MARCHA A UN AÑO DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA

Al llegar la columna de manifestantes a plaza de mayo, luego de su partida desde el Congreso de la Nación, los miles de manifestantes presentes, escucharon la lectura del documento unitario, redactado por las distintas organizaciones convocantes; el mismo dice textualmente:


A un año de del asesinato de Mariano Ferreyra, juicio y castigo a TODOS los culpables

Hoy 20, de octubre, se cumple un año del asesinato de Mariano Ferreyra y de las gravísimas heridas recibidas por Elsa Rodríguez y otros militantes.

En un país donde la mayoría de los crímenes contra el pueblo quedan impunes, la inmensa movilización popular logró encarcelar a José Pedraza y a la patota que, bajo sus órdenes, perpetró el asesinato.

Esa gesta popular colocó, a veinticuatro horas del crimen, a más de 60.000 personas en las calles de la Capital, junto a las marchas, paros y cortes que se llevaron adelante en todo el país, con un reclamo unánime: juicio y castigo a TODOS los culpables.

Otras acciones posteriores, como el festival multitudinario que trajo a Calle 13 a la Argentina, lo refrendaron después. Ese es el mismo reclamo que traemos hoy, 20 de octubre, a esta plaza.

Lo que hemos logrado por Mariano sólo puede ser un aliciente para llegar hasta el final en la cadena de responsabilidades por este crimen político, y para impulsar una batalla a fondo contra la criminalización de la protesta social y las patotas. Por todo esto, nos hemos convocado a esta Plaza en este día 20.

El crimen de la tercerización laboral

La lucha por Mariano sacó a la luz el infame negociado de las tercerizaciones en el ferrocarril, por el cual miles de trabajadores perciben un salario inferior al que les corresponde por la misma tarea que realizan los compañeros bajo convenio.

En el caso del ferrocarril, quienes lucraban con esta precarización eran los jefes de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, propietarios de varias de las cooperativas truchas que empleaban trabajadores en condiciones indignas.

Los ferroviarios tercerizados y quienes los acompañaban se pusieron de pie contra ese negociado. La burocracia sindical lo defendió a sangre y fuego: el crimen de Mariano pretendió ser un castigo ejemplar contra los tercerizados que luchaban por pasar al convenio y quienes los apoyaban.

Contra lo que pretendieron afirmar –y siguieron afirmando- voceros oficiales, como el Ministro Tomada, en el crimen de Mariano no hubo “enfrentamiento” alguno: los tercerizados y los militantes que los apoyaban fueron emboscados por la patota de Pedraza cuando ya se retiraban de la zona de las estaciones ferroviarias.

Incluso después del crimen de Mariano, el gobierno y las privatizadas rechazaron una y otra vez la incorporación de los tercerizados a la planta. Las sucesivas medidas de lucha de los ferroviarios fueron objeto de ataques políticos e incluso represivos contra el movimiento de lucha de los tercerizados y las fuerzas que los apoyaban.

Mientras tanto, Pedraza y los suyos intentaban zafar de su responsabilidad criminal. Pero la acción obrera y la tenaz movilización popular desbarató uno y otro intento: miles de tercerizados tuvieron que ser incorporados a la planta, y Pedraza fue a la cárcel.

Si hoy, en esta plaza, reivindicamos estas conquistas, es para decir: queremos el juicio y castigo a TODOS los culpables. Queremos el desprocesamiento de los luchadores y el fin de las patotas.

No a la impunidad

Estamos a pocos meses del inicio del juicio oral a Pedraza y su patota. Las tentativas de impunidad no sólo se despliegan en su favor, sino también de los cómplices y participes necesarios en este crimen contra la clase obrera.

Ello se expresa en las tres causas que se encuentran abiertas: la causa contra la patota; contra la policía y por el intento de coimas a la cámara de Casación.

