DECLARACION DEL PR-ML SOBRE LA SITUACION DE JORGE JULIO LOPEZ

Declaración

Movilización popular para exigir al gobierno la aparición con vida del compañero Julio López y el castigo a los responsables de su secuestro

Julio López, ex detenido-desaparecido, testigo y querellante en el juicio oral contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, se encuentra desaparecido desde el lunes 18/9 por la mañana. Julio tiene 76 años, testimonió sobre su secuestro, sucedido en octubre de 1976, llevado a cabo por una "patota" que integraban, entre otros, Etchecolatz. Estuvo detenido-desaparecido en los centros clandestinos Destacamento policial de Arana, "Pozo de Arana", y Comisaría Quinta de La Plata. Debía presentarse el lunes 18/09 para presenciar los alegatos de las querellas contra el represor, y al no comparecer se descubrió su ausencia desde muy tempranas horas. A pesar de las búsquedas, la intensa campaña de difusión de su foto, Julio sigue desaparecido. Se realizaron varias marchas en todo el país. El 27/9 miles de personas y cientos de organizaciones se movilizaron del Congreso a Plaza de mayo con la exigencia al gobierno de la aparición con vida del compañero Julio López y el castigo a los responsables de su secuestro.
La reinstalación del reclamo de “aparición con vida”, de triste recuerdo en la memoria de nuestro pueblo, evidencia la precariedad del “nunca más”, agitado las más de las veces con encomiable actitud, pero insuficiente para señalar al mismo tiempo las distancias que lo separan de la realidad. Que la realidad se acercara a los deseos, no dependió, ni depende, de los gobiernos que se sucedieron desde 1983, sino de la constante movilización popular, de las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas.

La desaparición del compañero López proviene, y sobran las razones y los indicios, de elementos del terrorismo de estado agazapados entre los pliegues del aparato estatal. Su objetivo apunta a intimidar a los compañeros y organizaciones populares que los acorralan en los tribunales, tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final.
La reapertura de los juicios, con el agregado de la condena a Etchecolatz por “Genocidio” (logro de años de lucha de las organizaciones de derechos humanos) agudizan la situación penal de los represores de la dictadura. No sólo por el hecho de que los crímenes por genocidio no prescriben, sino porque a partir de ahora, las condenas y las futuras investigaciones se extienden a piezas más sensibles; no serán sólo para los jefes de los campos de concentración, o los comandantes que daban la orden, sino a los que enchufaban y aplicaban picanas, a los que abrían y cerraban las puertas de los calabozos, los que trasladaban a los compañeros, y demás tareas “justificadas” en juicios anteriores por la “Obediencia debida”.
Muchos de estos miles de victimarios, impunes hasta ahora y que andan por la calle como cualquier hijo de vecino, están involucrados con las fuerzas represivas, ya sea en las policías provinciales (como la temida bonaerense), la Federal, o las fuerzas privadas de seguridad, o quién sabe donde, pero seguro no están presos ni están dispuestos a estarlo tan fácilmente. Son parte de la “maldita policía” o tal vez de los “sin gorra”, que sabemos siguen en actividad, y tanto con o sin uniforme, son los organizadores de los secuestros, las zonas liberadas, los robos comando, la red de narcotráfico, el juego clandestino, son regentes de cabarets, prostíbulos, arman y desarman causas y denuncias a quien esté dispuesto a pagar por ello, extorsionan, amenazan, patotean. No serán los Blumberg y Macri y su discurso represivo y reaccionario, quienes resolverán la cuestión asegurando que con más policía se garantiza la “seguridad”, el pueblo sabe que justamente “las fuerzas del orden” son responsables de esta inseguridad que tanto agitan los medios.

La prolongada desaparición del compañero Julio López se transformó, para el propio gobierno, en un serio problema político. De su subestimación inicial presumiendo una simple maniobra antigubernamental, pasó a sembrar dudas, primero, sobre si se trataba realmente de un secuestro y, luego, acerca de la calidad de testigo veraz del compañero secuestrado. En este punto, tanto el gobierno de Kirchner como, lamentablemente, Hebe de Bonafini coinciden con la defensa del torturador Etchecolatz. Cabe preguntarse ¿a quiénes se descalificará después? ¿a las organizaciones de dd. hh., políticas y sociales que empujan el castigo judicial? ¿a los actos de repudio al golpe del 76? ¿Cómo sigue esta historia?
Mientras, el gobernador Solá, advertido del problema, tomó distancia de la visión del gobierno nacional, aunque mostró la misma ‘ineficacia’ a la hora de los avances concretos. Es conciente que en esto se juega su pretendida reelección, y hasta advierte que el propio Kirchner viene por su cabeza, reubicando a su esposa en la carrera a la gobernación.

Tristemente, frente a la manifiesta gravedad de la desaparición del compañero Julio, al intento reaccionario por avanzar sobre las libertades democráticas que ganó con su lucha nuestro pueblo, el gobierno kirchnerista pone por delante sus aprestos electorales y sus disputas internas.
Por ello no sorprende que las fuerzas ultrarreaccionarias del terrorismo de estado, civiles y militares, aumenten su apuesta: nuestro compañero sigue desaparecido, las amenazas se extienden y, en el colmo de la provocación, el próximo 5 de octubre, nuevamente en la Plaza San Martín, reivindicarán a la dictadura genocida del 76. Entre los asistentes estarán los responsables del secuestro de Julio López.
El gobierno intencionadamente despliega su campaña de confusión, al tiempo que extiende el manto de impunidad que lo convierte en los hechos en cómplice, anticipando su capitulación final.
En este punto, las fuerzas populares y democráticas debemos abrir un curso de intervención independiente. La razón está de nuestro lado, y la fuerza de la movilización también.
La defensa de las libertades democráticas, el castigo a los represores de ayer y de hoy, tanto como la lucha por pan, trabajo y salario digno sólo serán satisfechas por un gobierno de los trabajadores y el pueblo.
En tanto ello no ocurra, las soluciones serán parciales y requerirán de la vigilancia permanente de la movilización popular.
Exigimos al gobierno la aparición con vida del compañero Julio López y el castigo a los responsables de su secuestro.
Castigo a TODOS los culpables del genocidio, toda la línea de oficiales y responsables. Cesantías de los represores de la dictadura de todas las fuerzas; policía, ejército, prefectura, etc.
Disolución inmediata de la SIDE destinada a la persecución de los que luchan. Que el pueblo expulse a los servicios metidos en universidades, escuelas, sindicatos, movilizaciones.
Disolución de los cuerpos policiales, de Gendarmería y Prefectura destinados a la represión de los trabajadores, para acompañar a las empresas a cortar la luz en los barrios humildes o desalojar asentamientos populares.
Castigo a los represores de ayer y de hoy, a los responsables del gatillo fácil, y las torturas en cárceles y comisarías.

PR(ml)
4 de octubre, 2006
PR(ml)
Partido Revolucionario (marxista-leninista)

POR LA UNIDAD DE LOS REVOLUCIONARIOS