AL PROTOCOLO ANTIPIQUETES ANUNCIADO POR BULLRICH SE LO FRENA EN LA CALLE
A
dos meses de asumir, y buscando aprovechar el poco crédito
post-electoral que todavía le queda, el gobierno nacional, a través de
su Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, anunció la firma de un
“Protocolo Antipiquetes”, como un intento por unificar nacionalmente la
política represiva hacia las protestas callejeras.
El
texto, acordado en principio con los gobernadores y las fuerzas de
seguridad -federales y provinciales- en el marco del Consejo de
Seguridad Interior, avanza sobre derechos consagrados en la Constitución
Nacional y profundiza la criminalización de la protesta, pisoteando el
derecho elemental a manifestarse libremente.
Lo
que desvela al macrismo, y motiva esta intentona grotesca por amordazar
al pueblo, es la conflictividad social vigente en los últimos años, a
la que se suma el efecto previsible de las políticas que ha empezado a
implementar en los primeros meses de gobierno. En medio de una inflación
galopante que devora los ingresos populares, los efectos devastadores
de la devaluación sobre el salario, y con la intención manifiesta de
encorsetar las paritarias, mientras arrecian los despidos, las
suspensiones y los tarifazos, es ingenuo pensar que podrían aplicar este
ajuste sin necesidad de acudir a la represión.
Mucho
menos desde el pronunciamiento popular que, en diciembre de 2001,
desalojó al gobierno del poder, le marcó la cancha a la dirigencia
política y potenció su conciencia y capacidad de organización y
movilización callejera. Desde aquel momento a la fecha, para la gran
burguesía en el poder, el bien político más preciado y más esquivo es la
llamada “gobernabilidad”. La posibilidad de gobernar sin los
sobresaltos que implica el pueblo desafiante en las calles. A garantizar
este bien se orienta el protocolo, del mismo modo que durante los años
del kirchnerismo en el poder lo fueron el “Proyecto X”, las Leyes
Antiterroristas, y los intentos frustrados por sancionar una “Ley
Antipiquetes” que impulsó infructuosamente CFK en sus últimos años en el
gobierno. La pronta llegada de Obama al país actúa también como
acelerador de esta iniciativa en tren de demostrar capacidad de control
sobre el movimiento popular.
Además
de una gran cantidad de organizaciones políticas, sociales, de DDHH, que
hemos manifestado nuestro absoluto repudio, hay al menos cinco
provincias que ya han empezado a tomar distancia de este engendro
represivo, agrietando así el frente nacional que el gobierno intentó
demostrar en su anuncio. Sin embargo, tal como nos enseña la experiencia
histórica, será la unidad y la firmeza del pueblo trabajador con sus
organizaciones en las calles el que dará un veredicto final sobre este
protocolo. Derrotar el intento represivo del gobierno es parte de la
lucha general por quebrar el ajuste y, tal como el macrismo advierte, la
herramienta fundamental para ganar la batalla es el control de las
calles.
PRML, 21 de febrero de 2016
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