A UN AÑO DE LA EXPLOSION DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE RIO CUARTO

RECLAMAMOS
· Investigación, juicio y castigo a los responsables del crimen de Río Cuarto
· Inmediata inversión presupuestaria para todas las obras necesarias en las Universidades Nacionales
· Inmediata apertura de las paritarias sobre Higiene y Seguridad Laboral

El día 5 de diciembre de 2007 en la Universidad Nacional de Río Cuarto se produjo la explosión y posterior incendio de 13 tambores de hexano (solvente de altísima inflamabilidad) almacenados en una planta/laboratorio ubicada dentro del campus universitario, lindante a una guardería infantil y debajo de aulas y oficinas. El siniestro provocó la muerte de 5 investigadores y de un estudiante auxiliar de investigación.

La desidia de las autoridades es mayúscula. Al día de hoy, los Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Educación, Ciencia y Tecnología y el de Infraestructura no se han pronunciado frente al crimen de Río Cuarto. Son ellos en realidad los principales responsables de esta situación, por cuanto son los ejecutores del ahogo presupuestario y de la falta de contralor conforme a la legislación vigente en la materia, además de la carencia de las obras pertinentes para revertir estas miserables condiciones de trabajo.

Por otro lado, la búsqueda de fondos propios (frecuentemente para uso exclusivo y discrecional de las autoridades de turno y/o de emprendimientos particulares dentro de la universidad pública) es una consecuencia de la creciente subordinación a los intereses privados de las Universidades en general, y de la Investigación en particular. La tragedia en la UNRC es otra manifestación brutal del desfinanciamiento impuesto desde el Gobierno Nacional, y de la Universidad mercantilizada sometida a los fondos privados y a la voracidad empresaria, políticas que se ejecutan con la complacencia de los funcionarios universitarios. Las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quienes hoy intentan culpabilizar a las víctimas, son co-responsables del crimen.

Ya antes de la explosión la CONADU HISTÓRICA había denunciado el alto grado de precariedad salarial y laboral y el innecesario riesgo al que se encuentran expuestos cotidianamente los/as trabajadores docentes y no docentes, autoridades y las miles de personas que transitan por los edificios educativos y había reclamado el inmediato presupuesto para obras y políticas preventivas y de contralor en higiene y seguridad laboral.

Frente a la explosión, advertimos nuevamente que si no se tomaban medidas de manera inmediata por parte de los máximos responsables a nivel nacional, hechos de esta naturaleza se irían sucediendo en todo el sistema, colocando a la ciencia y la educación públicas en una situación de irreversible colapso. Y por eso mismo exigimos al Gobierno Nacional (Ministerios y SPU):
a) que se declare la emergencia laboral en el ámbito de las Universidades Nacionales;
b) que se realice la más completa investigación de lo sucedido a efectos de establecer responsabilidades y el correspondiente castigo;
c) que de inmediato se realice un relevamiento de las condiciones de Seguridad e Higiene en todas las Universidades del país, con estricta aplicación de las normas vigentes y que de inmediato se asignen los fondos para garantizar la seguridad laboral; y,
d) que se formen en cada lugar de trabajo Comisiones de Seguridad e Higiene con representantes gremiales docentes.

La brutalidad del hecho, el paro general en la Universidad de Río Cuarto y en las Universidades cuyas asociaciones se nuclean en CONADU HISTÓRICA, provocaron que el CIN convocara a reuniones nacionales de Higiene y Seguridad Laboral. Sin embargo, dichas reuniones no pasaron de ser simplemente un pedido de informes a los rectores. Dicho de otro modo, no avanzaron en ninguna solución.

¿Qué se hizo en forma preventiva desde la explosión en la Universidad de Río Cuarto hasta ahora?

El pasado 30 de octubre la II Jornada Nacional sobre Salud y Seguridad en el Trabajo en los ámbitos de la Educación Superior, organizada por el CIN, en la Facultad de Derecho de la UBA. A modo de síntesis, los representantes de la Federación indicaron que si se realizara una inspección somera (no exhaustiva) de los edificios de las Universidades Nacionales, por distintos motivos todos quedarían clausurados. Evidentemente, nada fue modificado (pese a los grandilocuentes discursos y la designación de profesionales en el área) y continuaron produciéndose accidentes lamentables (y evitables) de variable envergadura. (Como ejemplo sirve señalar que en el hall del lugar donde se realizaron las jornadas - Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA - faltaba la manguera de la boca de incendio y 2 de los 5 matafuegos que se encontraban en las inmediaciones, estaban vencidos. )

Las autoridades universitarias, el CIN y el Ministerio de Educación no asumen que nos encontramos frente a una crisis en lo que respecta a las condiciones de trabajo, y que es prioritario eliminar el enorme pasivo en seguridad en las Universidades Nacionales. Los edificios se encuentran en un estado de deterioro tal que supone un riesgo permanente para docentes, no docentes y estudiantes: hay ejemplos semanales en las Universidades Nacionales de principios de incendio, caídas de mampostería, goteras, instalaciones eléctricas y gas colapsadas y precarias (fuera de las normas de seguridad), falta de control de los elementos de seguridad, falta de seguridad frente al empleo de materiales tóxicos, etc.

Por otro lado, en general no están instrumentados los servicios de Medicina Laboral y de Higiene y Seguridad tal como lo indica la Ley. Ante la crisis edilicia, si no se soluciona el pasivo en seguridad, toda ampliación u obra suntuaria sólo incrementara dicho pasivo.

La AGD-UBA, como la CONADU HISTÓRICA, reclama la apertura de las paritarias para el tratamiento de los temas de Higiene, Seguridad y Salud laborales (que no hacen sólo a los laboratorios sino a toda la infraestructura de las Universidades Nacionales), el inmediato aumento de presupuesto para hacer frente a la crisis edilicia y la conformación de las comisiones por lugar de trabajo con la participación de representantes de los sindicatos.

AGD-UBA en Conadu Histórica