En la causa principal, la patota de la Unión Ferroviaria, y sus jefes, José Pedraza y el “Gallego” Fernández, tienen su procesamiento confirmado por homicidio calificado contra Mariano, y en tentativa contra los compañeros Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

En esa causa, la valoración del plan criminal que aquí denunciamos sólo puede dar lugar a una condena: prisión perpetua para sus organizadores y ejecutores del plan criminal. Pero denunciamos también la tentativa de exonerar a las otras partes necesarias del crimen: los privatizadores de la UGOFE y el aparato represivo del Estado.

A pesar de haber otorgado licencias laborales en favor de muchos de los que luego integraron el grupo de choque contra los tercerizados, los directivos de UGOFE no han sido imputados. A lo sumo, fueron convocados como testigos, es decir, como simples espectadores.

Al mismo tiempo, la investigación sobre la conducta de la Policía fue separada de la causa principal. En ese expediente paralelo, jueces y fiscales apenas admiten para los comisarios, subcomisarios y oficiales un “abandono de persona”, esto es, una mera negligencia, y no lo que ocurrió: su participación necesaria en un escenario criminal donde la “liberación de la zona” fue premetidada, facilitó la acción de la patota y su posterior huída.

En la causa contra los comisarios, subcomisarios y oficiales de la federal, varios de sus abogados defensores fueron colocados por el propio ministerio de Seguridad, través de su Dirección de Asuntos Jurídicos.

Nos referimos al ministerio encabezado por Nilda Garré, quien debutó en sus funciones deteniendo e impulsando el procesamiento a los luchadores ferroviarios y a los militantes y organizaciones que los apoyaban.

Por último, y en la causa por las coimas que intentaron los defensores de la Unión Ferroviaria sobre los jueces de la cámara de Casación, se revela todo el poderío económico que siguen desplegando los asesinos, a partir del lugar que continúan ocupando en el ferrocarril privatizado.

No es un dato menor que las coimas millonarias –según lo revelan las escuchas judiciales- provinieran de la caja del Belgrano Cargas, que Pedraza aún cogerencia.

Pero lo mismo ocurre con la Sociedad de Operaciones Ferroviarias y la Administración de Inversiones del ferrocarril, entes oficiales que manejan poderosos recursos y que están encabezados por personeros directos de Pedraza.

Lo mismo ocurre con la subsecretaría de transporte, al frente de la cual continúa Antonio Luna, hombre de La Fraternidad, cuya comisión directiva encubre al número 4 del gremio, Julio Sosa, acusado de pertenecer a los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea entre 1974 y 1980.

La permanencia de los hombres de Pedraza en el ferrocarril es sólo un aspecto de la protección del poder político sobre la burocracia sindical. Esa protección se expresa, todos los días, en la impunidad con que actúan sus patotas, y en la propia persecución estatal y judicial sobre los luchadores, avalada desde el gobierno.

A su turno, la sociedad entre esa burocracia, los privatizadores y el Estado continúa el vaciamiento de un sistema ferroviario en ruinas, que todo el tiempo se cobra víctimas fatales.

Después de Mariano Ferreyra

Después del crimen de Mariano, se produjeron gravísimos hechos contra los luchadores populares, a la escala de todo el país. Sólo un mes después, tres dirigentes de la comunidad qom fueron asesinados en La Primavera, en Formosa, por parte de las fuerzas policiales al mando del gobernador kirchnerista Gildo Insfrán.

Al poco tiempo, en la Capital, otros tres compañeros en reclamo de vivienda eran asesinados en el Parque Indoamericano, en medio de la represión que comandaron la Federal de Aníbal Fernandez y la metropolitana de Mauricio Macri.

También se produjo la sospechosa muerte del dirigente campesino chaqueño Mártires López, aún no esclarecida. En el mes de Julio, la lucha por la tierra se cobró la vida de varios compañeros en Libertador (Jujuy), donde la policía de otro gobernador oficial actuó en defensa del monopolio explotador de los Blaquier.

