a
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) significa un avance
concreto para que la sociedad pueda ejercer, con libertad, pluralismo y
diversidad cultural, el derecho a la Comunicación, un derecho humano
básico como la Educación, la Salud, la Vivienda y la Alimentación.
Como
ocurre con tantas otras leyes en nuestro país, hay que hacerla cumplir.
Ello requiere de una fuerza social que le de sustento y de la voluntad
política del Poder Ejecutivo. La nueva legislación -que dio respuesta a
un generalizado reclamo de los trabajadores de la cultura y la
comunicación para derogar la Ley de Radiodifusión de la dictadura,
firmada por los genocidas Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz- contó
con un amplio consenso social. Si sólo están judicializados dos de los
166 artículos de la Ley de Medios, no se entiende, salvo por la mora e
inacción del Gobierno, que a tres años de ser aprobada por el Congreso
de la Nación todavía no rija en toda su extensión.
La
CTA, firmante de los 21 Puntos redactados por la Coalición por una
Radiodifusión Democrática en 2004, respalda enfáticamente el sentido
antimonopólico de la ley para promover que la palabra circule
libremente, haya pluralidad de voces, su contenido sea federal,
democrático y participativo y el sujeto de la actividad, el trabajador,
pueda ejercer su labor con absoluta libertad de conciencia.
El
7 de diciembre expira una medida cautelar presentada ante la Justicia
por Clarín objetando la constitucionalidad de los artículos 45 y 161
referidos a la cláusula de desinversión para adecuarse a la nueva ley,
pero el resto del plexo normativo está absolutamente vigente desde
octubre de 2009. Seamos claros: No se trata de vestir un santo para
desvestir otro. La Central se pronuncia en contra de todo monopolio
comunicacional, sea el Grupo Clarín; Telefónica-Telefé; Vila-Manzano-De
Narváez; Monetta; Grupo Indalo de Cristóbal López o cualquier otro. Y
advierte que el desmantelamiento del oligopolio no puede llevarse a cabo
a través de la figura de testaferros o de sospechosas triangulaciones
que en nada favorecen la transparencia en la propiedad de las
frecuencias radioeléctricas.
La
CTA exige la inmediata legalización de los medios pertenecientes a las
organizaciones libres del pueblo, a quienes la ley les concede el 33 %
del espectro radioeléctrico que no se puede poner en marcha en tanto y
en cuanto la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) no ha cumplido con su obligación de establecer el Plan Técnico
que hace viable la concesión de licencias a los medios de comunicación
popular. El fracaso del llamado a licitación para 220 frecuencias de TV
digital estuvo directamente vinculado con las exigencias económicas
requeridas a los medios comunitarios que debían abonar alrededor de
150.000 pesos para retirar los pliegos de adjudicación. Si no se
replantea de fondo esta cuestión, si el Estado no auxilia
financieramente a este segmento comunicacional para equiparse
adecuadamente, si la ASFCA los sigue ninguneando, se corre el riesgo
cierto de que este espacio quede vacante y reducido a una entelequia.
Así
las cosas, mientras el 33 % de las empresas capitalistas hacen el juego
que mejor saben y apelan al pasamanos de la tercerización a cargo de
familiares y amigos para “adecuarse” a la ley, el 33% reservado a los
medios públicos sigue siendo el botín de guerra de los gobiernos de
turno, las organizaciones sin fines de lucro que pugnan, hasta ahora
infructuosamente, por tener voz propia, permanecen huérfanas de apoyo
oficial.
Necesitamos
que haya otras voces. Que no hablen solamente los integrantes del coro
del establishment. Necesitamos contar lo que está pasando desde nosotros
mismos, a partir de nuestra práctica, sin intermediarios, con nuestro
lenguaje y nuestra propia estética audiovisual. Para que a la realidad
no la sigan explicando únicamente desde la prensa hegemónica o los
medios afectos al Gobierno.
Fijar
los contenidos de la agenda de acuerdo a nuestra estrategia de poder
popular. No comernos los amagues y operativos con los que nos bombardea
todo el tiempo el poder dominante. Producir, replicar y amplificar lo
que pensamos, decimos y hacemos todos los días. Esa es la tarea. Que no
empieza ni termina el 7 de diciembre.
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