Los diputados del Partido Obrero no asistirán a la apertura de la asamblea legislativa
El primero de marzo, Macri
abrirá las sesiones de un Congreso que él mismo ha atropellado para
gobernar por decreto a cuenta de los buitres, del capital financiero,
los grupos mineros y exportadores, en función del formidable ajuste
contra la clase obrera y el conjunto del pueblo trabajador que ellos
exigen.
Macri llega al Congreso
para levantar la ley cerrojo y de pago soberano exigida por Griesa, y
abrir la puerta a un reendeudamiento que agravará exponencialmente la
hipoteca de la deuda usuraria. Después de una devaluación del 50%, de un
tarifazo a favor de las privatizadas que vaciaron y desinvirtieron en
los últimos 20 años, con más de 20.000 despidos en el Estado y una cifra
superior por parte de las patronales, con una inflación galopante que
devora salarios y jubilaciones; después del fiasco de un decreto de
supuesta “reducción” del impuesto al salario que termina engrosando la
lista de trabajadores que pagarán esta confiscación; después de redoblar
el rescate estatal a los pulpos mineros, petroleros y sojeros, Macri
llega al Congreso.
Llega para completar la
Corte Suprema con dos jueces caracterizados por una hostilidad de fondo a
las conquistas históricas de los trabajadores y los derechos
democráticos.
Llega enfrentando a la
docencia en su paritaria y, de conjunto, intentando trasladar el fardo
de la crisis a los salarios de la clase obrera y las jubilaciones. Y
pretendiendo disciplinar a los trabajadores y al pueblo movilizado por
la luz, por las viviendas, por el trabajo o el salario, con un protocolo
de seguridad que corresponde a un Estado policíal, confiriendo a la
policía, la gendarmería del gatillo fácil y el Proyecto X, las
herramientas para la represión, el espionaje y la criminalización.
Después de haber diseñado
esta orientación reaccionaria por medio de decretazos, Macri se dispone a
convalidarla en el Congreso con el acuerdo de los bloques del PJ, del
Frente para la Victoria y la fundida centroizquierda. A cambio de este
apoyo, los gobernadores quieren la venia del Estado nacional para
hipotecar aún más a sus provincias. Veinte gobernadores ya adhieren al
nefasto “protocolo” y Alicia Kirchner lo puso en práctica en los hechos,
al reprimir a los estatales como antes Vidal lo hizo con los obreros de
Cresta Roja. Detrás de sus choques, macristas y kirchneristas comparten
el propósito de fondo de rescatar al capital financiero a costa de las
masas populares.
Los llamados diputados
sindicales reflejan el seguidismo al gobierno de una burocracia sindical
que ya debió convocar un paro nacional por ganancias y contra los
despidos, pero que también es tributaria del interés general de los
capitalistas en la salida ajustadora. Son los mariscales de las derrotas
del movimiento obrero.
Ante esta situación el
Partido Obrero ha resuelto que sus diputados, que conforman el bloque
del Frente de Izquierda, no concurran a la Sesión Inaugural del año
legislativo como una forma de repudiar la política de entrega al gran
capital, de ataque a los derechos de los trabajadores y de atropello a
las libertades democráticas que lleva adelante el gobierno con la
complicidad del propio Congreso. La misma conducta asumirán los
legisladores provinciales del Partido Obrero, cuya no concurrencia a las
sesiones de apertura de las legislaturas locales deberá ser
interpretada como un repudio al pacto de los gobernadores con Macri para
descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
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