Declaración
A menos de dos meses de su asunción como presidente, Macri viene descargando una batería de medidas antipopulares.
Los despidos en el Estado se aproximan a los 25.000. Además de las bajas en distintas dependencias nacionales, municipios y provincias de distinto color político cesantean trabajadores de a cientos e incluso de a miles, proceso facilitado por años de precariedad laboral gracias a la cual los empleados ven “no renovados” sus contratos. A eso se suman amenazas y concreciones de despidos en distintos rubros de la actividad privada.
Es que el gobierno dio luz verde a la profundización de un ajuste en toda la línea, que inauguró con la devaluación del 40% -y la consiguiente pérdida del poder adquisitivo del salario- y el tarifazo anunciado para luz y gas, medidas todas que, junto con la unificación del mercado cambiario y la quita de retenciones beneficia a los sectores monopólicos, principalmente los cerealeros, en detrimento de los trabajadores y el pueblo. Al mismo tiempo, ninguna de estas políticas aplacó la inflación, que sigue haciéndose sentir en los productos de consumo popular, mientras instalan la idea de techo salarial e incluso deslizan la posibilidad de postergar las paritarias.
El macrismo pretende también avanzar en las libertades democráticas, encarcelando a Milagro Sala bajo cargos estrictamente ligados a la protesta social. Si en los años anteriores hubo ley antiterrorista, más de 5.000 procesamientos y hasta condenas a luchadores, el nuevo gobierno da un paso al frente. En ese marco se busca reinstalar la “teoría de los dos demonios”, intentona que debe ser repudiada de plano y que sin dudas chocará de frente con la movilización popular del 24 de Marzo.
En el mismo paquete busca estrechar lazos con el capital financiero internacional, yendo a pedirle plata a los principales banqueros del mundo y acercándose a EEUU a través del Acuerdo Trans Pacífico (TPP, por su sigla en inglés), sin despreciar las inversiones chinas en infraestructura, cuyas obras licita entre allegados como su amigo Nicky Caputo o su primo Ángelo Calcaterra. El capitalismo dependiente y de amigos en versión PRO.
Macri ganó las presidenciales invocando el respeto por la República, pero nombre jueces y cambia leyes por decreto para pagar favores de campaña. Habló de “respetar las diferencias” y ahora avanza en la represión a los opositores. Planteó dejar atrás “la grieta” mientras sus funcionarios insultan la memoria de los desaparecidos. Es lo propio de un régimen político en donde las elecciones son una trampa en la que los candidatos mienten con descaro para ganar y luego estafar al pueblo.
En la oposición por arriba se destaca la obsecuencia, matizada con alguna crítica tibia. Los referentes del desplazado FPV brillan por su ausencia o buscan acomodarse a las nuevas condiciones, mientras la base militante del kirchnerismo se moviliza pero gira en falso pidiendo “que sesione el Congreso”, como si los debates parlamentarios no fueran a estar condicionados por el reparto de la caja y los favores. Por su parte, la dirigencia sindical va del silencio cómplice de la CGT Caló y la garantía de pasividad de Moyano, hasta críticas de diverso tenor de Yasky o Micheli que no son acompañadas de medidas a la altura de la situación.
Pero aun en estas dificultades, la lucha se abre camino. Los primeros despidos en el Estado no pasaron sin enfrentamientos, como los de La Plata o Coronel Suarez en Buenos Aires. Los empleados del CCK continúan movilizados, al igual que los despedidos del Grupo 23. En todo el país hay distintos planes de lucha de trabajadores públicos y privados, resaltando el de los petroleros de Chubut que amenaza con paralizar la producción del rubro. Las movilizaciones por la defensa de las libertades democráticas van en aumento y se acrecentarán en la medida en que el rumbo de ajuste ataque a sectores más amplios del pueblo.
Es que el gobierno PRO aplica su plan sobre una base de conflictividad presente en los últimos años, que va en dirección a empalmar con la nueva bronca que desencadena el ajuste. Ese es su talón de aquiles.
En este marco, los esfuerzos deben ir en transformar la actual pelea en un nuevo auge popular que derrote la política de ajuste y entrega del macrismo. Sin especular con tiempos parlamentarios ni mucho menos de recambio electoral, es la calle el escenario principal donde se plantea esta lucha. Sin esperar volantazos de las burocracias traidoras y claudicantes, deben ser los luchadores los que se pongan a la cabeza de esta tarea, desde la organización de cada demanda popular en cualquier frente hacia la construcción unitaria del combativismo, la izquierda y los que luchan, para llevar adelante las medidas de acción que derroten al ajuste de Macri y el PRO.
