QUERELLA CONTRA LA SEPI POR FALSEAR EL ACUERDO DE VENTA DE AEROLINEAS ARGENTINAS

La acusación particular acaba de ampliar la querella contra Marsans a varios directivos de la SEPI, cuando era presidida por Ruiz Jarabo (PP) y llama a declarar a Enrique Martínez Robles, presidente con el actual Gobierno. A los directores generales Juan Gurbindo y Olivera Massó, que ya estaban con Aznar y continúan con ZP, se les acusa de falsificar el documento de venta de Aerolíneas a Marsans, aprobado por el Consejo de Ministros. Al igual que Gerardo Díaz y Gonzalo Pascual y Antonio Mata la querella es por desvío de fondos públicos, fraude tributario y falsificación documental. El sindicato de técnicos de ARSA (APTA) entregó a la vicepresidenta primera del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, el contrato apócrifo que pretende justificar la compra de créditos realizados por Marsans con dinero público español.

En vísperas de la trascendental Junta de Accionistas de Aerolíneas Argentinas (ARSA), que se celebrará el jueves 23 en Buenos Aires, la acusación particular ha ampliado la querella presentada contra los propietarios de Marsans, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, ante el Juzgado 35 de Madrid, a los directivos de la SEPI durante el periodo Aznar, por los mismos delitos que la responsable del juzgado, la hoy famosa jueza Gema Gallego, había imputado a los propietarios de Marsans y al ex presidente de Aerolíneas, Antonio Mata: desvío de fondos públicos –los fondos otorgados, a través de la SEPI, por el Gobierno español para reflotar Aerolíneas-, delito fiscal y falsedad en documento público. Por tanto, Ruiz-Jarabo, presidente de la SEPI con Aznar, pasa a ser querellado, y el actual presidente nombrado por el PSOE, Enrique Martínez Robles, tendrá que comparecer como testigo. Los dos directores de la SEPI que firmaron el contrato de venta de ARSA a Marsans, Juan Gurbindo y Pablo Olivera Massó, que han continuado en su puesto con el nuevo Ejecutivo, también están incursos en la ampliación de la querella presentado por el abogado Rafael Caro.
El asunto es muy complejo pero puede resumirse así. El erario público español regaló ARSA a Marsans y, además, se comprometió a entregar 758 millones de dólares (ver información de Hispanidad del martes 21) para reflotar la compañía de bandera argentina. 300 de esos millones estaban destinados a pagar pasivos. Sin embargo, Marsans decidió hacerse con el 60% de los votos en el concurso de acreedores y forzar una quita que los minoritarios –entre ellos el Gobierno argentino y los sindicatos de la compañía- consideraron abusiva.
El problema por el que se amplía la querella a la SEPI es que estas prácticas no eran las previstas en el documento de venta que aprobó el Consejo de ministros español. Por ello, la acusación, que ya había llevado a los tribunales a Gonzalo Pascual, Gerardo Diaz y Antonio Mata, afirma que se ha falsificado el acuerdo de venta. Así, el sindicato de técnicos de Aerolíneas, APTA, aprovechó la visita a Buenos Aires de la vicepresidenta primera del Gobierno español, Teresa Fernández de la Vega, para entregarle el documento apócrifo (ver el envío remitido a Hispanidad por el Consejo Directivo de APTA).
En este momento, Marsans pretende que el Gobierno argentino levante la impugnación de las cuentas de los tres últimos ejercicios a cambio de un paquete de acciones de Aerolíneas. Los sindicatos se oponen a esta medida. Pero todo el caso Aerolíneas depende, también, de lo que haga en Madrid la jueza Gemma Gallego, últimamente muy conocida por haber contradicho al famoso juez Baltasar Garzón en el famoso caso del ácido bórico, una derivada del 11-M.