La acción represiva no ha cesado tampoco sobre los luchadores obreros que desafían a las patronales y a las burocracias, como los compañeros petroleros de Santa Cruz o el compañero Olivera, del SITRAIC. Mientras Olivera está preso, se ha revelado que otro burócrata sindical, Gerardo Martínez, fue integrante del batallón 601 de inteligencia bajo la dictadura.

Hoy, existen miles de compañeros procesados, perseguidos o con amenazas de desafuero en todo el país, entre los que se cuentan delegados obreros de base, estudiantiles, dirigentes políticos y de derechos humanos. Desde esta tribuna, reclamamos la libertad de Oñate y Olivera, y el desprocesamiento de todos los luchadores obreros y populares.

Pero tampoco ha cesado la acción de las patotas y la criminalización de los luchadores. Lo han vivido los delegados de la línea 60, y los reiterados ataques contra ellos y sus familias por parte del mismo triángulo represivo que llevó adelante el crimen de Mariano: la burocracia sindical, la patronal y el estado, en este caso, con su pasividad cómplice.

Venimos a esta marcha después de haber derrotado, también con la movilización, otra enorme provocación contra los ferroviarios que luchan. En este caso, contra Rubén “Pollo” Sobrero, virtualmente secuestrado e incomunicado durante setenta y dos horas, en un operativo fraudulento de la justicia y los aparatos de inteligencia que tuvo como instigador y vocero al Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Aníbal Fernández.

No es casual que la provocación contra Sobrero se produzca en las vísperas del aniversario de Mariano. Después del encarcelamiento de Pedraza, el régimen político y social que lo sigue protegiendo necesita colocar en el banquillo de los acusado a los luchadores ferroviarios.

Es una nueva tentativa de encubrir el crimen de Mariano, con los mismos argumentos que usaron desde el primer día: presentar a los hechos de Barracas como un “enfrentamiento”, igualar a las víctimas y a los victimarios.

Rechazamos esta nueva tentativa de impunidad, y señalamos: basta de persecución a los luchadores ferroviarios! Que vayan al banquillo los que deben estar allí: las patotas, los privatizadores, los represores y sus encubridores y jefes políticos.

Culminamos este acto señalando: que el de Mariano Ferreyra fue un crimen político. Porque involucró al estado, a las burocracias sindicales que le sirven, a sus aparatos de represión y a los capitalistas que usufructúan el ferrocarril privatizado. Pero también porque terminó con la vida de un militante revolucionario.

Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero, organizador de la Federación Universitaria de Buenos Aires en el CBC de Avellaneda, palpitaba todas y cada una de las luchas obreras de su zona.

Pero también fue un apasionado del teatro, del cine, de la música, de la amistad y la juventud militante, que es la que lucha por una sociedad sin explotadores ni explotados.

Mariano forma parte de una generación obrera y juvenil que hoy, en las fábricas, colegios y facultades, se pone de pie para dotar a los sindicatos, federaciones estudiantiles, organizaciones barriales de una nueva dirección para sus luchas.

Por todos ellos, por Mariano, por Elsa, por todos los luchadores criminalizados o perseguidos, desde esta plaza decimos:

1-Juicio, condena y prisión perpetua a Pedraza y a toda la patota que asesinó a Mariano Ferreyra e hirió a Elsa y a los otros compañeros.

2.-Juicio y castigo a los policías, responsables políticos y empresariales cómplices del crimen. Que los policías sean juzgados por lo que les cabe, partícipes necesarios de un homicidio.

4.-Juicio y castigo a los responsables de los crímenes contra todos los militantes populares asesinados desde entonces, los compañeros Qom, los del Parque Indoamericano, los de Jujuy.

5. -Basta de persecución a Sobrero, a los ferroviarios procesados, a los compañeros de la línea 60 y a todos los luchadores obreros populares. Basta de patotas sindicales. Libertad a Oñate, a Olivera, a Germano y a todos los presos políticos y luchadores sociales.

6.-Fuera los agentes de Pedraza y los privatizadores del Ferrocarril. Por su renacionalización, bajo gestión de los trabajadores.