Los despidos en el Estado se aproximan a los 25.000. Además de las bajas en distintas dependencias nacionales, municipios y provincias de distinto color político cesantean trabajadores de a cientos e incluso de a miles, proceso facilitado por años de precariedad laboral gracias a la cual los empleados ven “no renovados” sus contratos. A eso se suman amenazas y concreciones de despidos en distintos rubros de la actividad privada.
Es que el gobierno dio luz verde a la profundización de un ajuste en toda la línea, que inauguró con la devaluación del 40% -y la consiguiente pérdida del poder adquisitivo del salario- y el tarifazo anunciado para luz y gas, medidas todas que, junto con la unificación del mercado cambiario y la quita de retenciones beneficia a los sectores monopólicos, principalmente los cerealeros, en detrimento de los trabajadores y el pueblo. Al mismo tiempo, ninguna de estas políticas aplacó la inflación, que sigue haciéndose sentir en los productos de consumo popular, mientras instalan la idea de techo salarial e incluso deslizan la posibilidad de postergar las paritarias.
El macrismo pretende también avanzar en las libertades democráticas, encarcelando a Milagro Sala bajo cargos estrictamente ligados a la protesta social. Si en los años anteriores hubo ley antiterrorista, más de 5.000 procesamientos y hasta condenas a luchadores, el nuevo gobierno da un paso al frente. En ese marco se busca reinstalar la “teoría de los dos demonios”, intentona que debe ser repudiada de plano y que sin dudas chocará de frente con la movilización popular del 24 de Marzo.
En el mismo paquete busca estrechar lazos con el capital financiero internacional, yendo a pedirle plata a los principales banqueros del mundo y acercándose a EEUU a través del Acuerdo Trans Pacífico (TPP, por su sigla en inglés), sin despreciar las inversiones chinas en infraestructura, cuyas obras licita entre allegados como su amigo Nicky Caputo o su primo Ángelo Calcaterra. El capitalismo dependiente y de amigos en versión PRO.
Macri ganó las presidenciales invocando el respeto por la República, pero nombre jueces y cambia leyes por decreto para pagar favores de campaña. Habló de “respetar las diferencias” y ahora avanza en la represión a los opositores. Planteó dejar atrás “la grieta” mientras sus funcionarios insultan la memoria de los desaparecidos. Es lo propio de un régimen político en donde las elecciones son una trampa en la que los candidatos mienten con descaro para ganar y luego estafar al pueblo.
En la oposición por arriba se destaca la obsecuencia, matizada con alguna crítica tibia. Los referentes del desplazado FPV brillan por su ausencia o buscan acomodarse a las nuevas condiciones, mientras la base militante del kirchnerismo se moviliza pero gira en falso pidiendo “que sesione el Congreso”, como si los debates parlamentarios no fueran a estar condicionados por el reparto de la caja y los favores. Por su parte, la dirigencia sindical va del silencio cómplice de la CGT Caló y la garantía de pasividad de Moyano, hasta críticas de diverso tenor de Yasky o Micheli que no son acompañadas de medidas a la altura de la situación.
Pero aun en estas dificultades, la lucha se abre camino. Los primeros despidos en el Estado no pasaron sin enfrentamientos, como los de La Plata o Coronel Suarez en Buenos Aires. Los empleados del CCK continúan movilizados, al igual que los despedidos del Grupo 23. En todo el país hay distintos planes de lucha de trabajadores públicos y privados, resaltando el de los petroleros de Chubut que amenaza con paralizar la producción del rubro. Las movilizaciones por la defensa de las libertades democráticas van en aumento y se acrecentarán en la medida en que el rumbo de ajuste ataque a sectores más amplios del pueblo.
Es que el gobierno PRO aplica su plan sobre una base de conflictividad presente en los últimos años, que va en dirección a empalmar con la nueva bronca que desencadena el ajuste. Ese es su talón de aquiles.
En este marco, los esfuerzos deben ir en transformar la actual pelea en un nuevo auge popular que derrote la política de ajuste y entrega del macrismo. Sin especular con tiempos parlamentarios ni mucho menos de recambio electoral, es la calle el escenario principal donde se plantea esta lucha. Sin esperar volantazos de las burocracias traidoras y claudicantes, deben ser los luchadores los que se pongan a la cabeza de esta tarea, desde la organización de cada demanda popular en cualquier frente hacia la construcción unitaria del combativismo, la izquierda y los que luchan, para llevar adelante las medidas de acción que derroten al ajuste de Macri y el PRO.
PRML, 1°/2/16
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