Envío remitido a Hispanidad

Cuando la Vpta. española visitó Buenos Aires en Agosto del 2005, tres miembros del CD. de APTA pidieron una entrevista por el caso Aerolíneas Argentinas - Marsans, la cual les fue concedida un Viernes a las 13:30 Hs., pero luego suspendida una hora y media antes por razones de agenda.
Ante tal circunstancia los miembros de APTA fuero a esperar a la Vpta. en la recepción del Hotel Alvear de Buenos Aires a efectos de entregarle documentación sobre el tema consistente en: Contrato de Compraventa de Aerolíneas firmado entre los dueños de Marsans y la SEPI; Convenio de Aportes Irrevocables firmado entre dos Directores de la SEPi por ese ente e Interinvest, el 15/10/01; acuerdo para compra de créditos de Aerolíneas firmado entre los dueños de Marsans el 03/12/01.
La documentación se entregó en dos copias, una para la Vpta. y otra para Miguel Sebastián Gascón quien se suponía iba a acompañalarla en el viaja a Buenos Aires, y quien seguía para Zapatero el caso Marsans-Aerolíneas.
Junto con la documentación referida se entregó dos cartas iguales de la CD de APTA., una para la Vpta. y otra para Sebastián, donde se explicaba con lujo de detalles y se denunciaba lo mismo que el letrado Caro Moya acaba de denunciar ante la Justicia española:
Que el Convenio de Aportes Irrevocables era apócrifo por contradecir sustancialmente el Contrato de compraventa de A.A. a Marsans, al permitir comprar créditos que debía ser saldados según lo estipulado expresamente en dicho Contrato; no había sido refrendado por la autoridad político-administrativa española, el Consejo de Ministros de España, que había autorizado el contenido del Contrato de Compraventa; y no había sido elevado a público tampoco, otro requisito indispensable según la ley española para su legitimidad.
Con lo cual seguía sosteniendo la carta de de APTA., Marsans con la complicidad de funcionarios de la SEPI, había violado el Contrato de compraventa de A.A.; había violado la ley de quiebras argentina al convertirse en principal acreedor de la empresa que controlaba; desviado fondos públicos españoles por USD 300 millones, obteniendo una ganancia indebida de USD 114 millones luego de la quita concursal del 60%; y cometido fraude contable en A.A., en perjuicio de su patrimonio y lesionado los intereses de los accionista minoritarios Estado argentino y trabajadores, al registrar en los balances de A.A. créditos contra la compañía inexistentes, porque ya habían sido saneados con dinero de la SEPI/Estado español.
Tanto la Documentación de Contrato de Compraventa de A.A., más la apócrifa -así fue denominada por APTA- del Convenio de Aportes Irrevocables y del acuerdo entre los dueños de Marsans del 03/12/05, junto con las sendas cartas mencionadas, fueron entregadas en mano al Jefe de la Custodia de la Vpta. (Sr. Sergio según su única referencia dada), quien aseguró y juró a los tres miembros de APTA. que todo lo que él recibía sería entregado en mano a la Vpta. y Sebastián.
Con lo cual, a menos que ambos funcionarios españoles nieguen haber recibido de parte de Sergio los documentos y carta mencionados; y/o Sergio niege tal recepción de documentación de parte de APTA., la Vpta y Sebastián estaban en pleno vonociemiento de los delitos cometidos entre Marsans y funcionarios del Estado español pertenecientes a la SEPI; y como funcionarios públicos ellos mismos altamente encumbrados, denunciarlos y ordenar su correspondiente investigación. Caso contrario los encubrieron y cometieron prevaricato. Este suceso narrado, del cual están dispuestos dar fé testimonial donde fuere los tres integrantes de APTA, entre los que me encuentro, amerita al menos, que el abogado Caro Moya llame a la Vpta. y a Sebastián para interrogarlos en el proceso del Juzgado N:35 de Madrid, sobre lo dispuesto por ellos al tomar conocimiento de los delitos denunciados por APTA en Buenos Aires en Agosto del 2005, que se cometieron en España por empresarios y funcionarios españoles.
SERÍA JUSTICIA.
Atte.Consejo Directivo de APTA