PRML: ACUERDO CON LOS BONISTAS- NADA PARA FESTEJAR

Después de la quinta oferta del gobierno argentino a los bonistas bajo ley extranjera, se llegó a un acuerdo cuyos detalles técnicos se irán conociendo en las próximas horas. Así, una nueva entrega del patrimonio nacional se ha consumado.

Lo acordado tiene un recorrido que anticipaba el resultado. La primera oferta fue el 17 de abril, y estaba en torno a los U$S 39 (cuando la cotización en el mercado era de U$S 30) por cada U$S 100 en manos de los acreedores caídos en “default virtual”. La oferta fue acompañada por una definición gubernamental que se repetiría en cada nuevo intento: “este es el máximo esfuerzo que podemos hacer sin poner en riesgo la sustentabilidad de la economía nacional”. Los fondos contestaron con el bolsillo: “aspiramos a 60 dólares por cada 100”. 

A partir de allí, durante más de tres meses, se sucedieron otras cuatro ofertas oficiales que fueron acercando la cifra a lo que los grandes fondos de inversión pretendían. Ya en los últimos capítulos los representantes más duros se plantaron en la cifra de 55 dólares y el gobierno fue cediendo peso por peso hasta llegar al acuerdo: U$S 54,8 por cada 100 del valor final de los bonos. Previo a este último ofrecimiento, el ministro Guzmán había sostenido públicamente que era imposible ceder más porque el 50% de la población argentina estaba viviendo en la pobreza. Solo fue el prólogo de una nueva entrega. La prioridad entre pobreza y deuda está claramente en la deuda.

La diferencia entre los U$S 39  iniciales y los 54,8 finales implican un monto que oscila entre los 15 y los 20.000 millones de dólares a pagar a los bonistas bajo jurisdicción extranjera. Ese es el desastre que el gobierno pretende disfrazar de heroica negociación. Se apoyan para esto en el presunto “ahorro” de unos 30.000 millones en términos de intereses. Este número no solo se relativiza cotejándolo con los números anteriores, sino que tal “ahorro” no es más que una futura ofrenda para los acreedores que siguen en la fila: el FMI.

Junto con esto, la cláusula que establece el piso mínimo de bonistas necesarios para iniciar una demanda en tribunales extranjeros expresa una nueva cesión de soberanía. Al comienzo de las negociaciones el gobierno había planteado que este piso debía ser del 33%, tal como los bonos emitidos bajo el macrismo. Los bonistas, con BlackRock a la cabeza, reclamaron que éste fuera solo del 15%. Nuevamente cedió el gobierno y se impuso el porcentaje deseado por los acreedores. Así es más fácil comprender por qué el resultado de la negociación le valió al ministro las felicitaciones de funcionarios macristas como “Toto” Caputo.

Aquí no hay solo un problema de impericia para la negociación. El problema más grave que lo precede es la decisión política de asumir la deuda como legítima sin la menor investigación sobre su origen y composición. Se negoció a libro cerrado, validando todo lo actuado por el macrismo y haciendo caso omiso a los reclamos de suspender todo pago hasta auditar la deuda. Esto sienta el peor precedente de cara a las negociaciones que vienen con el FMI, y confirma la voluntad política del gobierno de poner el pago de la deuda ilegítima por delante de cualquier necesidad popular. 

En castellano, esto significa un nuevo ciclo de ajuste sobre el pueblo, más pobreza, más desocupación, más recortes presupuestarios a la salud y la educación, más miseria para el pueblo trabajador. Esas consecuencias ya se están viviendo, y ya están siendo enfrentadas con algunas experiencias que hacen punta, como los municipales cordobeses, los choferes de colectivos o los obreros de Tenaris, a las que se suman las protestas de los llamados “esenciales” y del movimiento de desocupados. Este es el elemento principal que ordene el necesario reagrupamiento obrero y popular en torno a la lucha contra el pago de la deuda y sus efectos devastadores sobre las mayorías.

PRML – 4/08/20

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