciones indelegables que le asigna la Constitución Nacional en sus artículos 4 y 75 (inc. 4 y 7); 2) dé tratamiento inmediato al fallo girado por el Juez Ballestero hace diez años;3) constituya una comisión bicameral de auditoría integral de la deuda externa que incluya participación social y ciudadana; 4) tome en consideración los varios proyectos de ley presentados para que se declare nula de nulidad absoluta la deuda contraída por la última dictadura cívico-militar.
Al Poder Judicial que adelante en tiempo oportuno la investigación y se expida sobre las denuncias presentadas sobre la ilicitud e ilegitimidad de la deuda y actúe frente a la complicidad de los funcionarios públicos con los prestamistas y todos aquellos que se han beneficiado a través del sistema de endeudamiento ilegítimo.
10) Por último, convocamos al pueblo argentino en su conjunto a expresarse y movilizarse en repudio de cualquier medida que siga atentando contra la soberanía financiera de nuestro país. Las reservas forman parte del patrimonio de todo el pueblo argentino y deben ser usadas para garantizar los derechos humanos elementales al trabajo y la jubilación, a la alimentación, la salud, la educación y la vivienda de los miles de compatriotas que hoy sobreviven bajo la línea de pobreza. No para continuar pagando una deuda externa ilegítima, ilegal y fraudulenta.
¡Si a la vida, No a la deuda!
¡Auditoría YA!
DIALOGO 2000
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integrante de Jubileo Sur
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