Cárcel y juicio para quienes protestan por sus derechosMás de 400 personas marcharon ayer a Tribunales para apoyar a los ex presos políticos en el inicio del juicio oral a los detenidos por policías de civil en julio de 2004 por participar en una protesta contra el nuevo Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Quince personas fueron apresadas el 16 de julio de 2004 y procesadas por la jueza Silvia Ramond, quien forzó las figuras penales como "coacción agravada", "privación ilegitima de la libertad calificada", "obstrucción de elementos públicos, daño agravado, entre otros”, para sostener la detención. Catorce meses después se dictó la excarcelación. El juicio está en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 17. Uno de los imputados, por estas mismas causas, obtuvo la suspensión del juicio a cambio de la realización de tareas comunitarias.En el primer día de audiencias se leyeron las indagatorias y el pedido de elevación a juicio. Hoy se levantó la audiencia. Continuaría el viernes que viene con la declaración de los testigos de la fiscalía, todos integrantes de la Policía Federal y personal de la Legislatura porteña. De ser condenados, le tocarían penas de hasta 10 años de prisión que no resultan sustentables sino por los testimonios de los policías. “Fue inconstitucional tenerlos presos, porque la coacción no se sustenta. La coacción agravada es cuando uno amenaza a un poder político para que determine a favor de lo que uno pide por medio de la fuerza. Ninguno de los imputados realizó una acción como esta. Sin embargo, por este motivo pasaron 14 meses en una cárcel”, explicó Luis Orellana, uno de los abogados de los ex presos. En agosto de 2004, la jueza Ramond sostuvo el procesamiento alegando que los 15 imputados habían amedrentado a los legisladores y que el accionar de los manifestantes impidió a los diputados sesionar. Sin embargo, en la discusión por la promulgación del Código Contravencional, hacía 6 sesiones que la Legislatura no tenía quórum para realizar la sesión.Los detenidos son todos trabajadores, muchos de ellos vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales, un transformista y un anticuario que, a causa de la decisión de detenerlos, dejaron sin la principal fuente de ingreso a sus familias.“Si la justicia los mantiene 14 meses ahí no hay expectativas. Si hoy salen sueltos ya estuvieron 14 meses. Eso es irreparable.”En la indagatoria de hoy, tuvieron que explicar por qué habían ido a la marcha ese día. “Yo les expliqué, porque no quiero volver a la situación de la dictadura militar, yo ya tengo 57 años, pase por la época en que éramos reprimidos y golpeados por trabajar en la calle. No quiero volver a eso. Luchando porque no se aporbara un código contra los pobres, contra los cartoneros, bajando la imputabilidad de los menores”, dice Carmen Ifran. “Tengo que tener confianza en la justicia, porque no puedo ser condenada sin haber hecho nada. Fue muy duro el penal. Cada puerta que se cierra es un cacho de vida que se te va y no puedo ser encarcelada por luchar y seguir trabajando. Tengo miedo que se maneje y se cierren los caminos sin haber hecho nada, pero al mismo tiempo, esperanzas”. Los imputados en la cuasa son: - Marcela Sanagua. Mujer en situación de prostitución.- Margarita Meira. Fundadora del Comedor Comunitario "Madres de Constitución".- María del Carmen Ifrán Ferreira. Mujer en situación de prostitución.- Antonio Israel Medina. Vendedor ambulante de garrapiñadas.- Horacio Daniel Ojeda. Vendedor ambulante.- Eduardo Marcelo Ruiz. Vendedor ambulante.- Jorge Antonio Nieva. Militante GLTTB de derechos sociales y políticos.- Eduardo Héctor Suriano. Ayudante de albañil.- Fabián Scaramella. Albañil y vendedor ambulante.- Héctor Gómez. Vendedor ambulante.- César Gerez. Vendedor ambulante.- Carlos Santamaría. Vendedor ambulante de garrapiñadas en invierno y de anteojos de sol en verano.- Jesús Fortuny Calderón. Anticuario.- Adolfo Sánchez. Albañil.- Pablo Martín Amitrano. Vendedor ambulante de panchos.
FUENTE: Prensa De Frente.
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