COMUNICADO:
Justicia YA! La Plata
23 de diciembre de 2012
LAS COSAS POR SU NOMBRE: GENOCIDIO
Para
quienes pasaron por los centros clandestinos de detención (CCD) de la
última dictadura, poca duda puede haber de lo que allí se consumó fue un
genocidio. El secuestro, la tortura, las violaciones, el asesinato, la
desaparición, el robo de los hijos configuran el horror mismo, que fue
implementado para imponer un sistema político y económico de entrega.
Dejar a un puñado de sobrevivientes, de aquellos que transitaron la
muerte en los campos de exterminio, tenía una finalidad precisa:
aterrorizar, inocular el terror en nuestro pueblo, rompiendo los lazos
solidarios que durante décadas se habían creado, permitiendo que la
desconfianza fuera la que tejiera nuevos hilos. Vencer ese mandato de
los perpetradores fue parte de la resistencia, pero también lo fue
cumplir con otro mandato: el de aquellos que no pudieron salir de los
campos, el de nuestros compañeros. Ser su voz se convirtió en un deber.
Denunciar lo que había sucedido y señalar a cada uno de los responsables
fue la responsabilidad asumida en estos más de treinta años por amplios
sectores de nuestro pueblo que lucharon y luchan contra la impunidad.
Luchamos
contra la impunidad consagrada en forma de ley. Logramos la anulación
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, llegamos al primer
juicio desde la reapertura de las causas: el que sentó en el banquillo
al ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz. En los alegatos de ese
juicio, desde Justicia YA!, reclamamos
que se reconociera que en la Argentina se perpetró un genocidio. Antes
de escuchar la sentencia, escuchamos las críticas de aquellos que
decían que con nuestro reclamo poníamos en peligro los juicios, que las
causas podían caerse, que había que contentarse con unos pocos juicios
fragmentados que ocultaban la dimensión de la matanza, que había que
jugar con las pocas cartas que el sistema arrojaba. Sabíamos que la
dictadura había intentado "reorganizar" toda la estructura social,
destruyendo parcialmente al grupo nacional argentino, no encontrábamos
otro nombre para ello que GENOCIDIO.
Desde
ese 2006 que logramos la condena a prisión perpetua a Etchecolatz,
insistimos en cada tribunal que se reconociera y sancionara el proyecto
genocida de la última dictadura. Después de estos seis años de lucha, en
el juicio que se siguió contra 26 represores del circuito Camps,
escuchamos a las otras partes querellantes aunarse en el mismo reclamo. Y
por fin escuchamos el miércoles 19 al Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de
la Plata, presidido por el Dr. Carlos Rozanski, decir que las conductas
de los 23 imputados, "al dirigirse inequívocamente al exterminio de un
grupo nacional, importan la comisión del delito internacional de
genocidio" y que por ello correspondía la condena por ese delito. La
sala estalló en un grito liberador. Aplaudimos, lloramos, sentimos que
al fin los tribunales empezaban a hacerse eco de lo que el pueblo
gritaba hace décadas. Porque ahora sí, en el país, en el que en la calle
se les grita a los perpetradores "genocidas", los jueces dicen que lo
son. Y lo dicen porque luchamos y probamos que así lo es.
La
sentencia del miércoles pasado fue un reconocimiento judicial de lo que
es una verdad popular. Logramos que el TOF ordenara a los jueces de
instrucción investigar los delitos sexuales en los CCD, el accionar de
las jerarquías de la Iglesia católica y de la corporación judicial y el
rol de los civiles, piezas imprescindibles para la construcción de
décadas de impunidad en nuestro país. También que exhortara a los
poderes ejecutivos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires para
que se desafecten las dependencias policiales que fueron CCDs y que sean
destinados como sitios de memoria. Conseguimos que 16 genocidas fueran
condenados a prisión perpetua, que al médico torturador Jorge Antonio
Bergés fuera sentenciado a 25 años de cárcel, que se revocaran las
domiciliarias de los represores y que se condenara a un civil: Jaime
Lamont Smart, el ex ministro de gobierno bonaerense. La sentencia
significó una instancia de reconocimiento, de conquista y de puesta en
evidencia de todo lo que falta por hacer. Los juicios no pueden estar en
su etapa de cierre, como afirma el actual secretario de DDHH Martín
Fresneda, sino todo lo contrario. Falta mucha justicia que construir y
mucha impunidad que deconstruir: la apertura de los archivos de la
dictadura, la restitución de la identidad de los hijos de nuestros
compañeros y compañeras que fueron apropiados en los CCD.
Todos
estos años de lucha llevaron a que consiguiéramos una condena ejemplar e
histórica. El reconocimiento judicial del genocidio perpetrado en
nuestro país nos reafirma en la lucha por conseguir la condena a todos
los genocidas y en buscar la justicia por todos los compañeros/as
detenidos- desaparecidos. Ése fue el compromiso de Julio López al
declarar contra Etchecolatz. Ése fue el compromiso de Adriana Calvo, que
con su testimonio valiente y su lucha inclaudicable, demostró que la
verdad y la justicia no transitan por carriles separados. Ése es nuestro
compromiso.
30 mil compañeros detenidos-desaparecidos: ¡PRESENTES!
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