Distintas
organizaciones sociales, solicitan, advierten y exigen al Presidente
Mauricio Macri, que tome las medidas correspondientes en forma inmediata
para garantizar el respeto y el ejercicio concreto de las garantías
constitucionales y el estado de la
derecho en la provincia de Jujuy ante gravísimas operaciones
judiciales y policiales que incluyen detenidos sin las condiciones
legales del debido proceso, heridos de gravedad, conatos de allanamiento
y allanamientos con golpizas, amedrentamiento, persecuciones,
detenciones sin causa a compañeros, madres, embarazadas y menores de
edad, aparte de un impresionante festival
de pedidos de detención a los militantes de distintos espacios políticos y sociales.
A solo título de ejemplo denunciamos:
1).- El ilegal mantenimiento de la detención de la compañera Milagro Sala sin las condiciones y garantías del debido proceso.
2).- El
conato de fusilamiento de Jose Gomez, con un tiro en el
vientre de una escopeta de balas de goma, a
menos de 50 centímetros, por parte de un ocupa que había
usurpado su vivienda en el barrio Tupac Amaru y que después, se supo, se
trataba de un oficial de policía. El compañero Gomez, se recupera,
dolorosamente, después de dos delicadas
operaciones, en el hospital Pablo Soria de esta capital.
3).- El
brutal castigo a un sereno por parte de una patota que penetró en la
oscuridad en un galpón de la organización barrial Tupac Amaru, cuyas
características de movimiento eran similares a las de
un grupo de la brigada de investigaciones que posteriormente allanó
ilegalmente (con personal sin identificación y sin mostrar la orden
correspondiente) ese mismo lugar. Allí detuvieron, entre otros, a una
madre con varios hijos que tiene domicilio al lado de ese
mismo predio y que no tiene nada que ver con la organización. En tal
allanamiento, se destruyeron enseres y objetos de todo tipo, incluyendo bolsas de juguetes para niños carenciados que fueron desperdigadas por
todo el galpón.
4).-
La detención de más de 30 militantes, en distintas situaciones y
lugares, incluyendo mujeres, embarazadas y menores cuyos padres no
fueron avisados de la situación de sus hijos.
5).-
El seguimiento, amenaza, amedrentamiento público y privado, y sobre
todo en horas de la noche, a militantes de las organizaciones sociales
que han convertido a la provincia en un estado policial violatorio
de las mas elementales condiciones de seguridad personal y colectiva.
6).- La
instalación de un verdadero festival de pedidos de detenciones a
compañeros, por cualquier causa, por supuestas sospechas o denuncias sin
comprobación material jurídica, dirigidos todos, sin
excepción, a militantes de las organizaciones sociales, ante la
complicidad o el silencio de la justicia provincial que responde,
dócilmente, a las ordenes de Gerardo Morales.
Estos ejemplos son solamente algunos -de otros que iremos informando en detalle al pueblo argentino-, que ponen
de manifiesto una increíble cantidad de operaciones que efectúa
el gobierno de la provincia de Jujuy, impunemente con la colaboración de
un sector de los medios hegemónicos de comunicación, imponiendo un
estado de persecución, zozobra y amedrentamiento para un gran sector de
la población que parece no tener ningún tipo de garantías
constitucionales ni, menos aún, la protección del estado de derecho, al
igual que sucedía en las épocas más oscuras de la dictadura militar.
Hacemos directamente
responsable al gobierno provincial y nacional sobre la integridad
física, psicológica y espiritual de decenas de miles de personas que
viven en una situación impensable e inimaginable
para el país en el siglo XXI, con la creación de guetos étnicos y sociales prefabricados por los poderes institucionales.
Finalmente,
no olvidemos como dijo la Pastoral Social de la Iglesia Católica, que
las organizaciones sociales fueron quienes se hicieron cargo de la
supervivencia de grandes sectores de la población en el país, cuando el
propio gobierno y los grupos hegemónicos concentrados los abandonaron,
sobre todo en el caso de Jujuy.
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