La
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de
Buenos Aires (CICOP-CTA) definió mantener el "estado de alerta y
movilización" y convocó a una jornada de lucha para el próximo 17 de
febrero en reclamo de un 40% de aumento salarial.
Desde el sindicato que lidera Fernando Corsiglia piden un aumento salarial no inferior al 40% con cláusula de actualización y el pase a planta de todos los trabajadores precarizados. Además reclaman la defensa de los derechos previsionales y la derogación del decreto que limita la aplicación de la ley 14.656.
Al mismo tiempo, la CICOP se manifestó en contra de los despidos en los municipios de la provincia, y exigieron negociaciones colectivas con inclusión plena de los profesionales del gremio y una partida presupuestaria de emergencia para el sector salud.
El sábado 30 se realizó el Congreso de Delegados en la sede central de la CTA-A. Pese al período vacacional, la concurrencia y cantidad de asambleas realizadas expresaron la representatividad del evento y reflejaron el estado de ánimo en los hospitales y centros de salud provinciales y municipales.
La preocupación por el ajuste en curso, las expresiones de la crisis sanitaria en casi la totalidad de las intervenciones, la necesidad de una recomposición del salario con el consenso en reclamar un 40 % de piso y la unánime exigencia de una inyección genuina de presupuesto para comenzar a responder a las demandas, fueron un común denominador en los mandatos seccionales.
Por amplia mayoría, se resolvió emitir una breve declaración sintetizando los debates y la posición del sindicato expresada en circulares previas, ratificar el programa de reclamos e iniciar un plan de lucha instalando las demandas mediante afiches y actividades de difusión, comenzando por una jornada de protesta para el 17 de febrero, bregando por una amplia coordinación gremial y pasando a cuarto intermedio el Congreso.
Declaración del Congreso de CICOP
"Los profesionales del equipo de salud manifestamos la preocupación que recorre hospitales y centros de salud, provinciales y municipales, por las políticas implementadas desde el Gobierno nacional y en nuestra provincia. Sin lugar a dudas, somos conscientes que la crisis sanitaria viene de la anterior gestión de gobierno; se debe resaltar que nuestro sindicato ha desplegado múltiples y sostenidos planes de lucha en defensa de nuestros derechos y la salud de la comunidad. Pero la situación en curso representa una profundización con elementos de calidad.
Un escenario muy diferente al que imaginaron quienes votaron pensando en un cambio positivo. Las sucesivas medidas emanadas del gobierno nacional – muchas apelando a decretos – son, a todas luces, para satisfacer exigencias de las corporaciones y los grupos concentrados de la economía. La presencia argentina en el foro de Davos y el TPP (ver declaración de FeSProSa), la devaluación, la supresión de retenciones y otras cargas tributarias, la persistencia de la inflación sin medida paliativa alguna, los presupuestos con partidas sociales a la baja, la oleada de despidos, las paritarias con topes y el fuerte tarifazo en curso, son algunas de las medidas que generan un verdadero ataque a los derechos de los trabajadores y los sectores más necesitados, justamente a quienes destinamos nuestra atención cotidiana en el sector salud.
En nuestra provincia, si bien no se ha planteado un nítido paquete de medidas y, en particular en salud, no se nos han presentado claros lineamientos de gestión, el panorama aparece también complicado. Los despidos predominantes en municipios, el cercenamiento a la nueva ley marco municipal, la postergación de paritarias, el endeudamiento récord, los planteos incipientes de impulsar vías de financiamiento alternativas que pudieran implicar alguna forma de arancelamiento cuando el presupuesto sanitario sigue en un bajísimo 6,36 %, la persistencia de expresiones múltiples de la crisis sanitaria (servicios cerrados, nombramientos trabados, falta de insumos, situaciones de violencia recurrentes, obras paralizadas, aparatología obsoleta, etc.), la posibilidad de retrocesos en el terreno de la salud mental, el abordaje en materia de violencia de género y de aborto no punible, entre otros, son datos que grafican un marco de grave crisis.
La criminalización de la protesta aparece asimismo como un catalizador para que avance el ajuste en curso. Las declaraciones de Lopérfido y otros funcionarios merecieron el rechazo de nuestro gremio, así como los sucesos represivos de Cresta Roja, La Plata y la detención de M. Sala.
Por todo ello, el Congreso ha reafirmado nuestro principio de defensa de la dignidad y derechos de los trabajadores en general y estatales en particular, la defensa de un sistema de salud público financiado desde rentas generales, el rechazo a toda medida que apunte a formas de arancelar la salud y estigmatizar a la población más necesitada, así como la necesidad de vertebrar un plan de lucha por el pliego de reclamos que sintetizamos a continuación:
Programa de reclamos
- Inmediata convocatoria a paritarias general (con inclusión formal de CICOP) y sectorial de la Ley 10.471.
- Aumento de salarios a partir de un 40 % de piso, con cláusula de actualización según costo de vida, retroactivo al 1/1/16, extensivo a los residentes y con aumento simultáneo del fondo y monto de los reemplazos de guardia. Anulación del impuesto al salario y universalización de las asignaciones familiares. Pago inmediato de la deuda con los reemplazantes.
- Designación de todos los profesionales pendientes. Reapertura de los servicios cerrados y cobertura de todas las vacantes. Determinación de los planteles necesarios. Ni un solo despido.
- Defensa de nuestros derechos previsionales. Correcta aplicación del decreto de desgaste.
- Cumplimiento de los acuerdos paritarios pendientes. Medidas por el desgaste laboral en las áreas de emergencia. Pleno cumplimiento del protocolo de abordaje de violencia en los establecimientos.
- Partida presupuestaria de emergencia para infraestructura, insumos y recursos humanos.
- Reincorporación de los despedidos en los municipios. Ni un solo despido más.
- Derogación del decreto que limita la aplicación de la ley 14656. Paritarias en los municipios con inclusión de la CICOP.
Plan de acción gremial
- Ratificar el estado de alerta y movilización.
- Iniciar un plan de lucha comenzando por una Jornada de Protesta el miércoles 17/2/16, cuya modalidad será determinada por el CDP, abierta a la coordinación con los demás gremios estatales. Proponer una medida de acción directa en las inminentes reuniones de la CTA-A provincial y nacional.
- Difundir en todos los establecimientos el afiche de CICOP, conjuntamente con medidas de difusión a los trabajadores y la población (volantes, mostración de imágenes de la crisis sanitaria, asambleas abiertas y actos, etc.). Intensificar el operativo de prensa.
- Relevamiento rápido de la situación de infraestructura edilicia, aparatología, insumos y recursos humanos de todas las seccionales, a los fines logísticos de reclamar al gobierno.
- Pasar el Congreso a cuarto intermedio. Será reconvocado por el CDP".
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